El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición formulada por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para que se retirase de la causa uno de los informes de la UDEF que analiza las tres transferencias por un importe conjunto de 200.000 euros recibidas por el expresidente desde la sociedad peruana Focus Social Research SAC.

En un escrito al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado considera que ese documento fue incorporado de forma legítima al procedimiento y que su contenido puede resultar relevante para esclarecer los hechos que se investigan, por lo que descarta que la Policía haya llevado a cabo una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del exjefe del Ejecutivo.

La resolución responde a un escrito presentado por la representación de Zapatero el pasado 25 de junio, en el que solicitaba que el juzgado ordenara devolver a la unidad policial un informe y eliminarlo del procedimiento. A juicio de la defensa, el documento abordaba hechos completamente ajenos al objeto de la investigación y analizaba operaciones económicas que nunca habían formado parte de las diligencias abiertas, lo que, en su opinión, suponía ampliar de forma indebida el alcance de la causa.

Los abogados del expresidente sostenían que Focus Social Research SAC nunca había aparecido entre las sociedades investigadas y recordaban que, hasta ese momento, los informes policiales describían los pagos recibidos por Zapatero como ingresos derivados de actividades profesionales perfectamente legítimas, como conferencias, labores académicas, asesoramiento estratégico o mediación.

También reprochaban a la UDEF que construyera una tesis sobre una supuesta organización criminal liderada por el expresidente sin que existiera una resolución judicial que respaldara esa afirmación, lo que, a su juicio, permitía someter a escrutinio toda su trayectoria profesional sin límites claros.

El juez, sin embargo, no comparte esa interpretación. En el auto que ha podido consultar este periódicos sostiene que la aparición de las transferencias de Focus Social Research “no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida del investigado”, sino “la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas” durante unas diligencias judiciales ya en marcha. Para el magistrado, la prohibición de las investigaciones prospectivas no impide que la instrucción “avance, se profundice o se amplíe” cuando durante el procedimiento afloran nuevos indicios relacionados con posibles delitos.

Calama va un paso más allá y rechaza que el auto inicial de imputación pueda convertirse en un escudo frente a cualquier nuevo hallazgo. De hecho, recuerda la doctrina del Tribunal Supremo y afirma que pretender que una investigación no pueda tener en cuenta los indicios que aparecen conforme avanza la instrucción sería un “auténtico dislate”. En palabras del instructor, el objeto del procedimiento “se perfila y se amplía conforme la investigación progresa”, por lo que corresponde al juez valorar si esos nuevos hechos guardan relación con la causa o requieren una investigación independiente, “pero nunca desentenderse de ellos”.

Con ese razonamiento, el magistrado concluye que el informe policial es “pertinente”, que su incorporación al procedimiento es “legítima” y que su contenido resulta relevante para el esclarecimiento de hechos que presentan “verosimilitud delictiva”. Por ello, acuerda no devolver el documento a la UDEF y mantenerlo incorporado a las diligencias.

Las tres transferencias de 200.000 euros que abrieron una nueva línea de investigación

La importancia del informe que Zapatero pretendía excluir radica en que fue el documento en el que la UDEF dejó constancia por primera vez de unas operaciones bancarias que, con el paso de los meses, acabarían convirtiéndose en una de las principales líneas de investigación de la causa.

Al analizar los movimientos de las cuentas del expresidente, los investigadores detectaron el ingreso de tres transferencias remitidas por la mercantil peruana Focus Social Research SAC por un importe total de 200.000 euros. Ese dato aparece incorporado al informe como parte del examen patrimonial realizado por la Policía, junto a otros ingresos procedentes de diferentes empresas con las que Zapatero mantenía relaciones profesionales.

En ese momento, el informe no desarrollaba todavía el origen de esos pagos ni formulaba conclusiones sobre su naturaleza. Simplemente identificaba la existencia de esas transferencias dentro del conjunto de movimientos bancarios analizados por la UDEF. Sin embargo, ese hallazgo acabaría sirviendo como punto de partida para una investigación mucho más amplia sobre la relación entre el expresidente y Focus Social Research.

Fue a partir de ese análisis cuando la Policía comenzó a profundizar en el contrato suscrito entre ambas partes y en el origen de los fondos, una línea de investigación que posteriormente desembocó en nuevos informes policiales. Según la tesis de la UDEF, Focus Social Research habría actuado como sociedad interpuesta en el pago de esos 200.000 euros, mientras que el verdadero interés económico estaría relacionado con el Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantenía un importante litigio con el Estado de Bolivia.

Los investigadores sostienen que esos pagos podrían guardar relación con supuestas gestiones realizadas por Zapatero ante autoridades bolivianas en favor de ese grupo empresarial. El expresidente rechaza de plano esa interpretación y mantiene que el dinero responde exclusivamente a un contrato de asesoramiento profesional plenamente lícito, negando cualquier conducta constitutiva de tráfico de influencias.

Precisamente esa evolución de la investigación explica la estrategia seguida ahora por la defensa. En su recurso, los abogados sostienen que la aparición de Focus Social Research en el procedimiento no responde a hechos inicialmente investigados, sino a una ampliación injustificada del objeto de la causa basada en el examen de actividades profesionales completamente ajenas a las diligencias originales. Por ello solicitaban que el informe fuera retirado y que se delimitara expresamente el perímetro de actuación de la Policía Judicial para impedir nuevas indagaciones sobre aspectos no contemplados en el auto de imputación.