
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha concluido que las medidas laborales aprobadas desde 2020 tuvieron un impacto nulo sobre las cotizaciones a la Seguridad Social en porcentaje del PIB, mientras que la subida del salario mínimo sí muestra un impacto positivo, aunque limitado. La conclusión figura en el informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones publicado este viernes, en el que el organismo sostiene que la evidencia disponible no permite atribuir a esas reformas un efecto significativo sobre los ingresos del sistema público de pensiones en el promedio del periodo 2022-2050.
La AIReF advierte, no obstante, de que el periodo analizado estuvo marcado por perturbaciones excepcionales (la pandemia, la guerra en Ucrania, el repunte de la inflación o el fuerte aumento de la inmigración) que dificultan aislar el efecto específico de cada medida. Por ello, el organismo reclama “una cautela adicional” a la hora de interpretar los resultados.
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La reforma laboral de 2021 sí dejó una transformación visible en la estructura del mercado de trabajo. La tasa de temporalidad cayó desde niveles superiores al 25% hasta alrededor del 15%, acercando a España por primera vez en décadas a la media europea. Antes de la reforma, los contratos temporales concentraban el 88% de las nuevas contrataciones; tras su entrada en vigor, ese porcentaje se redujo al 49%. Paralelamente, el peso de los contratos indefinidos entre los asalariados aumentó del 72,7% al 81,1%, según datos recopilados por la AIReF a partir de los registros de la Seguridad Social.
Menos temporalidad y más contratos indefinidos
La mejora también se reflejó en la estabilidad efectiva de los contratos. El centro de investigación ISEAK publicó en mayo de 2026 un análisis basado en registros administrativos de la Seguridad Social entre 2018 y 2025 que muestra que la probabilidad de que un contrato siguiera activo un mes después de su firma pasó del 49,1% en 2019 al 56,3% en 2022. A los seis meses, la tasa de supervivencia aumentó del 44% al 50,6%. El avance fue generalizado, aunque especialmente intenso entre mujeres, jóvenes y trabajadores extranjeros, los colectivos históricamente más expuestos a la temporalidad.
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El análisis de la AIReF a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) apunta en la misma dirección. Las tasas de transición del desempleo al empleo se situaron en 2024 por encima de las registradas entre 2017 y 2019, mientras que disminuyeron las probabilidades de pasar del empleo al paro. El organismo estima que el aumento en la probabilidad mensual de inserción laboral atribuible a factores distintos del ciclo económico, la inmigración o los costes laborales reales oscila entre 0,6 y 0,9 puntos porcentuales. A su vez, la probabilidad de transición del empleo al desempleo cayó entre 0,4 y 0,8 puntos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un análisis publicado en 2024 con datos hasta el cuarto trimestre de 2023, también detectó una reducción de la temporalidad cercana a los diez puntos porcentuales, especialmente entre jóvenes e inmigrantes. Sin embargo, al igual que la AIReF, el organismo no encontró efectos claros sobre el empleo total ni sobre el número de horas trabajadas.
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Sin efectos claros sobre el empleo ni las horas trabajadas
Esa es precisamente la clave que explica el resultado final del informe: la mejora de la estabilidad contractual no generó suficiente empleo neto adicional como para elevar la ratio de cotizaciones sobre el PIB. Las simulaciones macroeconómicas realizadas por la AIReF con tres modelos distintos (MTA, OEGM y MEGAIReF) coinciden en señalar que el impacto agregado de las medidas laborales sobre esa ratio es prácticamente nulo. Según el organismo, el aumento de la base salarial derivado de una menor temporalidad quedó compensado por una creación de empleo y una actividad económica más moderadas.
El contraste con la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ofrece otra perspectiva. Las subidas acumuladas desde 2019 sí tendrían, según la AIReF, un efecto positivo sobre las cotizaciones sociales equivalente a una décima de PIB en promedio entre 2022 y 2050. El organismo atribuye este resultado al incremento de renta entre los trabajadores situados en la parte baja de la distribución salarial, aunque sus propios modelos muestran que ese efecto tiende a diluirse cuando se incorporan los mayores costes laborales para las empresas.
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