Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha dejado decenas de víctimas y ha provocado una grave alteración del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Mientras se investigan las causas del siniestro, los viajeros afectados y los familiares de las víctimas cuentan ya con un marco jurídico que regula sus derechos en materia de seguros, indemnizaciones, reembolsos y permisos laborales.

La investigación del accidente está siendo coordinada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes. Hasta que se determinen las responsabilidades, la normativa española y europea garantiza una serie de compensaciones automáticas para los afectados.

El Seguro Obligatorio de Viajeros

Todos los pasajeros de transporte público ferroviario están cubiertos automáticamente por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), incluido en el precio del billete. Este seguro protege a todos los viajeros con un título de transporte válido, a los menores exentos de pago y al personal ferroviario. En los casos en los que el billete se haya perdido o destruido durante el accidente, se puede presupone su existencia según las circunstancias.

El SOV cubre los daños corporales sufridos como consecuencia de choques, descarrilamientos, salidas de la vía, vuelcos, incendios, explosiones u otras averías del tren. Las indemnizaciones mínimas vigentes, actualizadas tras el garve accidente del Alvia en Angrois en 2013, alcanzan los 72.121 euros por fallecimiento, tanto si la muerte se produce en el momento del siniestro como en los 18 meses posteriores por secuelas del mismo. En el caso de lesiones, las cuantías oscilan entre 2.400 y 84.000 euros, en función de la gravedad y de las secuelas.

La normativa europea obliga a las compañías a realizar un pago a cuenta en un plazo máximo de 15 días desde la identificación de los beneficiarios. En caso de fallecimiento, ese anticipo no puede ser inferior a 21.000 euros. La indemnización completa del SOV suele abonarse en un plazo inferior a tres meses. Sin embargo, esta cobertura no excluye la posibilidad de reclamar indemnizaciones adicionales por otras vías.

Indemnizaciones adicionales por responsabilidad civil

Más allá del SOV, las víctimas pueden reclamar indemnizaciones por responsabilidad civil si se demuestra una falta de diligencia por parte de alguna de las empresas implicadas. En ese caso, se decidirá mediante un proceso judicial cuáles son las cuantías a cobrar por las víctimas. Para ello será necesario esperar a que se esclarezcan las causas del accidente y determinar si detrás del accidente existieron fallos mecánicos, errores humanos, deficiencias en el estado de las vías o problemas técnicos.

Las empresas ferroviarias están obligadas por ley a contar con seguros de responsabilidad civil. Normalmente, estas pólizas cubren los daños a viajeros, terceros e infraestructuras, aunque cuentan con límites máximos. Si un juez fija indemnizaciones por accidente superiores a esos límites, el responsable deberá responder con su propio patrimonio.

Los tribunales suelen tomar como referencia el baremo de accidentes de tráfico, que fija indemnizaciones de al menos 107.000 euros para el cónyuge de un fallecido y la misma cuantía para cada hijo menor. En los casos de grandes lesionados, las compensaciones pueden superar el millón de euros, teniendo en cuenta la pérdida de calidad de vida, la incapacidad laboral, los daños morales y los gastos futuros por dependencia. Estos procedimientos judiciales pueden prolongarse durante años, aunque en ocasiones las aseguradoras acuerdan adelantos mientras se resuelve el litigio.

Reembolsos y permisos laborales

Además de los daños personales a las víctimas y sus familias, el accidente ha provocado la cancelación y el retraso de varios de trenes que también ha afectado a usuarios de todo el país. Los viajeros afectados tienen derecho al reembolso del billete y a una compensación adicional. Las políticas comerciales de las compañías mejoran los mínimos legales: Renfe e Iryo abonan el 50% del billete cuando el retraso supera una hora y el 100% si excede los 90 minutos, mientras que Ouigo aplica el 50% a partir de media hora y el 100% desde los 90 minutos. La normativa exime de indemnización en casos de fuerza mayor, como fenómenos naturales o sabotajes, pero no cuando el retraso se debe a fallos técnicos, errores del personal o problemas de mantenimiento.

Por otra parte, la legislación laboral reconoce, desde finales de 2024, un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando resulte imposible acudir al trabajo por una situación de riesgo grave o catástrofe, aunque se recomienda consultar el convenio colectivo y los procedimientos internos de cada empresa. Además, los afectados pueden revisar otros seguros compatibles con las indemnizaciones ferroviarias, como pólizas personales de vida o accidentes, seguros de asistencia en viaje, coberturas asociadas a tarjetas bancarias o seguros de hogar con defensa jurídica.