Los abogados de Mauro Icardi emitieron este domingo un comunicado de prensa en el que refutaron punto por punto las versiones que circularon en las últimas horas sobre los hechos que derivaron en una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas: negaron que el futbolista haya golpeado a su hija, calificaron de falsa la información sobre una orden de detención en su contra y cuestionaron la validez del allanamiento realizado en la llamada “Casa de los sueños”, su domicilio del barrio privado La Isla, en Nordelta.
“Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente”, abre el texto difundido este domingo a través de las redes sociales del deportista.
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Sobre los hechos, la posición de la defensa es categórica: “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”. El argumento central descansa en el informe del servicio de emergencias que atendió a la menor: “El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones”. Agregan que “la referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”.

El comunicado continúa: “La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”.
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En cuanto a la supuesta orden de detención, el texto es tajante: “Es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”. La aclaración apunta directamente a los medios de comunicación, que durante las horas previas habían difundido versiones encontradas sobre la situación procesal del delantero.
Respecto al allanamiento ordenado por el juez Orlando Abel Díaz, que se llevó a cabo también este domingo en la vivienda del futbolista ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, la defensa lo consideró “innecesario”. En palabras de los letrados: “Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectiva que eficaz”.
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El comunicado no esquiva la crítica al sistema: “Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón”.
Los letrados también descartaron que el allanamiento estuviera motivado por el temor a que se borrara información de los dispositivos. “Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados”, sostienen. Durante el operativo, la Policía Bonaerense se llevó una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate.
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Sobre la custodia de los dispositivos, los abogados de Icardi fueron explícitos: “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba”.

El episodio que originó la causa ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando efectivos del Comando de Patrullas de Tigre acudieron a la vivienda de Icardi tras un llamado al 911. Wanda Nara denunció ante los policías que el delantero había reprendido y encerrado en una habitación a la menor, quien logró comunicarse con su madre a través de WhatsApp desde una computadora para pedir ayuda. Los efectivos consignaron en el parte policial que Icardi permaneció en el inmueble y se negó a hablar con ellos. Ante esa situación, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones por lesiones, recibir declaración testimonial a la denunciante y realizar un reconocimiento médico legal a la niña.
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La resolución judicial que le concedió la eximición de prisión al futbolista se conoció el mismo día del allanamiento. El juez Díaz sostuvo en su fallo que el hecho investigado podría encuadrarse en el delito de lesiones leves agravadas —previsto en los artículos 89 y 92 del Código Penal, con los agravantes del artículo 80, incisos 1° y 11°—, cuya escala penal va de seis meses a dos años de prisión, y que, en caso de condena, esta podría ser de ejecución condicional. Bajo caución juratoria, Icardi tiene un plazo de cinco días para presentarse ante el juzgado y formalizar el beneficio, bajo apercibimiento de revocación. La prohibición de acercamiento y contacto con la menor, impuesta por 45 días, se mantiene vigente.
El comunicado cierra con una doble apuesta: la confianza en que la investigación esclarecerá la verdad y un pedido expreso a la prensa. “Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas”, concluye el texto firmado por los abogados de Mauro Icardi.
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