Marlaska anuncia una revisión de los protocolos de acoso sexual de la Policía y admite que falló en el caso del exDAO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual y la violencia de género en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo ha hecho tras reconocer que los mecanismos actuales fallaron en el caso de la agente que ha presentado una querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. El ministro ha explicado que la Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de dirigir este proceso para analizar posibles carencias y corregirlas con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Grande-Marlaska comparecía ante la Comisión de Interior para informar sobre la implantación de las balizas V16, el dispositivo luminoso con geolocalización que desde el 1 de enero es obligatorio para señalizar vehículos averiados en carretera, pero la sesión estuvo marcada por las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la denuncia presentada contra el que hasta hace unos días era el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. “Es gravísimo y confío en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión, si se concluye que así ha ocurrido”, ha afirmado durante su intervención.

El titular de Interior admitió que el caso evidencia fallos en los mecanismos existentes. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, señaló, al justificar la revisión extraordinaria. Según explicó, el objetivo es determinar por qué la agente decidió acudir directamente a los tribunales en lugar de activar los procedimientos internos disponibles en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Revisión de los protocolos internos

Grande-Marlaska subrayó que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con protocolos específicos frente al acoso sexual y la violencia de género que, según sostuvo, han demostrado su eficacia en otros casos y son objeto de actualizaciones periódicas. No obstante, calificó la situación actual de “extraordinaria” por la relevancia del cargo del denunciado y por la gravedad de los hechos investigados, lo que, a su juicio, hace necesaria una revisión más profunda.

El ministro explicó que la Secretaría de Estado de Seguridad analizará en detalle los procedimientos vigentes para detectar posibles deficiencias en la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas en casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo o violencia de género dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La investigación interna pretende esclarecer qué ocurrió en este caso concreto y si existieron obstáculos que disuadieran a la denunciante de utilizar los canales oficiales.

En su intervención, el responsable de Interior insistió en que el ministerio actuó con rapidez cuando tuvo conocimiento de la denuncia contra el exDAO. Según afirmó, su departamento forzó la dimisión del comisario en menos de dos horas desde que se conocieron los hechos. Grande-Marlaska defendió esa actuación como una muestra de tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con los principios de las Fuerzas de Seguridad.

El ministro también rechazó las críticas que cuestionan el funcionamiento de la institución y advirtió de que no puede permitir que este episodio sea utilizado para “denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en alusión a los reproches lanzados por algunos grupos parlamentarios que apuntaban a una supuesta impunidad de los altos mandos.

Presión de la oposición en el Congreso

La comparecencia estuvo marcada por un duro intercambio con los grupos de la oposición, que aprovecharon la sesión para exigir explicaciones y reclamar responsabilidades políticas. El diputado del Partido Popular Ángel Hernández calificó el caso como el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y acusó al ministro de no haber aclarado si conocía previamente la situación ni las razones que llevaron a mantener en el cargo a su colaborador.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro reprochó a Grande-Marlaska haber permitido que el director adjunto operativo continuara en activo tras la ampliación de su edad de servicio mediante un decreto, y le acusó de haber contribuido a “revictimizar” a la denunciante al situar sobre ella la presión de la continuidad del mando policial. El diputado sostuvo que el ministro debería haber dimitido por responsabilidad política.

También el representante de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, reclamó la dimisión del titular de Interior, al que acusó de “incompetencia” y de haber permitido un “vergonzoso escándalo” protagonizado por quien calificó como su protegido. Incluso desde Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, el diputado Francesc-Marc Álvaro solicitó explicaciones detalladas sobre un caso que, según afirmó, ha generado consternación social y ha afectado a la reputación del Ministerio del Interior y a los mecanismos de control sobre los altos mandos policiales.