Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El juez José Antonio Patrocinio, encargado de la causa sobre la contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha condenado al hermano del presidente del Gobierno a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. Según una sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, el tribunal ha considerado a Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En total, 18 años.

La sentencia considera que el puesto en la administración pública, sujeto a unas condiciones laborales y retributivas “propias del personal de alta dirección”, fue creado de forma “espuria y carente de contenido real”, respondió a intereses particulares y su adjudicación vulneró los criterios de mérito, capacidad y publicidad.

Desde su nombramiento, afea el tribunal, Sánchez apenas pisó su despacho, se desvinculó de la coordinación de los conservatorios —función para la que fue contratado— y centró su actividad en el programa Ópera Joven, un proyecto personal que acabó absorbiendo la mayor parte de su tiempo y recursos públicos. El tribunal relata que el puesto fue modificado y rebautizado (“Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”) para legalizar una nueva realidad laboral “hecha a la medida” del interesado, suprimiendo además la incompatibilidad legal y sin detallar nuevas funciones.

Añade además que la maquinaria administrativa se activó de nuevo en 2023 para crear otra plaza “innecesaria y huérfana de contenido”, adjudicada en comisión de servicios a Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador de Sánchez, que pasó a formar parte del “equipo” con un despacho compartido y funciones difusas.

La sentencia ha descartado el delito de tráfico de influencias que reclamaba la acusación porque, en este caso, no se ha conseguido saber si alguien “ejerció una presión, influencia o prevalimiento” sobre la autoridad o funcionario encargado de resolver, con la finalidad de obtener una resolución beneficiosa para sí o para un tercero.

PP y Vox aplauden la sentencia, Rufián la considera “una sobrada importante”

La primera reacción a la sentencia ha llegado a través de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñóz, quien ha considerado “lamentable” que al hermano de Pedro Sánchez “le pagasen por no trabajar”. En unas declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso, la portavoz popular ha señalado que es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene al fiscal general del Estado inhabilitado, a su mano derecha y ministro de Transportes condenado, y a su hermano condenado “porque miembros del partido le regalaron una plaza en la Diputación de Badajoz”.

El secretario general de Vox, José María Figaredo, ha reconocido que no han podido leer la sentencia todavía, “pero lo que diga un juez nos parece estupendo y esto demuestra que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para obtener dinero a través de fondos públicos”, ha declarado.

Las críticas al fallo han llegado por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha calificado de “sobrada importante” la pena y ha criticado que “los jueces persigan a la gente por la cara”. “Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara”, ha declarado a los medios.

El Gobierno y el PSOE defienden la inocencia de David Sánchez

Pese a la sentencia, el PSOE no ha dudado en cerrar filas en defensa del hermano del presidente. Preguntada por este asunto, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha insistido en que este caso “forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno”.

“La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en ‘fake news’ y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución”, ha apostillado.

Los argumentos de Ferraz han sido secundados desde Moncloa, donde han mostrado respeto hacia la sentencia manteniendo que “no la comparten”. “La Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución”, ha reiterado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.