La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

La Policía Nacional ha respondido al juez Juan Carlos Peinado después de que este dejara abierta en su último auto la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta de Begoña Gómez pudieran colaborar en una eventual fuga de la mujer del presidente del Gobierno. El cuerpo considera que esas afirmaciones carecen de base y ha salido en defensa de la profesionalidad de sus funcionarios, rechazando de plano cualquier sospecha sobre su actuación.

El choque institucional se produce apenas veinticuatro horas después de que el magistrado acordara la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. En esa misma resolución, además, impuso medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

Sin embargo, no han sido esas medidas las que han provocado la reacción de la Policía Nacional, sino uno de los razonamientos empleados por Peinado para justificarlas.

En el auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y argumenta que ni siquiera la presencia de escoltas policiales elimina esa posibilidad. Más aún, llega a señalar que los propios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la protección de Gómez podrían, llegado el caso, facilitar una huida. Según escribe el magistrado, esos funcionarios podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborando en acciones destinadas a impedir que la acusada permanezca a disposición de la Justicia. Es precisamente ese párrafo el que ha encendido todas las alarmas dentro de la Policía.

La Policía rechaza quedar “bajo sospecha”

La respuesta llegó este domingo mediante un comunicado oficial de la Dirección General de la Policía Nacional. El texto no menciona expresamente al juez, pero sí cuestiona de forma directa el contenido de sus afirmaciones. El cuerpo considera “injustificada” cualquier argumentación que sitúe bajo sospecha a los agentes y rechaza que pueda insinuarse que estos estarían dispuestos a colaborar en la elusión de la acción de la Justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares adoptadas por los tribunales.

La Policía recuerda además que sus funcionarios actúan bajo los principios de neutralidad política, imparcialidad y pleno sometimiento a la ley. Sobre esa base, subraya que ningún agente puede cumplir órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico, una puntualización con la que responde directamente a la hipótesis planteada por el instructor acerca de una eventual actuación siguiendo instrucciones superiores.

El comunicado va más allá y reivindica la trayectoria profesional del cuerpo. La institución sostiene que su honorabilidad se apoya en décadas de servicio público y en la confianza depositada por los ciudadanos, por lo que considera necesario defender “el honor, la integridad y el prestigio” de sus miembros frente a cualquier insinuación que ponga en duda esos principios.

Pese al tono firme empleado en la respuesta, la Policía introduce también un mensaje dirigido a evitar una confrontación abierta con el Poder Judicial. El texto deja claro que esta defensa de los agentes es compatible con el respeto institucional a la independencia de los jueces y a las resoluciones que estos dicten.

Interior eleva la presión

La controversia no tardó en trasladarse al plano político. Horas después de conocerse el contenido del auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió intervenir personalmente y remitió un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

En esa comunicación, el titular de Interior expresa su “más enérgica queja” por unas afirmaciones que considera especialmente graves. A su juicio, las palabras incluidas por Peinado suponen un cuestionamiento directo de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y proyectan una imagen de desconfianza sobre unos funcionarios cuya labor consiste precisamente en garantizar el cumplimiento de la legalidad.