La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

La Inspección de Trabajo se encuentra desbordada en un momento en el que la población activa en España roza los 25 millones de personas. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, señala que la escasez de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos dificultan la supervisión eficaz del fraude laboral.

La falta de personal fue el motivo que empujó a todos los estamentos de la Inspección de Trabajo a movilizarse y declararse en huelga, por primera vez en su historia, el pasado 2022 y 2023. Aquella movilización consiguió que el Ministerio de Función Pública reforzase ligeramente las plantillas de inspectores, pero a juicio de Fernando Goró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCCOO en el Ministerio de Trabajo, las cifras siguen siendo “totalmente insuficientes” y por debajo de lo que marcan los estándares internacionales.

El Registro Central de Personal del Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, indica que Trabajo cuenta con 3.389 efectivos en toda España, de los cuales apenas 2.200 pertenecen al cuerpo de inspectores y subinspectores para atender a los 25 millones de afiliados a la seguridad social. La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de un inspector por cada 10.000 personas. En muchos países, recuerda el organismo, el baremo supera las recomendaciones, pero en nuestro caso se sitúa por debajo: tenemos un inspector por cada 15.000 personas, apunta en una conversación con este periódico Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

Desde CCOO recuerdan que los subinspectores no solo supervisan a las empresas y las personas que trabajan, sino que también supervisan a parte de la población inactiva, como por ejemplo “jubilados que continúan trabajando” mientras reciben la prestación. “Esto también es fraude, y aquí también entramos”, recuerdan.

El personal se jubila y no entra gente nueva

Más allá de los inspectores, CSIF sitúa el problema en la falta de personal administrativo, “el soporte que hace que funcione el engranaje de la inspección”. Y en este caso no siempre tiene que ver con la falta de plazas ofertadas en el organismo, sino con la precariedad en los salarios que hace que nadie quiera incorporarse al organismo.

“El personal administrativo se suele jubilar a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando. La gente se jubila, pero no entra gente nueva para cubrir la vacante vacía”, relata Montero. En el caso de oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años porque el sueldo que pagan es insuficiente, explica.

CCOO presentó el pasado 2025 una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitida a trámite desde febrero, en la que denunció las diferencias salariales que hay entre las delegaciones autonómicas en Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostiene que estas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y resume que la situación general en la Inspección de Trabajo es de “bloqueo”, ya que muchas condiciones laborales se imponen unilateralmente.

Falta plantilla y faltan medios técnicos, señalan también ambos sindicatos. Porque reconocen que, aunque el Gobierno ha renovado y entregado equipo informático nuevo, “con más frecuencia de la que sería la necesaria”, los funcionarios no pueden trabajar porque la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. “El Gobierno licitó recientemente un contrato para mejorar esta herramienta informática, pero a día de hoy, solo nos encontramos con parches y fallos en el servicio”, sentencian.