El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en 2017 ha quedado en suspenso, al menos hasta el próximo lunes. La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido aplazar la vista después de más de cuatro horas de debate jurídico centrado en las cuestiones previas planteadas por las defensas, un trámite técnico que, en este caso, puede resultar decisivo para el futuro del procedimiento.

La sesión, celebrada este jueves, ha reunido a los abogados de los once investigados, a los representantes de las siete acusaciones populares y a la fiscal del caso, Begoña García Boró. Sobre la mesa han quedado asuntos de calado: desde la posible prescripción del delito que se atribuye a David Sánchez hasta la nulidad parcial de actuaciones respecto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

Ha sido el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, quien ha anunciado la suspensión temporal del juicio al término de la jornada. El magistrado ha explicado que las cuestiones planteadas requieren “estudio” y “maduración” antes de que el tribunal adopte una decisión. La sala volverá a reunirse el lunes, 1 de junio, a las 9.30 horas para resolver esas cuestiones previas y decidir si el juicio continúa en los términos previstos.

Si no hay cambios, las declaraciones testificales arrancarán ese mismo lunes y se prolongarán durante tres jornadas, en sesiones de mañana y tarde. Después llegarían los interrogatorios de los acusados y, finalmente, los informes de las partes. El calendario, no obstante, sigue pendiente de lo que decida ahora el tribunal.

Antes incluso de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, la sala ha despejado uno de los asuntos que sobrevolaban la vista: la recusación presentada por algunas defensas. Los abogados cuestionaban la imparcialidad del tribunal, aunque el presidente ha rechazado esa petición al considerar que no se había aportado ninguna causa nueva respecto a las ya analizadas anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El presidente de la sala ha sido especialmente contundente en este punto. Ha defendido la imparcialidad de la sala y ha asegurado que el tribunal actúa únicamente bajo “el imperio de la ley”, una afirmación con la que ha tratado de zanjar las dudas planteadas por algunas defensas sobre el desarrollo del procedimiento.

La clave del debate: si el presunto delito de David Sánchez ha prescrito

Buena parte de la sesión ha girado alrededor de una cuestión concreta: si el delito de aceptación de nombramiento ilegal atribuido a David Sánchez puede seguir juzgándose o, por el contrario, ya ha prescrito.

La posición de la fiscal ha resultado especialmente relevante porque ha respaldado el argumento de la defensa del hermano de Pedro Sánchez. Según ha expuesto García Boró, el delito que se le atribuye está castigado únicamente con una pena de multa de tres a ocho meses y, por tanto, debe considerarse un delito leve cuya prescripción se produce al año.

La representante del Ministerio Público sostuvo además que el propio escrito de acusación separa claramente la conducta atribuida a David Sánchez del resto de delitos investigados en la causa, como la prevaricación administrativa o el nombramiento ilegal. A su juicio, la acusación sitúa a David Sánchez exclusivamente como autor del delito de aceptación del nombramiento y no como participante en las decisiones administrativas previas.

Ese matiz es importante porque, según ha argumentado la fiscal, no existe una conexión material suficiente entre ambos hechos como para entender que forman parte de una misma continuidad delictiva. “Son dos supuestos diferentes, si bien uno consecuencia de otro”, ha resumido durante su intervención.

Con ese razonamiento, García Boró ha defendido que el delito atribuido a David Sánchez debería quedar fuera del juicio por haber prescrito, una tesis que ahora tendrá que valorar la Audiencia Provincial.

Las defensas también han cuestionado la forma en la que se ha desarrollado la investigación judicial, llegando a hablar de una posible “investigación prospectiva”. La fiscal ha rechazado de plano esa interpretación y defendido tanto la legalidad de las diligencias practicadas como la actuación de la jueza instructora, Beatriz Biedma. También ha avalado la incorporación al procedimiento de los correos electrónicos analizados durante la instrucción.

La situación de Gallardo y la “acusación sorpresiva”

Otro de los focos de la jornada ha estado en la situación procesal de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, especialmente en relación con la supuesta creación de un puesto para Luis Carrero, exasesor de Moncloa.

En este punto, la fiscal ha vuelto a coincidir parcialmente con la defensa. García Boró ha considerado que existe un problema procesal porque Gallardo no habría sido investigado formalmente por esos hechos concretos antes de que aparecieran recogidos en el escrito de acusación.

Según ha explicado, aunque el exdirigente provincial sí declaró durante la instrucción, nunca lo hizo específicamente en calidad de investigado por la creación de ese puesto. Para la fiscal, eso supone una “acusación sorpresiva y extemporánea” que habría limitado su derecho de defensa.

La representante del Ministerio Público ha sostenido que nadie puede llegar a juicio sin haber adquirido previamente la condición formal de investigado respecto a los hechos que se le imputan. Por ello, ha pedido una “nulidad parcial” del auto de apertura de juicio oral en todo lo relacionado con esa acusación concreta.

La fiscal también ha salido en defensa de la magistrada instructora frente a las sospechas planteadas por algunas defensas sobre su imparcialidad. García Boró ha asegurado no tener “ninguna duda” sobre la objetividad de Beatriz Biedma y ha dicho no entender las sospechas introducidas “en este momento procesal”.

Mientras tanto, el procedimiento queda ahora pendiente de una decisión clave de la Audiencia Provincial de Badajoz. El tribunal deberá resolver en los próximos días si parte de las acusaciones decae antes siquiera de entrar en el fondo del asunto o si, por el contrario, el juicio continúa íntegramente tal y como estaba previsto.