La Argentina perdió otro juicio en un tribunal del Banco Mundial, ahora por USD 716 millones

El Estado argentino volvió a perder un caso en un tribunal internacional de resolución de disputas que funciona en el ámbito del Banco Mundial.

Un fallo dado a conocer por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), lo condenó a pagar USD 715,9 millones a la empresa norteamericana del sector de electricidad AES Corporation, que en realidad reclamaba mucho más, USD 1.814 millones y con intereses podía estirarse a más de USD 2.500 millones, por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, situada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

AES formalizó su reclamo en el CIADI, una instancia de resolución de diferendos de inversión, poco menos de un año después de la pesificación, el 19 de diciembre de 2002, una vez que consideró agotadas las instancias ante la Justicia argentina, en función de lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y EEUU en 1991, que en caso de conflictos de inversión fijaba al Ciadi como última instancia de resolución.

El mes pasado, otro fallo o laudo arbitral en el ámbito del Ciadi había ordenado a la Argentina a pagar un resarcimiento de USD 147,1 millones a la constructora italiana Webuild SpA (ex Salini Impregilo), por el congelamiento del valor del peaje del puente que une Rosario (provincia de Santa Fe) con la localidad de Victoria (Entre Ríos).

Ahora quedan cinco reclamos pendientes, por un total de USD 585 millones, según detalla el gráfico de abajo.

En el caso del fallo de ayer, como la concesión de Alicurá venció recientemente y el gobierno iniciará próximamente un proceso de licitación internacional para volver a privatizarla, al igual que las otras tres centrales hidroeléctricas de la región del Comahue, una posibilidad es que AES, que está interesada en la licitación, en caso de ganarla y seguir teniendo el manejo de Alicurá por 30 años más, no pague el canon de concesión correspondiente y se descuenten de los derechos del Estado el monto del fallo del Ciadi.

Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado argentino podrían aún intentar recursos de “legítima defensa”, invocando -por caso- fallos desregulatorios favorables a la empresa demandante posteriores al reclamo por la pesificación.

La Argentina todavía tiene 5 casos pendientes de resolución en el CIADI por un total de 585 millones de dólares. El mes pasado, además, el Estado fue condenado a pagar US$ 147,1 millones a la constructora Webuild (ex Salini Impregilo) por congelar los peajes del puente Victoria (Entre Ríos) - Rosario (Santa Fe).

El Tribunal arbitral en el caso del Ciadi se constituyó en junio de 2003 y a lo largo de los últimos 22 años tuvo algunos cambios, hasta llegar a la composición que decidió el fallo de ayer. La presidencia la ejerce el mexicano Ricardo Ramírez Hernández, y los “árbitros” o componedores entre partes son el canadiense Stephen Drymer y el español Domingo Bello Janeiro, que disintió con el fallo arbitral.

Por la parte demandante, AES Corporation, actuaron los estudios Chaffetz Lindsey, de Nueva York, Freshfields, de Washington, y Bruchou y Funes de Rioja, de Buenos Aires. La defensa del Estado argentino estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el asesoramiento de Wordstone Dispute Resolution AARPI, de París, Francia.

A raíz del quiebre de la convertibilidad y la pesificación de contratos y medidas posteriores, como la estatización en 2008 del sistema previsional, la Argentina llegó a ser, superando a Venezuela, el país más demandado ante el Ciadi, donde llegó a sumar 47 demandas, a la luz de 57 tratados bilaterales firmados mayormente en la década del noventa del siglo pasado que ponían a ese Tribunal como última instancia para llegar a un acuerdo de partes o, en última instancia, fijar un fallo arbitral, suerte de decisión judicial.