El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló que el Estado hondureño pone en marcha un plan integral orientado a atacar directamente las economías del crimen organizado.
“No solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”, afirma el funcionario.
La estrategia, prevista para el período 2026-2030, se sustenta en tres pilares: control territorial en zonas de alta incidencia, ataques a las economías criminales y fortalecimiento de la investigación e inteligencia.
Velásquez explica que el control territorial se basa en pruebas y análisis de datos, mientras que el componente financiero busca desarticular la logística de las estructuras delictivas mediante el decomiso de bienes y activos.
Reducir homicidios
El anuncio ocurre en medio de un aumento de la violencia. La ASJ reporta al menos 624 homicidios hasta el 10 de abril de 2026, un incremento del 5 % frente al año anterior. Honduras permanece entre los países más violentos de la región. La extorsión, el narcotráfico y el control territorial de pandillas permanecen como factores clave en la dinámica criminal.
Especialistas en seguridad consideran que atacar las finanzas del crimen organizado es una estrategia necesaria, pero advierten que no puede funcionar de manera aislada.
Las acciones represivas requieren apoyo en inteligencia, investigación y fortalecimiento institucional, ya que las estructuras criminales suelen reorganizarse de manera rápida si no se golpean por completo sus redes.
El analista Fernando Gonzáles sostiene que muchas estrategias actuales en la región responden a modelos de “mano dura”, similares a los implementados en otros países, aunque enfatiza la necesidad de adaptación al contexto local.
Otros expertos agregan que la falta de políticas integrales y sostenidas limita los resultados, destacando que el combate al crimen organizado exige no solo operativos policiales, sino también medidas sociales y económicas de prevención.
A nivel regional, especialistas consultados aseguran que el crimen organizado evoluciona hacia estructuras más complejas y diversificadas, por lo que las respuestas estatales deben ser igualmente integrales, combinando control territorial, inteligencia financiera y cooperación internacional.
Desafío y seguridad
Entre los principales retos para el plan de seguridad figuran la sostenibilidad en el tiempo, la coordinación entre instituciones estatales, la lucha contra la corrupción e impunidad y el respeto a los derechos humanos en los operativos.
Pruebas recientes muestran que medidas como los estados de excepción generan resultados mixtos, pues logran reducciones parciales de la violencia y provocan cuestionamientos sobre su efectividad e impacto. Esta herramienta sigue siendo cuestionada por organismos de derechos humanos, que sostienen que “el estado de excepción sin resultados precisos limita los derechos ciudadanos”, según las observaciones de la organización Cristosal.
El Gobierno afirma que la estrategia busca reducir los índices delictivos, recuperar la paz y la confianza ciudadana. Analistas coinciden en que el éxito depende de la implementación efectiva, la transparencia institucional y la capacidad estatal de desarticular integralmente las redes criminales que operan en el país.
El contexto en el que surge esta estrategia refleja una problemática estructural. Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH señalan que Honduras continúa enfrentando altos niveles de criminalidad, pese a reducciones registradas en años recientes.
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