La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar por cinco años la ley que permite legalizar inmuebles adquiridos a PROCADES, cuyos compradores no recibieron en su momento las escrituras de sus viviendas.
La iniciativa, promovida por la Presidencia de la República por medio de la ministra de Vivienda, Michelle Martha Sol, busca extender la vigencia de la normativa hasta el 12 de octubre de 2031. La ley actual vence el próximo 11 de octubre.
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El proyecto permitirá al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), entidad estatal de crédito habitacional, continuar con la transferencia en donación de los inmuebles a las familias que pagaron total o parcialmente su valor a la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). También permitirá solicitar el desembargo de propiedades que no fueron adjudicadas a la institución.
96 inmuebles pendientes de regularización
Representantes de FONAVIPO expusieron ante los diputados que el caso se remonta a 1998, cuando PROCADES incumplió obligaciones financieras con la institución. Durante el proceso judicial para recuperar la deuda, FONAVIPO encontró que varios inmuebles embargados ya habían sido vendidos a familias, aunque la asociación no había formalizado las escrituras correspondientes.
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La situación abarca 245 lotes distribuidos en 12 comunidades del país, ubicadas en municipios de San Vicente, La Libertad, Usulután, La Paz y San Salvador, según explicó Carlos Daniel Ayala, representante de la unidad jurídica de FONAVIPO y delegado del Ministerio de Vivienda durante la sesión.
“De estos 245 inmuebles que en principio teníamos para ser entregados en donación, todavía faltan 96 inmuebles para ser entregados”, afirmó Ayala ante la comisión al justificar la necesidad de ampliar el plazo de vigencia de la ley especial.
La normativa fue aprobada el 5 de octubre de 2021 y publicada seis días después. Desde entonces, FONAVIPO informó que 149 familias ya recibieron sus instrumentos legales y cuentan con escrituras inscritas a su nombre.
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El proyecto de decreto menciona que alrededor de 95 familias aún requieren un plazo adicional para completar los requisitos y acceder a la legalización de los inmuebles. La diferencia de un caso respecto de la cifra expuesta por FONAVIPO durante la comisión no fue explicada en la sesión.
Gestiones pendientes para completar las transferencias
Karla Urrutia, jefa de la Unidad de Contribuciones y Gestión Social de FONAVIPO, indicó que varias familias ya recibieron sus expedientes para continuar con la formalización de las escrituras mediante abogados particulares. También señaló que existen lotes con dificultades legales, entre ellos casos en los que murió el adjudicatario y los familiares deben completar procesos de cesión de derechos.
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El dictamen, aprobado por unanimidad, sostiene que la ampliación del plazo permitirá que las instituciones y las familias completen las gestiones registrales, judiciales y administrativas pendientes sin que caduque la normativa especial.
La propuesta establece que la prórroga entrará en vigencia el 12 de octubre de 2026, previa publicación en el Diario Oficial. El texto deberá pasar al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.
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