La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto una investigación judicial contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, tras admitir a trámite una querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El alto mando ha presentado su dimisión después de que el juzgado acordara citarlo a declarar como querellado. El magistrado David Maman Benchimol ha citado al comisario principal a declarar en calidad de querellado el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas. Ese mismo día comparecerá ante el juez la denunciante, también funcionaria del Cuerpo.
La resolución sostiene que los hechos descritos en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”, por lo que acuerda la práctica de diligencias esenciales para determinar su alcance. La admisión a trámite no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del investigado, pero sitúa bajo escrutinio penal al máximo responsable operativo de la Policía Nacional en un asunto que combina la dimensión penal con la institucional.
Una denuncia atravesada por la jerarquía
La querella, presentada por la agente a través de su abogado, Jorge Piedrafita, dibuja un escenario marcado por una relación previa de afectividad entre la denunciante y el DAO. Según el escrito, esa relación estuvo desde su inicio condicionada por una “asimetría de poder institucional manifiesta”, dada la posición jerárquica de González dentro del Cuerpo. La agente sostiene que esa desigualdad fue utilizada para generar una dinámica de control y dominación psicológica.
Siempre conforme al relato de la denunciante, la relación finalizó por decisión unilateral de ella, una circunstancia que el mando no habría aceptado. A partir de entonces, según la querella, se habría iniciado una conducta persistente de acoso y contacto no deseado que culminó en los hechos denunciados.
El 23 de abril de 2025, la funcionaria se encontraba prestando servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada cuando, según su versión, comenzó a recibir múltiples llamadas telefónicas del DAO requiriendo su presencia “de forma inmediata y perentoria”. Ante su negativa inicial —alegando que estaba de servicio— el mando habría hecho uso explícito de su autoridad institucional para ordenarle que abandonara su puesto y acudiera con un vehículo policial camuflado al restaurante donde él se encontraba comiendo con otro comisario.
La utilización de un coche camuflado y el abandono del servicio forman parte de los hechos que sustentan también la imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al haberse empleado, siempre según la querella, recursos oficiales para fines ajenos al servicio.
Tras acudir al restaurante y compartir un breve espacio con ambos mandos, el DAO habría indicado a la agente que lo trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior. Ya en el inmueble, la denunciante manifestó —según el escrito— su incomodidad y su deseo de marcharse.
El relato de la agresión y las presuntas coacciones
Una vez en el interior de la vivienda, el comisario principal habría servido dos cervezas e iniciado un acercamiento físico de naturaleza sexual que, de acuerdo con la querella, fue rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. Pese a esas negativas, el escrito sostiene que el mando comenzó una conducta agresiva caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechando la situación de aislamiento, su superioridad física y su posición jerárquica.
La denunciante afirma que la agresión incluyó penetración y que se prolongó hasta que logró zafarse y abandonar la vivienda oficial. Tras salir del domicilio, recogió el vehículo camuflado, regresó a la comisaría de Coslada para devolverlo y se dirigió después a su domicilio particular.
El relato no se detiene en ese episodio. La querella describe, a continuación, una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica” por parte del DAO, orientada —según la denunciante— a mantener el control sobre ella, minimizar la gravedad de lo sucedido, culpabilizarla e impedir que interpusiera denuncia. El escrito añade que se le habrían ofrecido compensaciones laborales como “precio del silencio”.
Asimismo, la agente sostiene que fue coaccionada no solo de forma directa por el querellado, sino también indirectamente por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos. Como consecuencia de la situación, se encuentra actualmente de baja psicológica, con retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.
La investigación que ahora arranca se enmarca en el ámbito competencial de los juzgados de violencia sobre la mujer, al tratarse de hechos que, según la querella, se habrían producido en el contexto de una relación afectiva previa. El juez instructor deberá determinar en las próximas semanas la verosimilitud de los indicios y el recorrido procesal de una causa que interpela no solo a la responsabilidad penal individual, sino también a las estructuras de poder y a los mecanismos internos de protección dentro de la Policía Nacional.
El 17 de marzo, el director adjunto operativo y la denunciante ofrecerán sus respectivas versiones ante el magistrado. Será el primer contraste judicial de un caso que coloca en el centro del debate la intersección entre violencia sexual, jerarquía institucional y cultura organizativa en uno de los cuerpos fundamentales del Estado.
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