El año más duro de la Complutense: un préstamo condicionado, recortes que “afectan a la calidad de la universidad pública” y el caso de Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid, la más grande de España, ha protagonizado en 2025 uno de sus años más complicados en décadas. Su crisis financiera, la más grave desde hace tiempo, ha puesto en evidencia la fragilidad presupuestaria que arrastran las universidades públicas madrileñas desde la crisis de 2008.

Este contexto desembocó en una movilización docente y estudiantil durante noviembre de 2025, donde sindicatos y decanos se concentraron en la Puerta del Sol para exigir transparencia y un plan de financiación que garantice la calidad docente y los servicios esenciales. En un manifiesto al que tuvo acceso Infobae, los 26 decanos defendieron que “las universidades públicas somos el corazón del conocimiento, la investigación y la formación superior” y advirtieron de que “defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto”. El documento subraya además el papel de la Complutense como ascensor social, al permitir el acceso a una educación de alta calidad “independientemente de la situación socioeconómica del estudiantado”.

La respuesta institucional llegó días después. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, aprobó un préstamo de 34,5 millones de euros para garantizar el pago de nóminas y obligaciones inmediatas, pero condicionado a estrictas medidas de ajuste y contención del gasto. El consejero de Educación, Emilio Viciana, advertía en una carta dirigida al rector Joaquín Goyache de que la universidad debía presentar “medidas reales y efectivas de contención del gasto” para poder recibir el crédito.

Desde el rectorado, sin embargo, se rechaza el término “rescate” y se insiste en que la Complutense “no se encuentra en una posición singular, sino dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas”, una idea que también aparece reflejada en el manifiesto de los decanos, donde se alerta de una infrafinanciación estructural que compromete la viabilidad del sistema universitario público.

Un préstamo que no soluciona todo

Aunque el préstamo garantizó la paga de diciembre para los más de 11.400 empleados de la UCM, no es gratuito. Los informes del Consejo de Gobierno advierten de que la devolución del capital más los intereses supondrá un coste adicional de 4,4 millones de euros, reduciendo los recursos disponibles para inversión y renovación de infraestructuras durante los próximos ejercicios.

El Plan Económico-Financiero (PEF) 2025-2028, aún pendiente de aprobación definitiva, marca una política de austeridad prolongada. Incluye una retención lineal del 35% en los presupuestos de los decanatos y un aumento de la comisión sobre los másteres y títulos propios, del 15% al 20%. Según Goyache, “las facultades que más dinero generen por su cuenta pagarán una parte mayor para cubrir el agujero común”. El objetivo es reducir un déficit que alcanzó los 33,19 millones de euros en 2024 y lograr el equilibrio presupuestario en 2028, tras varios recortes progresivos.

Los decanos opinan que esta estrategia amenaza el modelo construido durante décadas. En su manifiesto, señalan que “los recursos económicos son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que caracterizan a la universidad pública, tanto en docencia como en investigación y transferencia”, y reclaman un plan de financiación plurianual que permita sostener la excelencia académica.

Infraestructuras y servicios bajo presión

La crisis no se limita a los presupuestos. Algunos de los edificios más emblemáticos de la UCM, como el Edificio Principal de Ciencias de la Información y la Biblioteca de Derecho, carecen de sistemas completos de detección y alarma contra incendios. Para solucionarlo, la universidad ha licitado una reforma integral por 1,5 millones de euros, con un plazo estimado de ejecución de 17 semanas.

Otros servicios básicos también se han visto afectados por la racionalización del gasto. El traslado de cuerpos para fines educativos en el Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección tendrá un coste de 265.000 euros hasta 2026, con tarifas escalonadas según la distancia. Desde el rectorado se defiende que se trata de gastos imprescindibles, algo que también se indica en el manifiesto de los decanos, donde se recuerda que la Complutense mantiene infraestructuras científicas, bibliotecas y servicios “esenciales para el conjunto de la sociedad”.

Investigación y docencia en pausa

La austeridad también ha golpeado a la investigación. En 2025, el Plan Propio de Investigación y Transferencia ha suspendido ayudas a grupos de investigación y congelado convocatorias de innovación docente, obligando a los equipos a depender de financiación externa.

En el manifiesto leído en la Puerta del Sol el 18 de noviembre, los decanos alertaron de que “una parte muy elevada de la investigación que se realiza en España se lleva a cabo en universidades públicas” y que su debilitamiento compromete la generación de conocimiento y la transferencia a la sociedad. Los sindicatos CCOO, UGT y CGT comparten esa preocupación y advierten de que la creciente dependencia del capital privado puede orientar la investigación hacia intereses comerciales, relegando el enfoque social y educativo. A ello se suma la limitación en la contratación de personal administrativo, que ha complicado la gestión interna de facultades y departamentos.

El caso Begoña Gómez

En paralelo a la crisis financiera, la UCM se vio salpicada por el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, relacionado con presuntas irregularidades en proyectos y cátedras vinculados a la universidad. Entre 2023 y abril de 2024 comenzaron las primeras denuncias sobre su actividad académica, y en octubre de 2024 la Complutense decidió no renovar la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía.

El 7 de octubre de 2025, la universidad se personó como perjudicada en la causa por posibles daños económicos. Ese mismo mes, la Fiscalía de Madrid señaló que no apreciaba ingresos “sospechosos” entre los percibidos por Gómez entre 2012 y 2022, aunque la investigación sigue abierta en algunos aspectos.

Otras universidades en alerta

La situación de la Complutense ha encendido las alarmas en otras universidades públicas madrileñas. El consejero Emilio Viciana reconoció que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) también enfrenta dificultades financieras y ha adoptado medidas de contención, como el aumento de la carga docente o el aplazamiento de obras, para evitar un escenario similar.

Mientras tanto, los decanos de la Complutense insisten en que el problema no es coyuntural, sino estructural. Y advierten de que sin una financiación adecuada y un compromiso institucional sostenido, el modelo de universidad pública que ha funcionado como motor de conocimiento, igualdad y progreso corre el riesgo de deteriorarse de forma irreversible: “Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra sociedad”, concluye el manifiesto.