El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueó los aranceles generales promovidos por el expresidente Donald Trump generó incertidumbre en la política comercial bilateral y un impacto directo sobre el diferencial arancelario que beneficiaba a la Argentina. La decisión puso en duda algunas de las ventajas para el comercio bilateral que había obtenido el gobierno de Buenos Aires, aunque no afecte el aumento de la cuota para le exportación de carne.
La sentencia judicial determinó que la autoridad para fijar aranceles recae en el Congreso estadounidense. El tribunal argumentó que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no habilita al Ejecutivo a imponer tributos de largo alcance sin control parlamentario. Este límite afecta la herramienta que la administración Trump aplicó para condicionar a sus socios comerciales y para perseguir objetivos de política exterior.
El fallo repercute sobre el acuerdo comercial que la Argentina y Estados Unidos firmaron recientemente. Hasta el momento, la economía argentina se encontraba beneficiada por una política de aranceles reducidos en comparación con otros países de la región. Según Marcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, la Argentina ocupaba una posición ventajosa, ya que “la posición muy favorable de arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y diez por ciento de tope para el resto, conseguida en el acuerdo comercial, nos beneficiaba en términos relativos”.
Elizondo sostuvo que la decisión de la Corte “le desconoció a Trump el derecho a ejercer su política arancelaria”. A partir de ahora, un tribunal inferior deberá ejecutar el fallo, lo que podría derivar en la necesidad de reembolsar a los importadores los pagos realizados bajo la vigencia de esos aranceles. El costo fiscal estimado alcanza los 170.000 millones de dólares en devoluciones. Para el sector privado, esto implica un cambio de reglas en la administración del comercio bilateral.
Desde la perspectiva de la industria, el fallo impacta especialmente en productos como acero y aluminio. El acuerdo permitía un arancel del 0% para ciertas posiciones arancelarias, mientras que otras quedaban sujetas a un máximo del 10%. Brasil, en cambio, enfrentaba un arancel generalizado del 50%. El diferencial, por tanto, colocaba a la Argentina en una situación competitiva.
Fuentes con acceso a la negociación admitieron que “parte del diferencial de aranceles con Brasil se te diluye”. Este efecto podría trasladarse a las cadenas de valor, modificando la dinámica de las inversiones y el comercio intrarregional. Sin embargo, las mismas fuentes remarcaron que “las cadenas de valor ya estaban girando” y que el fallo judicial probablemente fuerce al Gobierno de los EEUU a buscar nuevas vías para instaurar las mismas trabas comerciales, con lo cual no es improbable que en breve vuelvan a estar en pie.
Por su parte, Gustavo Perego, director de Abeceb, explicó que la principal ventaja del acuerdo para la Argentina era “la mayor seguridad en materia de inversiones de ambos lados, que era lo que más se buscaba”. El acuerdo no solo abarcaba la reducción de aranceles, sino también mecanismos de facilitación comercial. Perego remarcó que el capítulo de inversiones mantiene su vigencia, pese a los cambios impuestos por la Corte estadounidense.
El sector ganadero, por su parte, observa con atención la continuidad de la cuota de exportación. Perego aseguró que “la cuota de carne no se va a tocar”, ya que se negoció por fuera del esquema de reciprocidad general. La ampliación de la cuota, según fuentes involucradas en la negociación, “no está en duda y sigue en marcha”. Así, la carne argentina mantiene un canal de acceso preferencial al mercado norteamericano.
La política arancelaria fue uno de los instrumentos que la administración Trump utilizó para ejercer presión sobre sus socios, tanto en el plano económico como geopolítico. Elizondo recordó que el expresidente ejerció presión sobre México para condicionar su apoyo a otros países de la región (trabó la ayuda a Cuba, por ejemplo). La Corte Suprema, al limitar la discrecionalidad del Ejecutivo, marcó un precedente sobre la utilización de los aranceles con fines extracomerciales.
El fallo no solo modifica el escenario bilateral, sino que también introduce un factor de incertidumbre en la política comercial global de Estados Unidos. La gran incógnita es cómo responderá Trump, quien cuenta con mayoría legislativa republicana, aunque resta saber si esa mayoría será homogénea en el respaldo a sus iniciativas. Elizondo planteó que “la política arancelaria es del Congreso, se puede delegar en el Ejecutivo, pero eso es en situaciones excepcionales y Trump ha abusado”.
Distintas voces del sector privado advierten que la eliminación de los aranceles generalizados obliga a una reconfiguración de las estrategias de acceso al mercado estadounidense. La discriminación positiva que el acuerdo otorgaba a la Argentina frente a otros países, especialmente Brasil, pierde fuerza. No obstante, fuentes consultadas consideraron que la ampliación de la cuota de carne se mantiene fuera del alcance inmediato de los cambios judiciales.
El impacto inmediato del fallo se refleja en la necesidad de revisar los esquemas de cuotas y aranceles. Los actores económicos aguardan definiciones sobre si la administración estadounidense restablecerá los niveles anteriores o buscará mecanismos alternativos para proteger su mercado. En este contexto, la seguridad jurídica en materia de inversiones aparece como un factor clave para el futuro de la relación bilateral.
Elizondo destacó que la “primera decisión debería ser bajarlos al nivel anterior”. Esto afectaría tanto a los sectores que venían gozando de aranceles reducidos como a aquellos que enfrentaban barreras más altas.
Perego sostuvo que “la discriminación positiva que podrías haber logrado en el corto plazo por el acuerdo te desaparece, pero yo no creo que en el largo plazo tenga tanto efecto”. El director de Abeceb puntualizó que el proceso de negociación uno a uno, que priorizaba la facilitación de inversiones, no se ve afectado por el fallo.
En la visión de quienes siguen de cerca las tratativas bilaterales, la administración de comercio enfrenta ahora la tarea de redefinir las cuotas y revisar los mecanismos de facilitación. “Habrá que ver si aplica sobre las decisiones de las cuotas y, por otro lado, el hecho de que la Argentina haya tenido una baja de arancel”, señaló Perego.
El fallo de la Corte Suprema también repercute sobre el uso de los aranceles como herramienta de política exterior. La presión ejercida por la administración Trump sobre México, por ejemplo, formó parte de una estrategia más amplia de control de flujos migratorios y relaciones con terceros países. La sentencia judicial establece un límite a esa política, obligando a buscar vías alternativas dentro del marco legislativo.
Fuentes consultadas por Infobae remarcaron que “el punto más relevante que tenemos fue la carne. Por eso se puso aparte, no está dentro del acuerdo recíproco”. La distinción entre productos sujetos a cuotas específicas y aquellos incluidos en el acuerdo general cobra especial relevancia en el nuevo escenario.
Por otra parte, un análisis distribuido por de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) remarcó que “la Corte Suprema de EEUU decidió en un fallo histórico declarar ilegales los aranceles aplicados por el presidente Trump cuyo justificación jurídica se enmarcaba en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)”. En este sentido, el documento precisó que “esto afecta tanto los aranceles por la crisis del fentanilo (Canadá, México y China) como los aranceles recíprocos ‘Liberation Day’”, puntualizando que “a Argentina se le aplicaba el 10%”.
La entidad advirtió que “el compromiso fundamental de EEUU era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias. Este arancel recíproco es justamente el que la Corte Suprema de EEUU ha declarado como ilegal, invalidando así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”. En la misma línea, CERA señaló que “con la decisión de la Corte Suprema de EEUU, el texto del ARTI perdería sustento legal”.
Por otra parte, el comunicado destacó que la cuota de carne bovina de 80.000 toneladas métricas “no era parte del texto del acuerdo ARTI, por lo que no habría motivo para no seguir vigente”. Además, aclaró que “el acuerdo ARTI no tenía ninguna concesión de EEUU para Argentina en los bienes afectados por aranceles de la Sección 232 (acero, aluminio, automotriz, madera y muebles, etc.)”.
El nuevo contexto obliga a los actores argentinos a monitorear la evolución de las negociaciones y a ajustar sus estrategias de acceso al mercado estadounidense. El impacto sobre las cadenas de valor regionales y la necesidad de garantizar inversiones figuran entre las prioridades del sector privado y del Gobierno. Las definiciones que adopte Washington en las próximas semanas resultarán determinantes para los sectores exportadores.
Mientras tanto, la posibilidad de reembolsos millonarios a los importadores estadounidenses suma presión sobre el Tesoro y aumenta la expectativa de cambios regulatorios. El debate sobre el alcance de la IEEPA y la competencia del Congreso en materia arancelaria quedará abierto a futuras interpretaciones judiciales y legislativas.
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