España acumula en lo que va de 2026 130.000 hectáreas quemadas, el doble que en el mismo periodo del año anterior, y la factura de extinguir los incendios de 2025 ya da la medida de lo que se avecina: entre 3.548 y 6.741 millones de euros, según el informe de Greenpeace España con datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). Es la cifra más alta de la que se tiene registro, y supera con creces el presupuesto forestal conjunto de todas las administraciones públicas del país.
Aunque España no dispone de una metodología oficial unificada para calcular el coste real de sus incendios forestales, la horquilla de Greenpeace para 2025 se obtiene de aplicar dos referencias de coste por hectárea a las 354.793 hectáreas quemadas que el MITECO contabilizó el año pasado: los 10.000 euros por hectárea que estima la Agencia Forestal de Navarra cuando intervienen medios aéreos, y los 19.000 euros por hectárea que maneja ASEMFO como coste total. El resultado mide solo los costes en extinción, sin contar la restauración posterior, que según la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF), Ana Belén Noriega Bravo, “suele resultar más costosa que la propia extinción”.
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Detrás de estas cifras hay un desequilibrio presupuestario que los especialistas del sector forestal señalan desde hace años. El 78% de los recursos públicos destinados a la lucha contra incendios se gasta en extinción, frente a solo un 12% en prevención. El MITECO registró en 2024 un presupuesto de 143,8 millones de euros en prevención para el conjunto de las administraciones que facilitaron datos. En 2009, año en que la inversión preventiva alcanzó su máximo histórico, la cifra era de 364 millones. Entre ese año y 2022, el gasto en prevención cayó un 51%, mientras el destinado a extinción se mantuvo estable en torno a 417 millones anuales, según los informes de ASEMFO.
Los expertos piden mejoras en gestión
La monografía El sector forestal y la gestión del monte en España, publicada por CajaMar, advierte de que el problema de fondo no es la falta de recursos naturales sino “la insuficiente gestión” de los montes. El documento, elaborado por 17 especialistas en economía forestal, ecología y derecho, defiende que la prevención debe entenderse como una inversión estratégica y no como un gasto, y alerta de que el riesgo de incendios de alta intensidad aumentará entre un 14% y un 30% de aquí a finales de siglo.
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El Parlamento Europeo aprobó en julio de 2026 una ayuda de emergencia de 120,55 millones de euros para España en concepto de daños por sequías, olas de calor e incendios forestales, una cifra inferior al coste de extinguir 7.000 hectáreas al precio que maneja ASEMFO.
Un fenómeno que afecta al crecimiento y el empleo
Un estudio publicado en el Journal of Environmental Economics and Management y citado por el Banco Central Europeo (BCE) en un documento de trabajo de 2024, analizó 233 regiones de Portugal, España, Italia y Grecia entre 2011 y 2018. Sus resultados apuntan a que los incendios reducen el crecimiento anual del PIB de las regiones afectadas entre un 0,11% y un 0,18%, con una caída que puede alcanzar entre el 3,3% y el 4,8% en los años más graves. En términos de empleo, el sector turístico (transporte, alojamiento y restauración) pierde entre un 0,09% y un 0,15% de su crecimiento anual, lo que se traduce en una pérdida de entre 5.712 y 9.588 puestos de trabajo por temporada en el sur de Europa.
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El turismo rural español ya acusó ese golpe en 2025. La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) calculó las pérdidas del sector en torno al 10% ese año. En 2026, las provincias más afectadas por los incendios (Ávila, Guadalajara y Madrid) concentran 1.256 establecimientos rurales y unos 1.900 empleados directos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). “Los incendios están siendo muy nocivos para el turismo rural, porque la gente en cuanto ve humo o inseguridad busca rápidamente destinos alternativos”, declaró a EFE el presidente de la Red Española de Turismo Rural (Redtur), Luis Ángel Chico, que alertó de una oleada de cancelaciones en plenas vísperas de agosto.
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