España exigirá acreditar vulnerabilidad y presentar antecedentes penales del país de origen en la nueva regularización de migrantes

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros, a través de un real decreto, la regularización extraordinaria de migrantes después de incorporar las recomendaciones emitidas la semana pasada por el Consejo de Estado. La iniciativa, que es la séptima de estas características en España, modifica el Reglamento de Extranjería y permitirá que miles de personas sin papeles regularicen su situación y accedan a permisos de residencia y trabajo. El Ejecutivo busca con esta medida “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”.

“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de la red social X.

El número de personas que se podrán beneficiar solo se conocerá cuando finalice el proceso, pero se calcula que puedan acceder unas 500.000 personas. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, los detalles del texto se publicarán este 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado, por lo que la norma entrará en vigor a partir del 16, según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser. A partir de este jueves se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.

Las personas migrantes que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada. El texto del decreto, al que ha tenido acceso Infobae, conserva los criterios del borrador inicial, aunque también incorpora nuevos requisitos. Cabe destacar que quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público.

La norma indica que el padrón no será el único medio de prueba para acreditar la permanencia, sino que los solicitantes también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos como facturas de la luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales.

Antecedentes penales

Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no bastará con una simple declaración del solicitante para conseguir el certificado de antecedentes penales, de forma que deberán presentar un documento expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguirlos. La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que según ha explicado la ministra Saiz son unas 200 en todo el país. El Gobierno, igualmente, publicará el listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso.

También se podrán acoger a la regularización aquellas personas que hayan trabajado en España durante su permanencia en el país o si presentan un contrato de trabajo de al menos 90 días en un año.

De la misma forma, podrán acceder al proceso quienes residan en España junto a su unidad familiar, siempre que esté formada por hijos o hijas escolarizados o realizando estudios académicos, hijos mayores de edad con discapacidad que requieran apoyo o no puedan cubrir sus propias necesidades por motivos de salud, o ascendientes de primer grado.

Los solicitantes de asilo se pueden acoger y los apátridas quedan fuera

Quienes hayan pedido asilo antes de esa fecha no tienen que renunciar al trámite de asilo antes de solicitar el permiso extraordinario, pero sí tendrán que hacerlo una vez que se les conceda ese permiso.

También siguiendo las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, quedan fuera de esta nueva regularización los apátridas, lo que afecta principalmente a los saharauis, que “ya cuentan con un reglamento específico que los protege”. “No se pueden solapar procedimientos, no son personas que están en situación de irregularidad. Están protegidas por el Estatuto de los Apátridas”, ha precisado Saiz.

Desde el movimiento Regularización Ya, la plataforma de colectivos migrantes que impulsó el proceso y ha luchado durante seis años para que la medida se convirtiera en realidad, lamentan que los solicitantes de apatridia hayan sido excluidos.

Esta regularización representa el séptimo proceso extraordinario de este tipo en España desde la llegada de la democracia. Cuatro se llevaron a cabo durante gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos bajo el PP (2000 y 2001). La más reciente, en 2005, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió a más de 576.000 personas acceder a la residencia legal.