Encierros, piquetes y huelga: las universidades públicas de Madrid se plantan contra la ley de Ayuso que “recorta financiación y libertad de expresión”

Fue el 24 de enero de 2023 cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cruzó las puertas de la que había sido su facultad para ser nombrada Alumna Ilustre. Allí, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la recibieron las máximas autoridades del centro, entre ellos, el rector Joaquín Goyache. Las caras de felicidad e ilusión, incluso de la propia Ayuso, contrastaban con la realidad que se vivía en el exterior, donde cientos de alumnos se agolpaban para mostrarse contrarios no solo a la distinción concedida a la presidenta, sino también a su mera presencia. Dos años después, es la dirección de la UCM la que le da la razón a sus alumnos. En la apertura de curso, que tuvo lugar a principios de octubre, un Goyache no tan sonriente ponía el foco durante su discurso en la escasez de recursos que enfrentaban todas las universidades públicas y que no pilla con los brazos cruzados a sus miembros.

El resultado del enfado, ante lo que denuncian como “la asfixia de la universidad pública”, ha derivado en la convocatoria una huelga que ha movilizado a la comunidad universitaria de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para este miércoles y el jueves. La protesta, que ha sido impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas, cuenta con el respaldo legal de los sindicatos CCOO, CGT, CNT y UGT, quienes han dado cobertura a la iniciativa conforme a la legislación vigente y están convocados estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS).

Desde la organización, señalan la huelga responde a dos motivos principales: la infrafinanciación crónica de las universidades públicas madrileñas y el rechazo a la nueva propuesta de ley de universidades de la Comunidad de Madrid, la LESUC. Según la Coordinadora, la inversión en educación universitaria pública en la región no alcanza el 0,4% del PIB, muy por debajo del objetivo del 1% fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Además, conforme denuncian en un comunicado, Madrid es la comunidad autónoma que menos presupuesto destina por estudiante y la segunda con las tasas más elevadas del país. Esta situación, según han denunciado, se traduce en aulas deterioradas, falta de recursos materiales, personal insuficiente y contratos precarios.

La nueva ley LESUC, en el centro de la polémica

La LESUC, la nueva ley de universidades propuesta por la Comunidad de Madrid, ha sido otro de los detonantes de la huelga. La Coordinadora ha advertido de que esta normativa “recorta financiación, autonomía y libertad de expresión en los campus; además de favorecer las iniciativas privadas”. Entre las medidas más controvertidas que contemplan algunos borradores de la LESUC, se encuentran multas de hasta 300.000 euros por participar en manifestaciones en las facultades o de 25.000 euros por colgar una pancarta, llegando incluso a sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones calificadas como muy graves. Además, la ley introduce el concepto de “faltar al decoro institucional” como motivo de sanción, una definición que la Coordinadora considera excesivamente abstracta.

Por otro lado, la LESUC promueve un modelo de financiación basado en objetivos e incentiva la captación de recursos privados, lo que, según los convocantes, genera incertidumbre sobre la suficiencia de la financiación pública y pone en riesgo la supervivencia de áreas de conocimiento o centros que no sean rentables a corto plazo. También se ha criticado la asimetría entre universidades públicas y privadas, ya que a las primeras se les exigen más requisitos, especialmente en materia de investigación, mientras que las privadas tendrían menos obligaciones para impartir los mismos grados, lo que, a juicio de la Coordinadora, supone una competencia desleal y debilita la posición de las universidades públicas.

Impacto de la LESUC en los diferentes colectivos universitarios

El estudiantado, según la información difundida por la Coordinadora, se verá afectado por una menor financiación, lo que implicará instalaciones en peores condiciones, mayor competencia para acceder a titulaciones y menos oportunidades de movilidad internacional, como el programa ERASMUS. La nueva ley dedica únicamente tres artículos a los estudiantes, a pesar de su papel central en la universidad, y en materia de becas, la Comunidad de Madrid se limita a comprometerse a contribuir al establecimiento de ayudas, sin asumir el papel de garante principal.

En cuanto al PTGAS, la Coordinadora ha señalado que la LESUC apenas menciona a este colectivo, limitándose a cuestiones administrativas menores y sin reconocer su valor esencial. La falta de financiación podría traducirse, advierten, en reducción de plantilla o la no cobertura de vacantes.

El personal docente e investigador también se enfrenta a un panorama complicado. La escasez de recursos dificultará la creación y renovación de plazas, lo que podría bloquear la promoción profesional y perpetuar la precariedad. Además, la ley fija para el profesorado asociado un límite de 120 horas por universidad, en lugar del máximo global de 120 horas que establece la legislación básica, lo que, según la Coordinadora, supone un nuevo agravio. La sobrecarga de trabajo y la falta de plazas vacantes podrían impedir que quienes desean dedicarse a la docencia e investigación puedan desarrollar su carrera profesional.

Movilizaciones y efectos legales de la huelga

Durante los días de huelga, se han programado dos actos principales: una concentración ante la Consejería de Educación este miércoles a las 15:30 y una manifestación que partirá de Atocha el jueves a las 18:00. Además, en los campus universitarios se han organizado actividades previas como encirrros, que ya comenzaron durante la pasada jornada, piquetes y pasacampus. En cada universidad y facultad habrá actuaciones, según detallan.

En el plano legal, detallan, la huelga está oficialmente convocada para el personal de todas las universidades públicas, con independencia de su relación laboral, y el derecho a secundarla está protegido constitucionalmente. Para el estudiantado, en aquellas universidades donde el paro académico está regulado, todas las actividades evaluables han sido canceladas. En los centros donde no existe esta regulación, todo el alumnado está igualmente llamado a la huelga. En el caso concreto de la Universidad Politécnica de Madrid, la Delegación de Alumnos no ha convocado el paro académico por falta de normativa, aunque ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones.