
La Unión Europea ha movido sus fichas sobre el tablero geopolítico y las ha situado sobre el continente americano, que afronta a su manera las relaciones con China y Estados Unidos, cada una con sus intereses propios en la región. El bloque europeo ha dedicado los últimos años a afianzar relaciones comerciales que lo liberen de la dependencia estadounidense y china, llegando a firmar acuerdos con la India, Australia o Nueva Zelanda.
En el continente americano, el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras más de 26 años de negociaciones ha sellado una relación que para España va más allá de lo económico, con similitudes culturales e idiomáticas. El pacto entró en vigor -de manera provisional- el 1 de mayo de 2026, con reducción de aranceles, acceso a servicios y contratación pública.
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De manera general, el acuerdo facilita a las empresas europeas el acceso a un mercado de 273 millones de consumidores, donde los Estados de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) liberalizarán el 91% de sus importaciones desde la UE y la Unión hará lo mismo con el 92% de sus importaciones desde Mercosur. Además, se estima que el ahorro arancelario para las exportaciones europeas ascienda hasta los 4.000 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponderán a España.
Además, el acuerdo comercial ofrece beneficios arancelarios que favorecen a los sectores agroalimentarios e industriales europeos, para los que se han establecido mecanismos de salvaguardias y un apoyo de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. También se protegen un total de 59 indicaciones Geográficas españolas para garantizar la diferenciación comercial y el valor añadido en un mercado exigente.
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Un acuerdo histórico con Mercosur
Para el sector agroalimentario, el pacto representa una oportunidad que beneficiará principalmente a España con ventajas para productos de gran importancia para la nación, como el aceite de oliva, el vino, productos porcinos, frutos u hortalizas. En concreto,. el aceite de oliva eliminará progresivamente sus aranceles en 15 años, registrando actualmente un gravamen del 9% en Brasil, Uruguay y Paraguay y un 31,5% en Argentina.
El vino embotellado, que actualmente tiene un gravamen del 20% al 35% quedará liberado en un periodo de ocho años. Los productos porcinos, que cuentan con impuestos del 10%, quedarán liberados desde la entrada en vigor del acuerdo, al igual que las frutas y la cebolla. El queso, por su parte, que cuenta con aranceles de entre 16% y 28%, aumentará su exportación hasta las 10.000 toneladas, eliminando sus aranceles en un periodo de diez años.
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Del otro lado, el acuerdo comercial recoge un aumento en las exportaciones de vacuno del Mercosur de hasta 99.000 toneladas al año, en un periodo de seis años. Para ave de corral esta exportación subirá hasta las 180.000 toneladas, mientras que también aumentan las exportaciones de productos como el azúcar de Brasil, el arroz, el etanol o la miel.
América Latina como potencia de recursos verdes
La transición hacia energías limpias y la digitalización intensiva han creado un nuevo tipo de dependencia: la de los minerales críticos. Informes de la Agencia Internacional de Energía y centros de estudio europeos prevén que, de aquí a 2035, la demanda de cobre supere la oferta en alrededor de un 30% y la de litio lo haga en torno a un 40%, impulsada por el despliegue masivo de vehículos eléctricos, almacenamiento energético y redes eléctricas inteligentes. La llamada “economía verde” es, en realidad, intensiva en minería: requiere grandes volúmenes de litio, cobalto y níquel para baterías, cobre para infraestructuras eléctricas, tierras raras para imanes de turbinas eólicas y motores de alta eficiencia, y otros metales para componentes electrónicos.
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En este mapa, América Latina se sitúa como uno de los principales reservorios mundiales de estos insumos. El llamado triángulo del litio, formado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra más de la mitad de las reservas conocidas de este mineral, mientras que Chile y Perú aportan juntos aproximadamente un tercio de la producción mundial de cobre, un metal que tanto la UE como Estados Unidos clasifican ya como crítico para la transición energética. Brasil, por su parte, dispone de las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, solo por detrás de China y Vietnam, además de importantes depósitos de niobio y otros minerales estratégicos.
Esta abundancia, sin embargo, no se ha traducido históricamente en una posición ventajosa en las cadenas globales de valor. Estudios recientes muestran que alrededor del 80% de las exportaciones latinoamericanas a China son materias primas y productos de bajo procesamiento, mientras que la región importa de Pekín sobre todo manufacturas de tecnología media y alta. Algo similar ocurre, aunque en menor medida, con Estados Unidos y la UE. América Latina sigue ocupando principalmente el rol de proveedor de commodities en cadenas dominadas por actores externos, que capturan la mayor parte del valor añadido en las fases de procesamiento, manufactura y diseño tecnológico.
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La novedad es que, con la urgencia climática y la carrera tecnológica, ese rol periférico adquiere ahora un peso geopolítico extraordinario. La disputa por el control de los minerales críticos ha convertido a América Latina en un “tablero geoeconómico” donde se cruzan inversiones, diplomacia y estrategias de seguridad nacional, como sintetiza un análisis publicado en la prensa chilena. La cuestión clave para la próxima década será si la región logra traducir su ventaja geológica en una ventaja estratégica, con más valor agregado, diversificación de socios y mejores estándares socioambientales, o si se consolida un nuevo ciclo de atractivísimo intensivo bajo la presión combinada de China, Estados Unidos y, ahora también, la Unión Europea.
Europa, adicta a los minerales chinos
La posición de la UE es más frágil que la estadounidense y la china desde el punto de vista de recursos naturales. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo describe a Europa como “adicta” a los minerales chinos: el gigante asiático suministra el 97% de las tierras raras que importa la UE, además de dominar el refinado de una amplia gama de materias críticas necesarias para la transición energética. La mayoría de los minerales esenciales para los objetivos climáticos y digitales europeos se extraen y procesan fuera del bloque, y el suministro se concentra a menudo en uno o pocos países, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a shocks geopolíticos o comerciales.
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En respuesta, Bruselas ha situado la seguridad de las materias primas fundamentales en el centro de su política industrial y energética. América Latina ocupa un lugar destacado en esta agenda, tanto por su dotación de cobre, litio y tierras raras como por sus afinidades políticas y normativas con Europa. Este giro se traduce en dos grandes líneas de actuación. La primera es el cierre de acuerdos comerciales que mejoren el acceso a mercados y creen marcos de cooperación sobre desarrollo sostenible, clima y derechos laborales.
La segunda línea es la creación de asociaciones estratégicas específicas sobre cadenas de valor de materias primas críticas, que combinan compromisos políticos, cooperación técnica y apoyo financiero para desarrollar proyectos mineros y de procesamiento bajo estándares ambientales elevados. El Memorando de Entendimiento entre la UE y Chile sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas, firmado en 2023 y operacionalizado mediante una hoja de ruta con proyectos lanzados en 2024 y 2025, es el ejemplo más avanzado de esta aproximación.
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Lazos comerciales con América Latina y el Caribe
Según la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, la UE mantiene acuerdos de asociación, comerciales, políticos y de cooperación con 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe, lo que convierte esta relación en una de las redes más densas de acuerdos birregionales del mundo. Estos instrumentos incluyen acuerdos de asociación con México, Chile, la Comunidad Andina (a través del acuerdo multipartes con Colombia, Perú y Ecuador), Centroamérica y el Caribe, así como acuerdos de libre comercio con países individuales como Costa Rica (en el marco centroamericano) o tratados de inversiones con otros socios.
En el caso de México, desde el año 2000 existe una zona de libre comercio con la UE que abarca actualmente cerca de 600 millones de personas, y que se enmarca en un Acuerdo Global de naturaleza amplia, con pilares comerciales, políticos y de cooperación. Con Chile, la UE firmó en 2002 un Acuerdo de Asociación que incluye un componente comercial robusto, posteriormente complementado por memorandos de entendimiento y, más recientemente, por una Asociación Estratégica sobre materias primas críticas firmada en 2023. En el ámbito andino, el Acuerdo Comercial multipartes con Colombia y Perú se negoció en 2010, se aplica provisionalmente desde 2013 y se amplió a Ecuador en 2017, configurando un espacio de libre comercio progresivo con estos tres países.
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Centroamérica, por su parte, está vinculada a la UE a través de un Acuerdo de Asociación región a región que se firmó en 2012 y cuyo pilar comercial se aplica desde 2013; este acuerdo se convirtió en pleno en 2024, al entrar en vigor todos sus pilares, incluido el de diálogo político y cooperación. Además, la UE mantiene un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Caribe y un conjunto de acuerdos de alcance parcial o preferencias unilaterales con otros países latinoamericanos, aunque estos últimos no son el foco principal en la fase 2025–2026.
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