Universidades nacionales: el gobierno quiere consolidar el ajuste fiscal a un sistema en el que solo se gradúa 1 de cada 22 estudiantes

El sostenimiento del equilibrio de las cuentas públicas se ha consolidado como el eje central de la administración nacional actual. En este escenario, el gasto destinado a las universidades nacionales ha ocupado un lugar preponderante en el debate público, no solo por su impacto social sino por su relevancia estadística dentro de la estructura de erogaciones del Estado.

Un informe detallado del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea analiza con precisión técnica cuánto pesan realmente estos fondos sobre los recursos estatales y de qué manera su evolución condiciona la meta del superávit fiscal.

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo implementó un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de eliminar el déficit financiero. Este ajuste se manifestó con especial intensidad durante el año 2024, periodo en el cual las erogaciones totales del Sector Público Nacional registraron una caída del 26,3% en términos reales. Al sumar la dinámica proyectada para el año 2025, la reducción acumulada del gasto primario entre 2023 y 2025 alcanza el 27,6%. Dentro de este esquema de contracción generalizada, las transferencias a las universidades nacionales no fueron la excepción, experimentando una reducción real del 36% en el mismo periodo de comparación.

Impacto presupuestario y participación en el PBI

Para comprender el peso relativo de la educación superior en el presupuesto, resulta necesario observar la participación de estas partidas respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos procesados por el Ieral, el financiamiento universitario alcanzó un pico histórico en el año 2015, cuando representó el 0,85% del PIB. Entonces se inició una tendencia decreciente que se acentuó en los últimos dos años. Para el cierre de 2024, el gasto en universidades nacionales se ubicó en el 0,53% del PIB, y las proyecciones para el año 2025 sitúan esta cifra en el 0,51%. Este nivel de inversión guarda similitud con los registros de principios de siglo, marcando un retorno a niveles de participación estatal que habían sido superados hace más de una década.

El informe destaca que, a pesar de la relevancia política del sector, el gasto universitario representa una porción acotada dentro del universo total de gastos del Estado Nacional. Al analizar la composición del ajuste, se observa que otras partidas han sufrido recortes significativamente más profundos en términos porcentuales. Mientras que las transferencias a las universidades cayeron un 36%, las transferencias a las provincias registraron una baja del 77% y la Inversión Real Directa se desplomó un 69%. Esto indica que, si bien el sector universitario contribuye al equilibrio fiscal mediante la reducción de su presupuesto real, el grueso del ajuste fiscal se ha sustentado en otras áreas de la administración central y en las prestaciones de la seguridad social.

Uno de los puntos centrales del análisis del Ieral radica en la composición interna del gasto universitario. El Estado Nacional destina la gran mayoría de estos recursos al pago de salarios. Específicamente, el 90% de las transferencias enviadas a las casas de estudio se consumen en haberes para el personal docente y no docente. El resto del presupuesto se distribuye en un 7% destinado a gastos de funcionamiento, un 2% para los hospitales universitarios y el resto a otros gastos. Esta estructura de costos implica que cualquier debate sobre el financiamiento universitario es, en esencia, un debate sobre la paritaria salarial del sector.

Riesgos de indexación y eficiencia del gasto

El informe del Ieral recuerda que la sanción de la Ley 27.795 introdujo mecanismos de indexación que obligan al Estado a ajustar los presupuestos de funcionamiento de las universidades por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera bimestral y a recomponer los salarios en función de la inflación. Lógicamente, a indexación genera una rigidez presupuestaria que limita la capacidad de maniobra del Ministerio de Economía ante eventuales caídas en la recaudación, poniendo en riesgo el compromiso de déficit cero.

Desde la perspectiva del equilibrio fiscal, el peso de la educación superior también se analiza bajo la lupa de la eficiencia y la equidad distributiva. El informe señala una brecha significativa entre los recursos invertidos y los resultados académicos obtenidos. En el año 2023, apenas el 4,4% de los estudiantes del sistema universitario nacional lograron graduarse. Esto es, 1 de cada 22, relación notablemente inferior a la de otros países de la región. Mientras que Argentina produce 44 graduados por cada 1.000 estudiantes, Brasil alcanza los 123 y Chile llega a los 194, casi el triple y más del cuádruple, respectivamente.

Este escenario supone un costo de oportunidad para el Estado, que financia trayectorias educativas prolongadas que no siempre culminan en la obtención de un título profesional.

Asimismo, el análisis del Ieral aborda la distribución del gasto según el nivel de ingresos de los beneficiarios. El informe menciona que “el gasto universitario tiene un sesgo pro-rico”, basado en datos que indican que el 20% de los hogares con mayores ingresos de la población absorbe el 27% del presupuesto universitario. En contraste, los sectores de menores ingresos presentan tasas de asistencia y terminalidad mucho más bajas. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto plantea un interrogante sobre la regresividad del sistema actual y la posibilidad de implementar mecanismos donde los sectores con mayor capacidad contributiva colaboren en el financiamiento de la educación superior.

Propuestas normativas y alternativas de financiamiento

En cuanto al conflicto normativo actual, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un nuevo proyecto de ley en febrero de 2026 que busca reemplazar las cláusulas de indexación vigentes. La propuesta oficial contempla una recomposición de los salarios del 4,1% en tres tramos (marzo, julio y septiembre de 2026). Además, supedita las actualizaciones de los gastos de funcionamiento a que la inflación acumulada supere el 14,6% anual. Este diseño normativo tiene como objetivo explícito subordinar el gasto universitario a la disponibilidad de recursos y a las metas de inflación del presupuesto nacional, evitando que los fondos universitarios se conviertan en un factor de desequilibrio financiero imprevisto.

De esta manera, se plantean dos escenarios diferentes. Si se aplica la Ley 27.795, las transferencias a universidades en 2026 alcanzarían 6,8 billones de pesos a precios de diciembre 2025, suponiendo inflación prevista en el presupuesto (0,76% del PIB). En cambio, de aplicarse el Proyecto, se alcanzaría un gasto por transferencias a universidades nacionales de 5,5 billones de pesos (0,53% del PIB).

El informe concluye que la solución a la tensión entre el financiamiento universitario y el equilibrio fiscal no debe limitarse únicamente a la cuantía de los fondos, sino a la reforma de su gestión. El documento indica que la actualización de las partidas por inflación puede ser una medida de emergencia, pero no resuelve los problemas estructurales.

Entre las alternativas propuestas para aliviar la carga sobre el Tesoro Nacional, se menciona la creación de alícuotas adicionales en el impuesto a las Ganancias para los graduados de universidades públicas o para las familias de altos ingresos cuyos hijos asisten a estas instituciones. También se sugiere la implementación de un sistema de “retribución diferida”, donde los profesionales contribuyan al sistema una vez que se inserten en el mercado laboral y alcancen un determinado nivel de ingresos.

En definitiva, el peso de los fondos universitarios sobre los recursos del Estado es significativo en términos de su rol como empleador y formador de capital humano, pero su impacto en el equilibrio fiscal depende en parte de la capacidad de evitar mecanismos de actualización que se disparen de forma autónoma a la recaudación nacional.