Los decanos de la Complutense cargan contra Ayuso por el “maltrato financiero”: “Defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad”

A dos días de la huelga general de decanos, los 26 máximos responsables de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han lanzado un manifiesto sin precedentes para denunciar la “infrafinanciación estructural” que sufre la universidad pública madrileña y alertar del riesgo que supone la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “Defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto”, afirman los responsables de las facultades en el documento al que ha tenido acceso Infobae España.

El texto sostiene que la defensa de la universidad pública es inseparable del futuro social, democrático y económico de la región. Los decanos denuncian la situación de precariedad financiera en la que se encuentra la Complutense y la ausencia de consenso en la elaboración de la nueva ley universitaria autonómica.

La Complutense, referente académico y “ascensor social”

La universidad, la más vieja de España, reivindica en el manifiesto el papel central de la UCM como motor de conocimiento, investigación y formación superior. Con una comunidad universitaria que supera las 80.000 personas, los decanos destacan que la institución aparece “año tras año en prestigiosos ránquines nacionales e internacionales” y se ha consolidado como “referencia nacional e internacional” en el ámbito académico y científico.

Entre las claves de su excelencia, subrayan “la perseverancia por ofrecer siempre el más alto nivel de formación en grado, máster y doctorado”, así como “la transcendencia de la investigación, vinculada a sus grupos y materializada en numerosas e importantes publicaciones y revistas científicas”. La UCM figura en el puesto 41 del mundo en empleabilidad, según el QS World University Rankings 2025, el mejor resultado de España, y cuenta con una de las mayores bibliotecas universitarias del país, con más de tres millones de volúmenes.

Los decanos insisten en el papel igualador de la universidad pública como “ascensor social esencial”, porque “ofrece una formación de alta calidad al alcance de todas las personas y convierte el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso”.

La denuncia principal del manifiesto es económica. “Los recursos que maneja la UCM son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que la caracterizan, tanto en docencia como en investigación y transferencia”, señalan los decanos en la carta. La situación se ha agravado desde el recorte del 35% aprobado en julio de 2024, que dejó a la universidad al borde del colapso financiero.

La Complutense ha tenido que solicitar un préstamo de 34,5 millones de euros para pagar nóminas y proveedores y afrontará tres años de ajustes. Los responsables académicos reclaman “un plan realista de financiación plurianual que garantice el nivel de excelencia que deseamos para la universidad pública”.

Recuerdan que el precio público de las matrículas cubre solo una fracción del coste real de la formación superior y que corresponde a las administraciones asegurar que el acceso no dependa de la situación económica de las familias.

Movilización en Sol y huelga universitaria

La movilización, que comenzará este jueves y culminará el viernes con los decanos concentrados en la Puerta del Sol para denunciar la “infrafinanciación de los centros públicos”. El manifiesto que se leerá en Sol reclamará reforzar el diálogo con las administraciones, garantizar financiación suficiente y mejorar las condiciones de estudiantes, docentes e investigadores, así como del personal de administración y servicios.

Por su parte, un día antes de la protesta, Ayuso se reunirá con los decanos en lo que el Gobierno define como una “reunión de trabajo habitual”. Sin embargo, la tensión no parece disminuir: el 26 y 27 de noviembre hay convocada una huelga general universitaria para denunciar que Madrid destina menos del 0,5% del PIB a sus universidades públicas, cuando la ley marca el 1%.

“Este modelo de universidad que hemos logrado no es fruto de la casualidad, sino del compromiso sostenido en el tiempo”, concluyen los decanos. Y advierten que sin una respuesta política inmediata, el riesgo es claro: la universidad pública puede dejar de ser el gran igualador social que ha sido durante décadas.