Las entidades sociales actuarán como “oficinas de Extranjería” en la regularización de migrantes: asesorarán y elaborarán informes de vulnerabilidad

Las organizaciones sociales y colectivos de migrantes han desempeñado un papel central en la aprobación por parte del Gobierno de la nueva regularización extraordinaria, que permitirá a medio millón de personas acceder a un permiso de residencia y trabajo en España. Tras seis años de impulso y movilización, a partir de este 16 de abril, cuando la norma entra en vigor, muchas de estas entidades actuarán como una “oficina de Extranjería”, ya que elaborarán los informes de vulnerabilidad necesarios para quienes no cuenten con empadronamiento, facilitando así el acceso al proceso.

“Somos las organizaciones sociales las que vamos a realizar esos informes de vulnerabilidad cuando las personas migrantes no tengan el padrón. La idea es que puedan demostrar, con diferentes documentos -informes médicos, facturas de servicios, envíos de dinero o abonos de transporte- que llevan residiendo al menos cinco meses de forma continuada y que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025″, dos de los requisitos clave para poder regularizarse, explica a Infobae Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya.

En ese sentido, lo más recomendable es presentar un ticket o prueba por cada mes “para que sea más fácil constatar la residencia en España durante esos meses”. Tras la publicación este miércoles de la norma en el Boletín Oficial del Estado, desde Regularización Ya aseguran que “explicarán todo paso por paso”, tanto en su página web como en talleres para que no haya confusiones.

Ante la dificultad de muchas personas migrantes para acceder a abogados especializados en Extranjería, las organizaciones sociales asumirán el acompañamiento y asesoramiento durante el proceso de regularización, cuyas solicitudes se podrán presentar entre este 16 de abril y el 30 de junio.

“Los últimos seis años hemos estado luchando para sacar adelante la regularización, pero este es ahora nuestro compromiso de trabajo y nos alegra que haya más organizaciones que se están sumando al Registro de Colaboradores de Extranjería”, afirma Espínola, pues solo las organizaciones y sindicatos que están inscritos en ese nuevo registro, que entró en vigor el pasado 6 de marzo, pueden tramitar los documentos que presenten las personas migrantes para regularizar su situación.

Según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya hay unas 200 entidades inscritas en todo el país y en los próximos días el Gobierno publicará un listado con todas ellas. Estas entidades colaboradoras revisarán toda la documentación presentada por la persona migrante y prepararán el expediente para el proceso.

Oferta de trabajo o hijos menores

Además de quienes acrediten situación de vulnerabilidad, podrán acceder a la regularización quienes presenten una oferta de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, o una declaración responsable sobre el negocio que desean iniciar. También accederán quienes formen parte de una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado a cargo.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditarlo debidamente.

Refuerzo del Gobierno para evitar colapsos administrativos

El Gobierno, no obstante, con el objetivo de garantizar la eficacia del proceso, también reforzará con más personal la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, según han informado fuentes ministeriales, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

Según señalan esas mismas fuentes, las oficinas de Extranjería “no tendrán que asumir una carga extra de trabajo” e insisten en que será la UTEX quien se encargue, principalmente, de este proceso de regularización, el séptimo que se lleva a cabo en España desde la llegada de la democracia.

La gestión podrá realizarse de forma telemática o presencial -a partir del 20 de abril-. La atención presencial requerirá cita previa y la solicitud podrá presentarse en alguna de las 60 oficinas que se habilitarán de la Seguridad Social o en las 371 oficinas de Correos que se distribuirán tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes. También estarán disponibles cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Cabe recordar que la autorización que se conceda en el proceso de regularización permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Otra condición fundamental para acceder al proceso es no tener antecedentes penales graves. Para acreditarlo, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.