En 2017, nueve años después de la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) dictó sentencia a favor del grupo español Marsans y condenó al Estado nacional a desembolsar USD 320 millones de dólares en concepto de indemnización. El país pidió la anulación y hoy esa medida fue rechazada, por lo que la condena y la multa quedaron firmes.
Igual, la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, va a apelar, pero se estima que la multa deberá ser pagada de todos modos.
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"La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas", cerró la sentencia según el fallo. En total, USD 320,7 millones.
En su momento, los abogados de Cambiemos argumentaron que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido "un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda. Acá hubo una defensa negligente que hemos heredado del pasado, pero queda todavía un último recurso de revisión a presentar".
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Cuando la empresa aérea pasó a manos del Estado –algo que se aprobó en el Congreso– hubo discusiones por el precio. El Tribunal de Tasaciones de la Nación dijo entonces que tenía un valor negativo de USD 832 millones. Marsans decía USD 600 millones. "Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa", explican ahora desde el Gobierno.
Julio Alak fue el primer presidente de la empresa y lo sucedió Mariano Recalde. El juicio empezó en marzo de 2014 y los defensores locales, encabezados por la procuradora general del Tesoro de entonces, Angelina Abbona, denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF. Y quisieron demostrar, sin éxito, que era una concesión de servicio público y no una empresa privada.
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"Es increíble, pero en España los empresarios involucrados están presos por estafa; Aircomet quebró, no existe más. Este fallo en contra del Estado es por negligencias que cometieron los funcionarios de la administración anterior", explicaron voceros oficiales esta noche, cuando se conoció la noticia.
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