El Gobierno envió un proyecto al Congreso para pagarle USD 171 millones a holdouts que le hicieron juicio a la Argentina

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para cancelar reclamos de acreedores holdouts. La iniciativa contempla la aprobación de un acuerdo alcanzado entre la Argentina y dos fondos, en el marco de una sentencia adversa vinculada a las reestructuraciones de deuda soberana posteriores al default de 2001.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Los montos a destinar, todo sujeto a aprobación legislativa, ascienden a USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor, elevando el total a USD 171 millones. Desde el Ejecutivo resaltaron que se logró una reducción de entre 30% y 35% de lo que se adeudaba originalmente.

De este modo, Argentina podría cerrar el extenso capítulo del default, iniciado hace más de 25 años, que aún mantiene frentes abiertos a pesar de haberse llevado a cabo sucesivamente tres canjes voluntarios de deuda.

Si bien la fecha límite establecida para el tratamiento del proyecto —resultado de un trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica— es el 30 de abril, el acuerdo prevé una extensión en función de los tiempos de la agenda del Congreso.

Igualmente, el texto oficial indica: “La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

“Apelamos a la razonabilidad de los legisladores”, expresan en el Gobierno.

Otro punto mencionado es que “la aprobación de los acuerdos de conciliación también pondrá fin a los procesos de ‘Discovery’ (descubrimiento). Tanto Bainbridge Ltd. como el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP han llevado a cabo agresivas actividades de descubrimiento posteriores al fallo, incluyendo la solicitud de descubrimiento de las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina, que ya no tendrá que responder a las solicitudes”.

En marzo, las partes del juicio habían solicitado a la jueza Loretta Preska que “el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, resaltó: “Que el Congreso actúe a tiempo será una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.

“El impacto fiscal es insignificante en relación con el stock total de deuda de Argentina”, agregó Maril.

Las siguientes batallas

Pese al fallo favorable en la causa por la estatización de YPF, que evitó el pago de USD 16.000 millones (USD 18.000 millones con intereses) a Burford Capital, Argentina tiene otros litigios pendientes de resolución.

Entre ellos, se encuentra el caso conocido como Cupón PBI, que registró avances durante los últimos meses en la Justicia británica y que implica una erogación para las cuentas públicas de USD 1.800 millones.

El juicio involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del PBI durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010. La Justicia británica consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

Es una causa que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales, según detalló Maril. Hasta ahora, el proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por el país para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado.

Días atrás, el tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos hasta la próxima audiencia, prevista para el 21 de abril. Esto ocurrió tras un requerimiento de documentación que incluía el detalle de acuerdos celebrados con compañías petroleras internacionales, empresas del sector energético y la eventual existencia de cuentas bancarias en el exterior.

La medida se enmarcó en el proceso de discovery, orientado a identificar activos susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento de una sentencia.