La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar en el cargo a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que llevaba cinco años al frente de la jefatura y había optado a la reelección. El relevo se produce después de que Lastra declarara como testigo en el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, en el que sostuvo que este había sido el responsable de la difusión de correos internos relativos a la investigación contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso.

La decisión se ha formalizado en el último Consejo Fiscal con la actual composición, previo a la convocatoria de nuevas elecciones dentro de la carrera. Aunque el órgano vota las propuestas, su informe no es vinculante y la elección corresponde de forma discrecional a la fiscal general. En este caso, la no renovación de Lastra se daba por probable en distintos sectores de la Fiscalía, donde existía expectación por el desenlace tras su intervención en el proceso judicial.

El testimonio en el juicio y sus consecuencias

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Lastra relató una conversación mantenida el 14 de marzo con García Ortiz, cuando ya se habían hecho públicos los correos de la investigación. Según su versión, le recriminó directamente la filtración y este respondió que “eso ahora no importa”. La sentencia condenatoria en ese procedimiento recoge su testimonio y señala que actuó con lealtad al advertir a su superior de lo ocurrido.

No obstante, dentro del ministerio fiscal existen interpretaciones divergentes sobre su actuación. Mientras algunos fiscales consideran que su testimonio fue determinante y ajustado a su deber, otros cuestionan su comportamiento ese mismo día, al no atender llamadas posteriores del entonces fiscal general en un momento en que se intentaba articular una respuesta institucional para desmentir informaciones difundidas desde el entorno político madrileño. El entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, atribuyó su declaración a una supuesta “animadversión” hacia el equipo de la Fiscalía General.

En este contexto, un sector de la carrera fiscal interpreta el relevo como una consecuencia directa de su papel en el juicio, mientras que desde la Fiscalía General se defiende que responde a criterios de organización y renovación.

La nueva fiscal superior de Madrid será Isabel Martín, hasta ahora destinada en la Secretaría Técnica. Ingresó en la carrera fiscal en 2006 y desarrolló parte de su trayectoria en Melilla, donde llegó a ejercer como jefa. Posteriormente, asumió responsabilidades en el sistema de información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Audiencia Nacional en materia de terrorismo yihadista. Desde 2018 formaba parte de la Secretaría Técnica, donde ha trabajado con distintos fiscales generales. Fuentes fiscales destacan su perfil técnico y su capacidad para asumir responsabilidades complejas.

Otros nombramientos

El relevo en Madrid se enmarca en una amplia tanda de nombramientos que la fiscal general ha comunicado tras la audiencia al Consejo Fiscal y que incluye un total de 22 cargos del Ministerio Fiscal . Entre ellos figura la propuesta de nombramiento de María Pilar Fernández Pérez como teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia, esposa de García Ortiz, dentro del mismo paquete de designaciones .

Además, Pilar Rodríguez, hasta ahora fiscal jefa en Madrid y subordinada de Lastra, ha sido promovida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ocupará plaza en la sección de lo Social. Rodríguez había sido investigada en la misma causa que afectó a García Ortiz por revelación de secretos, aunque el Supremo archivó el procedimiento contra ella al no apreciar indicios suficientes.

Rodríguez ingresó en la carrera fiscal en 1993 y desarrolló una parte de su trayectoria en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente regresó a la Fiscalía, donde ha ocupado distintos puestos, incluidos en violencia de género y en la propia Fiscalía General, antes de asumir la jefatura en Madrid en 2018.

El paquete de nombramientos incluye también la continuidad de Pilar Martín Nájera en la sección civil del Supremo y la reelección de Pedro Crespo al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Asimismo, el fiscal Julián Salto no ha consolidado su plaza en la Audiencia Nacional, siendo sustituido por María Eugenia Hernández Fernández.

Otros nombramientos afectan a distintas fiscalías territoriales: María José Osuna asumirá la jefatura de la Inspección Fiscal; Adrián Salazar será fiscal superior de Baleares; Javier Serrano-Jover en Canarias; Emilio Manuel Fernández en Castilla-La Mancha; María Asunción Losada en Aragón; y Francisco Javier Montero en Extremadura.

En el seno de la carrera fiscal, el sector conservador ha expresado críticas hacia esta tanda de decisiones, al considerar que están condicionadas por el desarrollo del juicio contra el exfiscal general. Por su parte, fuentes de la Fiscalía General sostienen que los nombramientos responden a un intento de equilibrio entre sensibilidades, subrayando la distribución entre asociaciones profesionales y fiscales no adscritos dentro del conjunto de designaciones.