Fallo por YPF: Burford vuelve a la carga y prepara un juicio contra la Argentina en el CIADI

El principal beneficiario del caso por la estatización de YPF prepara un juicio contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, tras el fallo favorable al país, que evitó el pago de unos USD 16.000 millones, según informaron dos expertos al tanto de las acciones judiciales contra la Argentina en la justicia estadounidense.

“En una carta enviada a la jueza Loretta Preska, los demandantes en el caso YPF informan que la República Argentina ya ha sido informada que pronto comenzará un juicio en el CIADI. Al mismo tiempo, informan que también buscarán una revisión del fallo a la Corte de Apelaciones, algo que ocurrirá antes del 8 de Mayo”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advirsors.

A su vez, solicitan a la jueza que autorice el uso de material confidencial utilizado en su corte para la demanda que pronto presentarán en el CIADI.

Por su parte, Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, precisó que los abogados de Burford le pidieron a la jueza Preska que modifique su orden vigente, que sólo permite usar la información obtenida en el discovery en el juicio en Nueva York, para poder usar esa información en un eventual arbitraje en el CIADI contra la Argentina.

“Para intentar resucitar en el CIADI su demanda fracasada en Nueva York, Burford se basará probablemente en el tratado bilateral de inversión que el gobierno de Menem firmó con España en 1991, un año antes de que su gobierno privatizara YPF”, agregó.

Semanas atrás, Burford, que adquirió los derechos para litigar esta causa por aproximadamente 15 millones de euros y ha vendido participaciones en la demanda obteniendo más de 300 millones de dólares hasta ahora, había solicitado a la Cámara de Apelaciones de Nueva York una extensión del plazo para revisar la decisión hasta el 8 de mayo.

Argumentaron que el abogado principal, Paul Clement, tiene compromisos profesionales y personales que dificultarían la preparación de una solicitud adecuada en el tiempo originalmente establecido.

Vale recordar que, el fondo, luego de conocerse la victoria de la Argentina, Burford emitió un comunicado en el que aseguró: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU y, a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje del tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, añadió.

“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, sostuvo el bufete que litiga contra la Argentina.

El fallo favorable a la Argentina se fundamentó en que, según el derecho local, los estatutos de YPF no representan contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula de forma integral estos procesos, dejando sin efecto reclamos de carácter contractual. La mayoría del tribunal concluyó que no corresponde reconocer daños por incumplimiento.

Como antecedente de los casos disputados en el CIADI, en 2025, el tribunal internacional condenó al Estado argentino a pagar USD 715,9 millones a la empresa estadounidense del sector eléctrico AES Corporation, que originalmente había reclamado una suma muy superior: USD 1.814 millones, más intereses.

La causa se originó en la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

Vale mencionar que tras el fin de la convertibilidad, la pesificación de contratos y medidas posteriores como la estatización del sistema previsional en 2008, Argentina se convirtió en el país con mayor cantidad de demandas ante el Ciadi, superando a Venezuela.

Alcanzó un total de 47 demandas, en el marco de 57 tratados bilaterales firmados principalmente durante la década de 1990, que establecían al CIADI como instancia final para la resolución de disputas o, en su defecto, la emisión de un laudo arbitral.

Asimismo, en el ámbito de dicho tribunal, se había ordenado al país el pago de un resarcimiento de USD 147,1 millones a la constructora italiana Webuild SpA (ex Salini Impregilo), como consecuencia del congelamiento de las tarifas de peaje del puente que conecta la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con la localidad de Victoria, en Entre Ríos.