El contrato fijo no garantiza un año de trabajo: la reforma laboral dispara el empleo indefinido entre los jóvenes, pero reduce su duración

La reforma laboral de 2021 se marcó como objetivo prioritario la impulsar la estabilidad del empleo a través de la reducción de la temporalidad, pero algunos expertos dudan de la eficacia de las herramientas utilizadas para garantizar puestos de trabajo de mejor calidad para las nuevas generaciones en su entrada al mercado laboral. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado en junio de 2026 revela que la reforma transformó el tipo de contrato con el que los jóvenes acceden al empleo, pero no logró una mejora equivalente en su estabilidad real: los contratos indefinidos ordinarios firmados tras la reforma duran, en promedio, unos 100 días menos que los suscritos antes de su entrada en vigor. Además, el ‘think tank’ señala que 4 de cada diez contratos de este tipo no supera el año de duración.

El informe analiza los registros administrativos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social para una muestra de 177.541 jóvenes que accedieron al mercado laboral entre 2014 y 2023. Es el primer análisis exhaustivo con datos individuales sobre el impacto de la reforma en los trabajadores de nueva incorporación.

El diagnóstico de partida era conocido: antes de la reforma, el 86% de los jóvenes que entraban al mercado laboral lo hacía con un contrato temporal. Cuatro de cada diez contratos nuevos en España duraban menos de un mes. Lejos de funcionar como una etapa de transición hacia el empleo estable, la temporalidad se había convertido en una trampa que retrasaba la acumulación de experiencia, presionaba a la baja los salarios y generaba ciclos repetidos de desempleo.

Una reforma contra la temporalidad

El Real Decreto-Ley 32/2021, aprobado el 28 de diciembre de 2021 y en vigor desde abril de 2022, intentó romper ese ciclo con un enfoque distinto al de las reformas anteriores. En lugar de actuar sobre las indemnizaciones por despido o los incentivos a la contratación indefinida, el decreto atacó directamente el marco regulatorio de la temporalidad. Eliminó el contrato de obra y servicio, el más utilizado para prolongar relaciones laborales en apariencia temporales, y redujo las modalidades de contrato temporal a dos: el contrato por circunstancias de producción y el de sustitución. Además, introdujo una penalización en las cotizaciones sociales para los contratos de menos de 30 días e impulsó el contrato fijo-discontinuo como alternativa para actividades intermitentes o de temporada.

Tras la reforma, el porcentaje de jóvenes que comenzó su vida laboral con un contrato indefinido ordinario pasó del 13% al 33%; si se suman los contratos fijos-discontinuos, la cifra supera el 50%. La brecha que existía entre las provincias con mayor y menor prevalencia de temporalidad (de 7,3 puntos porcentuales antes de la reforma) se redujo en un 87%. En términos prácticos, las diferencias geográficas en el acceso a un primer empleo estable prácticamente desaparecieron.

Más contratos fijos, pero no más estabilidad

Sin embargo, el estudio de Fedea advierte que esa mejora en la calidad formal del contrato no se tradujo en una mejora proporcional en la estabilidad efectiva del empleo. La duración media de los contratos indefinidos ordinarios firmados por jóvenes cayó aproximadamente 100 días respecto al periodo anterior a la reforma. La tasa de supervivencia de esos contratos a los 12 meses descendió del 75% al 60%, una caída de 15 puntos porcentuales que los autores atribuyen a un aumento en la velocidad de las separaciones, no a un cambio en sus causas.

Los autores ofrecen varias explicaciones para esta paradoja. La reforma obligó a las empresas a ofrecer contratos indefinidos para cubrir puestos que antes eran temporales y que siguen siendo inestables por la naturaleza de la actividad. Al no poder seleccionar con la misma discrecionalidad a quién se le otorga un indefinido, la calidad media del emparejamiento entre trabajador y puesto tiende a ser menor. A ello se suma un efecto de incentivos: un trabajador con contrato temporal que finaliza tiene derecho a prestación por desempleo; uno que renuncia voluntariamente a un indefinido, no. Eso podría inducir a algunos jóvenes a abandonar antes sus puestos para no quedar en una situación de desprotección.