La Fiscalía mantendrá la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y rechazará rebajar la pena pese a su colaboración con la Justicia

La Fiscalía Anticorrupción mantendrá su petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama por orden de la Fiscalía General del Estado, lo que descarta cualquier rebaja de la pena pese a la colaboración del empresario con la Justicia desde el inicio de la causa, según adelanta El Confidencial. La decisión obliga al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a rechazar la solicitud de la defensa, que pedía aplicar una atenuante muy cualificada de confesión.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo, Luzón comparte que la cooperación de Aldama podría haber justificado esa rebaja, pero la negativa de la Fiscalía General del Estado le impide modificar sus conclusiones. La consulta previa era obligatoria y fue elevada a la fiscal general del Estado Teresa Peramato, quien ha rechazado autorizar una reducción mayor de la pena. Esta decisión consolida el criterio de mantener intacta la acusación en su formulación inicial.

En el seno de Anticorrupción existe coincidencia en valorar la colaboración de Aldama como relevante para el desarrollo de la investigación. El propio Luzón ya dejó constancia en su escrito de acusación de que el empresario había realizado “manifestaciones relevantes, veraces” y coherentes con el material probatorio incorporado al procedimiento. Además, subrayó que no se trataba de declaraciones autoexculpatorias, sino que implicaban el reconocimiento inequívoco de su participación en los hechos investigados.

El fiscal jefe considera que la confesión ha sido “esencial” para conocer el funcionamiento de la supuesta organización criminal en la que también están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, fuentes del Ministerio Público sostienen a El Mundo que sin la cooperación del empresario no se habría alcanzado la dimensión real de la trama, en aspectos como los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.

Pese a esta valoración, la Fiscalía General no ha autorizado aplicar la atenuante muy cualificada de confesión, lo que habría permitido reducir la petición de pena aproximadamente a la mitad, situándola en torno a tres años y medio de prisión. En cambio, Anticorrupción mantiene para Aldama la atenuante simple, lo que explica que la pena solicitada —siete años— sea ya inferior a la que se reclama para los otros principales acusados: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García.

Un margen limitado por la jerarquía fiscal

El proceso muestra los límites en la actuación de los fiscales dentro de la estructura jerárquica del Ministerio Público. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales deben acatar las órdenes de sus superiores en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, aunque conservan libertad de criterio en sus intervenciones orales durante el juicio.

En este sentido, fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que Luzón asumirá la indicación recibida, si bien en su informe oral podrá defender que la colaboración de Aldama merece una valoración reforzada. Esa posición, no obstante, no tendrá reflejo en una modificación formal de la petición de pena, que permanecerá inalterada.

Antes de fijar sus conclusiones provisionales, el fiscal jefe ya contemplaba la posibilidad de aplicar la atenuante muy cualificada, a la espera de la evolución del juicio y de la declaración del empresario. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía General ha cerrado definitivamente esa vía.

El alcance de las confesiones

El papel de Aldama en el procedimiento ha cobrado especial relevancia por el contenido de sus declaraciones. Durante la instrucción y en el juicio oral, el empresario ha aportado detalles sobre su relación con Ábalos y Koldo, incluyendo la existencia de acuerdos para influir en adjudicaciones y la entrega periódica de cantidades económicas y otras contraprestaciones.

Las manifestaciones del empresario han sido consideradas consistentes por la Fiscalía, que destaca su coincidencia con otros elementos probatorios. En su escrito de acusación, Luzón ya señalaba que Aldama había descrito el “concierto” con los otros acusados para obtener resoluciones favorables a sus intereses y había admitido pagos que implican la asunción de su responsabilidad penal en delitos graves.

El contenido de estas confesiones ha trascendido el ámbito estrictamente judicial y ha tenido repercusión política, al afectar al entorno más próximo del presidente del Gobierno. Este contexto añade un elemento de sensibilidad a la causa, en la que la posición de la Fiscalía General ha resultado determinante para fijar el marco de actuación de Anticorrupción.