Uno de los manuscritos del 23-F sitúa a Manuel Fraga como posible líder civil y menciona rumores de contactos con círculos golpistas

Un documento manuscrito fechado en diciembre de 1980 e incluido entre los 153 archivos desclasificados por el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 contiene varias alusiones a Manuel Fraga. El escrito, sin firma ni autoría, describe el estado de la planificación del golpe meses antes de su ejecución, los apoyos con los que se contaba y los obstáculos que podían poner en riesgo la operación. Entre los actores mencionados por los conspiradores figura el entonces líder de Alianza Popular, al que algunos de esos círculos situaban como posible referente civil de la operación, aunque en algunos casos las menciones se presentan explícitamente como rumores y no se acompañan de pruebas.

El documento sitúa el origen de la operación en un proceso que, según sus autores, llevaba “gestándose cerca de un año” y que preveía como primer paso forzar la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. A partir de ese momento, la operación debía apoyarse en una intervención de la Corona que activara los mecanismos constitucionales para facilitar la formación de un nuevo Ejecutivo. Ese Gobierno estaría presidido por un general “con respaldo de los militares, pero sin protagonismo público” y tendría carácter transitorio hasta el final de la legislatura.

En ese escenario, los autores consideraban imprescindible contar con apoyos políticos suficientes para asegurar la investidura parlamentaria. El texto señala que eran necesarios el respaldo de Unión de Centro Democrático (UCD) y del PSOE, que podrían obtenerse apelando al “buen sentido y patriotismo de sus líderes”. También se contemplaba la creación de un gran partido de derecha nacional mediante la presión sobre UCD y Alianza Popular, mientras que el PSOE debería celebrar un “Congreso anti-marxista” que lo consolidara como formación socialdemócrata. Entre los objetivos políticos del nuevo Gobierno figuraban “erradicar el comunismo” y “legislar para impedir partidos regionales”.

El posible liderazgo civil

Las alusiones a Fraga aparecen principalmente en el apartado dedicado a la viabilidad de la operación. Los autores consideran que la dimisión de Suárez sería inmediata y que el rey Juan Carlos I actuaría dentro de los cauces constitucionales, aunque el documento refleja una profunda desconfianza hacia el monarca, al que califican como “un objetivo a batir y anular”. A su juicio, uno de los errores que podía frustrar la operación sería “dejar al ‘Borbón’ libre y tratar con él como si fuera un caballero”, ya que el rey continuaría en su “intento suicida de tener un Gobierno de los socialistas” y no debía ser considerado “como un símbolo a respetar”.

En ese mismo análisis de viabilidad se señala que, al no existir “cobertura política de partido”, Fraga “estaría intentando ser el líder civil”. La anotación sugiere que los autores contemplaban la necesidad de una figura política capaz de proporcionar legitimidad a un Ejecutivo surgido tras la intervención militar.

Otra referencia aparece en el apartado dedicado a los contactos entre altos mandos militares. Allí se afirma que en los últimos meses había adquirido mayor protagonismo la intervención de “un político (Fraga) que logra convocar a varios generales para encuentro en costa levantina”. El documento no aporta más detalles sobre esa supuesta reunión ni identifica a los militares implicados.

Rumores de contactos con militares

El manuscrito incluye una tercera mención en el apartado dedicado a los coroneles implicados en la conspiración. En ese punto se afirma que “se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”, sin añadir ninguna otra información que permita comprobar esa afirmación.

Estas referencias contrastan con el papel que desempeñó Fraga durante el propio golpe del 23 de febrero de 1981. El líder de Alianza Popular se encontraba en el hemiciclo como diputado durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo cuando los guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso a tiros y ordenaron a los parlamentarios que se tiraran al suelo. Como la mayoría de diputados, Fraga obedeció la orden inicial.

Los testimonios y reconstrucciones históricas coinciden en que Fraga protestó reiteradamente por la situación de los diputados retenidos y exigió explicaciones a los guardias civiles. En uno de los momentos de mayor tensión se dirigió a los asaltantes increpándoles por el trato dispensado a los parlamentarios y llegó a desafiarles abiertamente. Según las reconstrucciones basadas en las actas y testimonios del Congreso, en un momento en que los guardias civiles montaron sus armas llegó a exclamar: “Yo ya no aguanto más… disparen contra mí“, al tiempo que se abría la chaqueta.

También mantuvo un enfrentamiento directo con Tejero al protestar por la retención de los diputados. En esas discusiones reclamó el fin del secuestro y cuestionó la autoridad de los asaltantes, lo que llevó a que fuera vigilado de cerca por los guardias civiles durante parte de la noche. Incluso llegó a recriminar a los guardias civiles que trataran a los diputados “como si fueran forajidos”, en referencia a la retención forzosa a la que estaban sometidos.

Frente a la imagen que proyecta el manuscrito de diciembre de 1980, en el que algunos conspiradores contemplaban a Fraga como posible referente civil de la operación o como interlocutor de mandos militares, el desarrollo real del 23-F lo situó entre los diputados retenidos en el Congreso y enfrentado verbalmente a los asaltantes.