“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

Una segunda mujer ha contactado con el abogado que representa a la inspectora de la Policía Nacional que denunció por presunta agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González. La comunicación se produce cuando la causa abierta en un juzgado de Madrid encara sus primeras diligencias y el ex alto mando está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo.

El letrado Jorge Piedrafita, que asumió la defensa de la primera denunciante el pasado diciembre, ha reconocido en declaraciones públicas que ha recibido el testimonio de otra agente que asegura haber sufrido un episodio similar. “Hola, yo también soy una víctima del DAO”, fue el mensaje con el que, según ha trascendido, se inició el contacto. Por ahora, no se han detallado los hechos relatados ni se ha confirmado si esta segunda mujer formalizará una denuncia.

La querella inicial fue presentada el 9 de enero y admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. En ella, la inspectora sostiene que el 23 de abril de 2025 fue forzada a mantener relaciones sexuales en un piso de Madrid por quien entonces era el máximo responsable operativo de la Policía Nacional. Según el escrito, los hechos se habrían producido tras una comida a la que asistieron González y otro comisario de su confianza. La denunciante afirma que fue instada a desplazarse en un “vehículo oficial camuflado” y que, posteriormente, en la vivienda oficial del mando, fue obligada a realizar actos sexuales contra su voluntad.

Como parte de la querella, la agente aportó un audio de unos 40 minutos grabado en el momento de los hechos. En esa grabación, según su versión, se la escucha decir en varias ocasiones que no. También presentó mensajes de WhatsApp y un listado de llamadas que, a su juicio, evidenciarían coacciones posteriores por parte del exDAO y de personas de su entorno para disuadirla de acudir a la justicia.

Protección a la denunciante

Todo el material probatorio ya se encuentra en sede judicial. El abogado de la inspectora ha solicitado al juez la “plena reserva” de los audios, listados de llamadas y capturas de mensajes, con el fin de que solo puedan ser consultados bajo la supervisión de la letrada de la Administración de Justicia. El objetivo es evitar nuevas filtraciones después de que la identidad de la denunciante circulara en chats internos del colectivo policial.

La difusión de su nombre provocó, según fuentes cercanas al caso, una situación de ansiedad que obligó a asignarle un dispositivo de escolta. La inspectora habría trasladado a su abogado su malestar por la pérdida de confidencialidad en una causa especialmente sensible, tanto por la gravedad de los hechos denunciados como por la posición que ocupaba el querellado dentro de la estructura policial.

José Ángel González dimitió como DAO tras hacerse pública la querella y formalizó posteriormente su jubilación. Había sido mantenido en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a encontrarse próximo a la edad de retiro, mediante una disposición adicional incorporada a un real decreto. Su declaración ante el juez marcará un primer hito procesal en una causa que ha sacudido a la cúpula de la Policía Nacional.

Inquietud en la cúpula policial

Según el abogado Piedrafita, además de la segunda agente, al menos otras tres policías en activo han contactado con él para exponer situaciones que califican de acoso por parte de miembros de la cúpula, desde comisarios hasta jefes superiores. El letrado estudia si esos relatos pueden traducirse en acciones judiciales.

En conversaciones internas, varias agentes cuestionan la eficacia de los protocolos de acoso cuando los señalados ocupan puestos de alta responsabilidad. Expresan desconfianza en los mecanismos internos y sostienen que quienes denuncian a mandos superiores pueden verse aisladas dentro de la organización.

El perfil de González era conocido en el cuerpo, según fuentes policiales consultadas, que describen comportamientos considerados “inapropiados” durante los años en que ejerció como director adjunto operativo. Esas valoraciones forman parte del contexto interno que ahora emerge, aunque será la investigación judicial la que determine la veracidad y alcance de los hechos denunciados.

El caso ha tenido también derivadas políticas. Este lunes, más de medio centenar de personas se concentraron frente al Ministerio del Interior en una protesta convocada por el sindicato Jupol para exigir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. La organización reclamó una “regeneración urgente” para preservar la credibilidad de la institución tras la renuncia del que era su máximo jefe operativo.

Jupol anunció además que pone sus servicios jurídicos a disposición de posibles víctimas dentro de la Policía y pidió revisar los “privilegios” de los mandos. Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso con la práctica de las primeras diligencias y a la espera de que se concrete si la segunda mujer que ha contactado con el abogado decide dar el paso de formalizar su denuncia ante los tribunales.