Más de 80 trámites y 15 entidades: el laberinto que deben superar los proyectos en Panamá

Reducir la burocracia que enfrenta el sector construcción para iniciar nuevos proyectos se convirtió en una de las principales exigencias planteadas por empresarios y promotores de vivienda durante las reuniones de las mesas técnicas instaladas en la Asamblea Nacional para impulsar la reactivación de una actividad económica que, aunque muestra señales de recuperación en 2026, todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la desaceleración registrada en los últimos años.

La propuesta fue presentada durante la reunión de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, donde representantes empresariales advirtieron que actualmente un proyecto puede requerir más de 80 trámites distribuidos entre al menos 15 instituciones públicas antes de iniciar obras.

Elisa Suárez, representante del sector construcción de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), sostuvo que la duplicidad de requisitos y la cantidad de permisos exigidos se han convertido en una barrera para la inversión.

Según explicó, en algunos casos distintas entidades solicitan la misma documentación, lo que retrasa el desarrollo de proyectos y aumenta los costos para las empresas.

La preocupación surge en momentos en que el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares registradas en los principales municipios del país alcanzó $417.2 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 43.5% frente a los $290.8 millones reportados en igual período de 2025.

Pese a esta recuperación, la actividad aún no logra superar el mejor desempeño reciente del sector. En los primeros cuatro meses de 2023, los permisos de construcción sumaron $421 millones, una cifra ligeramente superior a la registrada este año.

El contraste es más evidente al revisar el comportamiento histórico de una industria que durante años fue uno de los principales motores de la economía panameña y generadora de empleo.

Aunque el desempeño de 2026 supera los niveles observados en 2024 y 2025, los representantes del sector consideran que aún existe espacio para acelerar la inversión si se eliminan procesos burocráticos que consideran innecesarios.

Durante la reunión, Suárez también expresó inquietud por algunas regulaciones aprobadas mediante decretos que, a juicio del sector privado, podrían aumentar los costos y las exigencias para determinadas actividades productivas. Como ejemplo, mencionó disposiciones ambientales que podrían obligar a pequeños propietarios rurales a realizar estudios de impacto ambiental bajo ciertas condiciones.

Las discusiones forman parte de la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, creada con apoyo de la Asamblea Nacional para consensuar medidas orientadas a estimular la inversión, generar empleo y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura y vivienda.

Por su parte, Eduardo Castillero, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), afirmó que la eliminación del bono solidario de vivienda ha tenido un impacto significativo sobre la actividad constructora, especialmente en el interior del país. Según indicó, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a financiamiento hipotecario y adquirir una vivienda, situación que afecta directamente la demanda de nuevos proyectos residenciales.

La preocupación por el acceso a la vivienda también fue compartida por Ramón Muñoz, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí y miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien planteó que los bancos estatales retomen un papel más activo en el financiamiento habitacional dirigido a trabajadores de bajos ingresos. Además, pidió que los procesos de aprobación de planos y permisos reciban un tratamiento prioritario para evitar retrasos en el inicio de las obras.

En paralelo, la Submesa Técnica Legal de Políticas Públicas e Innovación recibió propuestas dirigidas a modificar aspectos de la Ley de Contrataciones Públicas. Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) solicitaron revisar los mecanismos de conformación de las comisiones evaluadoras en las licitaciones, unificar criterios de inspección de obras, flexibilizar las reglas relacionadas con las fianzas y adoptar medidas que eviten la paralización de proyectos por falta de partidas presupuestarias.

Los diputados que participan en la iniciativa consideran que existe consenso sobre la necesidad de simplificar procesos y agilizar la ejecución de inversiones. El diputado Neftalí Zamora sostuvo que actualmente desarrollar una obra en Panamá implica atravesar múltiples instancias administrativas que elevan los costos y dificultan la actividad económica.

Mientras tanto, las cifras muestran una recuperación importante en el valor de los permisos de construcción. Del total de $417.2 millones registrados hasta abril, $252.8 millones correspondieron a proyectos residenciales y $164.4 millones a construcciones no residenciales. Panamá y Arraiján concentraron buena parte del crecimiento observado durante el período.

Sin embargo, empresarios, promotores y trabajadores coinciden en que la recuperación todavía es insuficiente para devolver al sector el dinamismo que tuvo en años anteriores. Por ello, las mesas técnicas continuarán reuniéndose durante junio con el objetivo de presentar propuestas concretas que permitan reducir trámites, acelerar inversiones y aumentar la generación de empleo en una de las actividades económicas más importantes del país.