Trabajar después de jubilarse: la propuesta de los economistas para asegurar el futuro de las pensiones en España

El progresivo envejecimiento de la población española y el aumento de la esperanza de vida obligan, según los expertos de Fedea, a replantear el modelo sobre el que se sustenta el Estado del bienestar y el sistema público de pensiones. La fundación considera que el debate ya no debe centrarse únicamente en cómo financiar las pensiones, sino en adaptar las instituciones a una realidad demográfica muy distinta a la que existía cuando se diseñó el sistema actual.

Así lo sostiene el estudio Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz, que advierte de que el principal desafío para preservar la sostenibilidad del modelo “no es económico, sino institucional”. El informe incide en que el envejecimiento está alterando el equilibrio entre generaciones y exige reformas que permitan distribuir de forma más equitativa los recursos públicos y las cargas del sistema.

Entre las principales propuestas destaca la implantación de una jubilación gradual que permita compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial. El objetivo es facilitar una transición progresiva entre la vida laboral y la jubilación definitiva, adaptando el sistema a carreras profesionales cada vez más largas y a una población con mayor esperanza de vida.

Adaptar las pensiones a una sociedad más longeva

El estudio argumenta que el incremento del número de personas mayores tiene un impacto directo sobre el gasto público. El aumento del desembolso en pensiones, sanidad y dependencia coincide con una reducción del peso de la población en edad de trabajar, lo que limita el crecimiento económico y dificulta la financiación futura del Estado del bienestar.

Para responder a este escenario, Fedea propone un conjunto de reformas que van más allá de las pensiones. Además de impulsar la jubilación gradual, plantea desarrollar plenamente la cobertura de la dependencia como un seguro colectivo y extender los planes de pensiones de empleo mediante sistemas de adhesión automática (auto-enrolment), una fórmula ya utilizada en otros países para fomentar el ahorro complementario.

La fundación también considera necesario reorientar parte del gasto público hacia políticas con mayor capacidad para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Entre ellas cita la inversión en educación, investigación, innovación, infraestructuras estratégicas y programas dirigidos a combatir la pobreza infantil, ámbitos que, a su juicio, generan mayores retornos para las futuras generaciones.

El envejecimiento cambia el equilibrio económico

El informe ilustra el cambio demográfico con varios indicadores. Entre 1995 y 2024, el gasto vinculado al envejecimiento aumentó en 5,3 puntos del producto interior bruto (PIB), mientras que la inversión pública cayó del 4,4% al 2,7% del PIB. Para los autores, esta evolución refleja un desplazamiento progresivo de recursos hacia el gasto corriente en detrimento de inversiones con efectos sobre el crecimiento futuro.

A ello se suma el deterioro del llamado dividendo demográfico. Mientras entre 1980 y 1999 la estructura de la población aportó, de media, 0,44 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB per cápita, entre 2000 y 2019 pasó a restar 0,19 puntos. Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan, además, a que esta contribución seguirá siendo negativa durante las próximas décadas.

Según Fedea, esta realidad obliga a introducir una perspectiva intergeneracional en el diseño de las políticas públicas para evitar que el creciente peso del envejecimiento limite las oportunidades económicas de los jóvenes y comprometa la sostenibilidad financiera del sistema.

Reformas más allá de las pensiones

El documento incorpora también propuestas de carácter institucional. Entre ellas figura rebajar la edad de voto hasta los 16 años con el objetivo de aumentar el peso político de las generaciones más jóvenes, crear organismos encargados de velar por los intereses del largo plazo y exigir que las nuevas normas incluyan memorias de impacto intergeneracional que evalúen sus efectos futuros.

En el ámbito fiscal, Fedea plantea reforzar la disciplina presupuestaria mediante la aplicación efectiva de la prohibición del déficit estructural prevista en el artículo 135 de la Constitución. Además, propone una regla de equilibrio según la cual cada euro adicional destinado a políticas orientadas a las personas mayores vaya acompañado de otro euro de inversión en actuaciones dirigidas a las generaciones futuras, sin recurrir a un mayor endeudamiento.

Con estas medidas, la fundación defiende un cambio de enfoque que sitúe la demografía en el centro de las decisiones económicas. El informe concluye que el envejecimiento no constituye únicamente un desafío financiero, sino una transformación estructural que exige adaptar las instituciones para preservar la sostenibilidad del Estado del bienestar y mantener el equilibrio entre generaciones.