El incremento descontrolado de poblaciones de fauna silvestre y cinegética ha puesto en alerta a agricultores y ganaderos. Conejos, ciervos, jabalíes y lobos, entre otras especies, están generando daños recurrentes en cultivos y explotaciones ganaderas en prácticamente todas las comunidades autónomas. Desde Asaja han señalado que no se trata de una problemática puntual ni localizada, sino de un fenómeno estructural que afecta a territorios con modelos productivos muy distintos.
Pese a las deferencias entre los cultivos y explotaciones ganaderas afectadas, el denominador común es el incremento de daños, marcado por la insuficiencia de las medidas adoptadas y la falta de una estrategia nacional coordinada. Por territorios, el lobo es el principal problema en la cornisa cantábrica y Castilla y León, mientras que en Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro la principal preocupación es el conejo. A nivel nacional, el jabalí y otras especies de caza mayor sigue siendo una constante.
Desde las distintas organizaciones agrarias han pedido una estrategia nacional coordinada, pese a que son conscientes de que las competencias en materia de fauna silvestre corresponden a las comunidades autónomas, pero ven una falta de homogeneidad en la aplicación de medidas, en los protocolos de indemnización y en los controles poblacionales.
El lobo y el conejo invaden las dos castillas
En el área rural de Asturias, Cantabria, Galicia y Catilla y León, el lobo se ha convertido en el principal foco de conflicto para la ganadería extensiva. Las cifras en estas comunidades reflejan miles de ataques anuales y un aumento progresivo del número de animales muertos. Asaja señala que, pese a que las comunidades autónomas asume el pago de las indemnizaciones, los retrasos en los abonos y una actualización insuficiente de baremos generan un perjuicio económico añadido.
Además, cuando el daño se produce en terrenos gestionados por cotos, en algunas zonas los ganaderos deben acudir a la vía judicial para cobrar. Esta situación se agrava cuando no es posible implementar medidas de control poblacional eficaces contra los daños de estos animales.
Por su parte, el conejo se ha convertido en el principal problema en Castilla-La Mancha, zonas del valle del Ebro, Navarra, Madrid y Aragón. En la primera, Asaja señala que cerca del 40% del territorio está declarado en emergencia cinegética. Los daños continúan aumentando y afectando a viñedos, plantaciones de cereal y plantaciones leñosas pese a la ampliación de periodos de caza, uso de hurones, capturaderos y otras modalidades.
En Navarra y Madrid la situación no es distinta. Los agricultores denuncian pérdidas reiteradas y costes elevados de vallado que resultan ineficaces a medio plazo, pese a que llevan más de dos décadas implementando medidas extraordinarias. Por ello, las asociaciones denuncian que las medidas actuales no están logrando reducir la población de conejo de manera efectiva.
El jabalí se expande por todo el territorio
En comunidades como Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Aragón, la expansión del jabalí y otras especies consideradas de caza mayor, como el ciervo y el corzo, es una constante. Según denuncian las asociaciones agrarias, las administraciones han flexibilizado al máximo los periodos y modalidades de caza, actualizando aguardos nocturnos y capturas en terrenos no cinegéticos pero la percepción es que estas medidas resultan insuficientes ante el crecimiento exponencial de las poblaciones.
Otro de los animales que preocupa en Cantabria y zonas de Castilla y León es el buitre. Los ganaderos denuncian sus ataques sobre ganado vivo, especialmente durante el parto, aunque estos casos son difíciles de acreditar administrativamente. Según alerta el sector, la eliminación de muladares tradicionales y los cambios en la gestión de subproductos animales han alterado el comportamiento de determinadas especies carroñeras.
Asaja ha puesto en el foco de la problemática la falta de coordinación nacional. El incremento de la cobertura forestal, el abandono rural y la reducción del número de cazadores son factores estructurales que influyen en el crecimiento de determinadas especies. Sin embargo, desde las asociaciones alertan de que las herramientas actuales no son suficientes para garantizar el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.
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