El certificado de vulnerabilidad se convierte en el mayor reto para los migrantes que buscan regularizarse y en un foco de tensión política

Vivir sin papeles en España ha supuesto para Gabriela, Heiner, Lilian y Eric una carrera de obstáculos que no imaginaron cuando dejaron Perú, un país donde la inestabilidad política, la desconfianza institucional y la inseguridad han empujado a miles de personas a emigrar. Debido a su situación administrativa irregular, en Madrid se han visto obligados a compartir habitaciones alquiladas y aceptar trabajos sin contrato, con salarios por debajo del mínimo interprofesional, principalmente en la construcción, hostelería o limpieza. Esta semana, sin embargo, con el inicio de la atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria, han acudido a una de las entidades sociales encargadas de tramitar el certificado de vulnerabilidad que les exige el proceso. Buscan dejar atrás la clandestinidad y, ahora sí, están muy cerca de lograrlo.

“Todos sabemos que iba a ser difícil estar acá, pero nunca imaginamos un panorama tan complicado para los migrantes. Por eso conseguir los papeles es crucial, porque no solo ganas derechos, sino que eres visible ante la sociedad”, explica Gabriela a Infobae, que llegó desde Lima a Madrid hace tres años y desde entonces se ha dedicado a trabajar en el cuidado de personas y en limpieza, atravesando numerosas dificultades.

Para obtener el certificado de vulnerabilidad, requisito solo para quienes no han trabajado con contrato y no tienen hijos menores a su cargo, ella se ha dirigido a la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) en el barrio de Orcasitas, una de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, aunque los servicios sociales también lo gestionan. Sin embargo, desde que el 20 de abril comenzó la atención presencial en más de 400 oficinas habilitadas en toda España para la regularización, muchos ayuntamientos y entidades sociales están desbordados por la alta demanda de este documento, lo que está generando un cuello de botella.

Algunos de esos consistorios han denunciado tanto la falta de personal como la “escasez de instrucciones por parte del Gobierno central”, que dificultan aún más el trámite.

Para SEDOAC, el principal obstáculo en la gestión del certificado de vulnerabilidad es la falta de información y las dudas sobre el formato, quién debe validarlo y cómo tramitarlo. De hecho, el documento tampoco es necesario para aquellas personas migrantes que permanezcan en el país con hijos mayores de edad con discapacidad o problemas de salud o con ascendientes de primer grado convivientes.

“La mayor dificultad es la falta de información correcta y que, lógicamente, las comunidades migrantes están ansiosas de poder completar la carpeta con todos los documentos requeridos para presentar la solicitud de regularización. Por eso siempre hemos pedido mucha calma, porque las entidades sociales estamos haciendo lo imposible por cubrir todos estos huecos y también tenemos que organizarnos”, explica la activista Edith Espínola, portavoz de la organización, si bien también destaca la labor de “los trabajadores sociales comprometidos” en orientar a los solicitantes.

Nuevo choque entre el Gobierno central y PP

La tramitación del certificado de vulnerabilidad también ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y las administraciones gobernadas por el PP. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado los “obstáculos” impuestos por algunos ayuntamientos y ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de “boicotear” el proceso, al tiempo que ha apelado a la colaboración de todas las administraciones en el proceso.

Ante las críticas sobre la supuesta falta de recursos para implementar el procedimiento, Saiz ha afirmado que el sistema está “totalmente dimensionado, es perfectamente asumible y todo transcurre con normalidad”. “La mayor parte de los servidores públicos, independientemente del color del Ayuntamiento, están funcionando”, ha asegurado la ministra en una entrevista con TVE. También ha precisado que el proceso continuará aunque algunos ayuntamientos del PP no colaboren y la fecha de cierre sigue fijada en el 30 de junio.

Evitar abusos y aportar garantías

De hecho, pese a las dificultades, ya hay muchos migrantes que, como Eric, han logrado el certificado de vulnerabilidad. “Me lo acaban de dar y estoy muy contento”, dice a Infobae desde la sede de SEDOAC. Este joven de 22 años llegó a España desde Perú en 2024 y actualmente trabaja en la cocina de un restaurante sin contrato, por lo que confía en que la regularización pueda mejorar tantos sus condiciones laborales y como su vida cotidiana. “Hay empresas que abusan mucho y no respetan las horas, pero no tenemos más opción que aceptar, porque al final de cuentas estamos trabajando y tratamos de sacar dinero para llevar un pan a la casa”, explica.

Eric ha llegado a esta asociación madrileña acompañado de su tío, Heiner, que también se encuentra en situación irregular y solo ha podido desempeñar trabajos en la construcción de manera informal. “Vine a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia”, relata este migrante, al que solo falta el certificado de vulnerabilidad para poder entregar su expediente.

Lilian, de tan solo 20 años, llegó a España hace apenas doce meses en busca de nuevas oportunidades y solo ahora, tras recibir apoyo en SEDOAC, siente algo de alivio, ya que aquí ha obtenido la ayuda que no encontró en el Ayuntamiento de Móstoles. Ahora espera obtener sus papeles lo más pronto posible para poder trabajar.

Esta organización social, por su parte, asegura que todas las entidades continuarán trabajando para que el mayor número posible de personas pueda presentar expedientes completos y regularizarse para acceder a una vida más digna. Se estima que medio millón de personas pueda lograrlo.