
La Corte Suprema anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, lo que le impuso una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.
La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.
Es el primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que ayudó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.
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La mayoría concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.
“Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su opinión discrepante. La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades.
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El fallo de la Corte Suprema se produce a pesar de una serie de victorias a corto plazo en la lista de emergencias de la corte, que le han permitido a Trump ejercer un extraordinario poder ejecutivo en temas que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes a la financiación federal.
El presidente republicano ha sido claro sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Sin embargo, la oposición legal cruzó el espectro político, incluyendo grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Las encuestas han revelado que los aranceles no son muy populares entre el público, en medio de una preocupación más amplia de los votantes sobre la asequibilidad.
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La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la administración Trump argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular la importación durante emergencias también le permite establecer aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump fue el primero en invocarla para los impuestos a las importaciones.
Trump impuso lo que llamó aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional. Estos aranceles se produjeron después de que impusiera aranceles a Canadá, China y México, aparentemente para abordar una emergencia relacionada con el narcotráfico.
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A esto le siguieron una serie de demandas, incluyendo una de una docena de estados con mayor inclinación demócrata y otras de pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.
Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia ni siquiera menciona los aranceles y que su uso por parte de Trump no cumple con varias pruebas legales, incluyendo una que condenó al fracaso el programa de condonación de préstamos estudiantiles de 500 mil millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.
El impacto económico de los aranceles de Trump se ha estimado en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Tesoro ha recaudado más de 133 000 millones de dólares en impuestos a las importaciones que el presidente impuso bajo la ley de poderes de emergencia, según datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas judiciales para exigir reembolsos.
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(Con información de AP)
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