Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

En un referéndum popular a nivel nacional que ha captado la atención del mundo, los suizos han rechazado limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes al país.

La población suiza asciende a día de hoy a 9,1 millones de personas. La “iniciativa de sostenibilidad”, impulsada por el partido populista Unión Democrática de Centro, contemplaba que, si el país alcanza los 9,5 millones antes de 2050, el gobierno se vería obligado a adoptar medidas drásticas para frenar el crecimiento demográfico. Por un lado, a las personas admitidas provisionalmente ya no se les concederían permisos de residencia permanente y la reunificación familiar también se vería restringida. Por el otro, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, suspender el acuerdo de libre movimiento con la UE.

El sistema de democracia directa de Suiza permite someter a votación popular las medidas que son consideradas de gran calado si obtienen 100.000 votos en un plazo de 18 meses. Es común que se sucedan hasta cuatro plebiscitos al año, aunque normalmente están relacionados con medidas antiinmigración impulsadas por la extrema derecha.

Los impulsores de la medida defienden la medida para “aliviar las tensiones” que la “migración descontrolada” está provocando en las infraestructuras de transporte y el mercado de la vivienda. Sus detractores señalan justo lo contrario: que impedir la llegada de los migrantes, generalmente personas jóvenes y activas económicamente, reduciría las cotizaciones en un país cada vez más envejecido, lo que implicaría recortes en la financiación de las pensiones públicas y el seguro médico obligatorio, considerados los dos grandes pilares del Estado del bienestar suizo.

Otra votación para “salvar” la ‘mili’

El límite poblacional no ha sido el único asunto que se ha abordado en la votación de este domingo. Los suizos tenían que decidir sobre la reforma de la Ley Federal del Servicio Civil, respaldada por el Parlamento y el Gobierno, que busca dificultar el paso del servicio militar al civil. Los partidarios de la reforma sostuvieron que el elevado número de personas que optan por el servicio civil (la alternativa para aquellos que declaran la objeción de conciencia al servicio militar) está debilitando los fondos del ejército en un momento de tensión geopolítica, marcada por la invasión rusa de Ucrania. Su objetivo es reducir las admisiones anuales de 7.200 a 4.000.

Con la normativa actual, quienes solicitan el servicio civil deben ser aptos para el militar, acreditar una objeción de conciencia y prestar un servicio casi dos veces más largo que en el ejército, por lo general en sectores de interés público como servicios sociales, educación, sanidad y protección medioambiental. La reforma añadiría condiciones más estrictas, entre ellas un mínimo de 150 días de servicio, menos margen para planificar las tareas y cursos anuales obligatorios de reciclaje.