
El juez Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ha decretado severas medidas cautelares para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado mientras se tramita la causa, según informa el auto al que ha tenido acceso Infobae.
En esa resolución, el magistrado fundamenta las restricciones en la existencia de un riesgo de fuga y plantea incluso que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que integran la escolta de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían llegar a intervenir en una eventual huida. En concreto, sostiene que podrían colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar” una “fuga” de la acusada.
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El juez responde así a la tesis de la defensa, que alegaba que la condición de esposa del jefe del Ejecutivo implica que Gómez se encuentre en todo momento “acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad del Estado”, lo que reduciría el riesgo de evasión.

Sin embargo, Peinado rechaza ese argumento y advierte de que esa circunstancia no elimina la posibilidad de fuga. En el auto señala: “Pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
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El magistrado añade además que resulta “especialmente trascendente” que la protección actual esté ligada al cargo de presidente del Gobierno que ostenta el marido de la investigada. En este sentido, subraya que dicha condición es “efímero, y por tanto transitorio”, por lo que esa protección o acompañamiento de los agentes de seguridad del Estado desaparecería en el futuro, circunstancia que, a su juicio, podría “facilitar, aún más, esa hipotética fuga”.
Se le atribuyen cuatro delitos
En el mismo procedimiento, el juez ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos. En concreto, la investigación le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, en el marco de la causa vinculada a la actividad de la denominada Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
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Según la instrucción, los hechos estarían relacionados con la promoción del proyecto académico tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, así como con el uso de su posición institucional y contactos para la obtención de apoyos privados. Además, se analiza el presunto uso de recursos universitarios y la gestión de herramientas digitales desarrolladas en el entorno de la cátedra, cuya titularidad habría sido posteriormente objeto de controversia.
El juez Peinado también extiende el procedimiento a otros investigados, entre ellos Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa, a quien se atribuyen responsabilidades relacionadas con la gestión y utilización de recursos vinculados al proyecto.
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