La inscripción de candidaturas obligará a los partidos políticos a reactivar sus bases en El Salvador

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, sostuvo que los partidos políticos de El Salvador deben reactivar sus bases territoriales ante un deterioro de su respaldo ciudadano que, según su evaluación, se arrastra desde 2015.

La convocatoria para las elecciones de 2027 obliga a las organizaciones a movilizar nuevamente a su militancia para inscribir candidaturas y cubrir la estructura electoral.

Cardoza afirmó que la pérdida de apoyo no es reciente y que se ha reflejado tanto en la membresía partidaria como en el respaldo popular. “Hemos visto cómo han venido desde hace ya unos diez, doce años, cómo ha venido su membresía y su apoyo, su respaldo popular, cómo ha venido para abajo, en decadencia”, dijo durante la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión.

El exfuncionario, que integró el Tribunal Supremo Electoral desde 2015, señaló que cada proceso electoral produce una reactivación transitoria de las estructuras locales. Los partidos vuelven a buscar a sus dirigentes y bases, a quienes no mantienen necesariamente movilizados fuera de los períodos de campaña.

La apertura formal del proceso electoral marca el comienzo de la inscripción de candidatos, un paso que exige a los partidos presentar sus planillas y la documentación que acredite la realización de sus elecciones internas. El plazo para registrar candidaturas vence el 19 de noviembre.

La convocatoria también activa la preparación de la campaña electoral, prevista para los cuatro meses previos a los comicios. Sin embargo, antes de promover candidatos, los institutos políticos deberán reconstruir la red humana que permite operar una elección en todo el país.

El Tribunal Supremo Electoral solicitará a cada partido los nombres de sus representantes ante las juntas electorales departamentales y municipales, así como de quienes trabajarán en las Juntas Receptoras de Votos y ejercerán funciones de vigilancia.

Para Cardoza, esa exigencia obliga a recuperar vínculos con líderes locales y ciudadanos que puedan incorporarse a la organización electoral.

“Eso es una estructura que el partido necesita reactivarla”, explicó. A su juicio, las agrupaciones deben volver a sus bases para identificar a las personas que participarán en las tareas de representación y control del proceso.

La competencia, agregó, dependerá finalmente de los candidatos que se inscriban, pues todavía no se conoce quiénes integrarán la contienda.

Las reglas, señaló, se mantienen, pero el escenario político cambió: antes existían dos partidos grandes con posibilidades de competir en condiciones más equilibradas; ahora hay organizaciones más pequeñas y una fuerza con mayor capacidad que las demás.

Un padrón de 6.5 millones y una nueva circunscripción exterior

La elección del 28 de febrero de 2027 convocará a un padrón de 6.5 millones de personas. De ese total, 982,000 son salvadoreños residentes en el exterior, mientras que más del 50 % del electorado está compuesto por mujeres.

Los comicios definirán 582 cargos públicos: presidente y vicepresidente de la República, 60 diputados propietarios y 60 suplentes, 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 179 suplentes. La elección legislativa incorporará además una decimoquinta circunscripción para la diáspora, que elegirá seis diputados.

Cardoza consideró que el nuevo calendario, surgido tras la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial y extendió el período presidencial de cinco a seis años, ordena los ciclos electorales. Los diputados y alcaldes conservarán períodos de tres años, por lo que habrá elecciones de esos cargos a mitad del mandato presidencial.

Esa votación intermedia podría funcionar como una evaluación ciudadana del desempeño del Gobierno, según el exmagistrado. “En cada elección el pueblo está auditando a su gobernante, le está diciendo si está de acuerdo o no con el trabajo cada vez que la población se pronuncia”, afirmó.

También advirtió que, una vez convocadas las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral debe ser reconocido como la máxima autoridad en la materia.

Cardoza recordó que en procesos anteriores decisiones judiciales y cambios de reglas cercanos a la votación complicaron la planificación, como ocurrió con la implementación del voto cruzado y la definición del valor de las fracciones de voto.