
A días de la elección de medio termino, en el Gobierno aseguran haber eliminado 1.300 normativas que “entorpecían el progreso de los argentinos” por medio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.
“En el marco de este proceso, hasta el 30 de septiembre de 2025 se llevan emitidas 439 normas de desregulación que eliminan y/o modifican un total de 1.324 normativas anteriores y 9.694 artículos”, destacaron en el comunicado.
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En término de las normas, 69 correspondieron a comercio exterior, 65 a finanzas y mercado de capitales, 61 a agroindustria, 59 a transporte, 45 a producción nacional, 41 a bienestar ciudadano. En menor medida, cultura, turismo y deporte que solo tuvieron 28, seguido por 27 para salud, 16 a empleo y regulación, 13 al sector inmobiliario y 12 a energía.
Sobre este anteúltimo sector, destacan la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023 por medio del DNU 70/2023. “Se estima que, gracias a esta derogación, el precio de los alquileres experimentó una baja real de 26,6% entre diciembre de 2023 y julio de 2024 (en CABA representa un ahorro mensual de $262 mil)”, marcaron lo que benefició a 7.925.280 inquilinos del país.
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Mientras que en materia aerocomercial, sostiene que con el Decreto 70/23 (su reglamentario 599/2024 y disposiciones complementarias) liberaron la actividad para facilitar el ingreso de líneas aéreas y estimular la competencia. Lo que permitió incorporar nuevas rutas y conectar a través de aviones pequeños a localidades que antes no contaban con conexiones aéreas.
Como prueba de ello, marcan que en lo que va de 2025 seis ciudades pasaron a tener conexión aérea con Buenos Aires: Tandil, Olavarría, Villa María, Venado Tuerto, Villa Gesell y General Pico, además Concordia que se sumará en octubre. “Con estas incorporaciones, más de 978.000 personas que viven a menos de 50 kilómetros de los aeródromos o aeropuertos donde operan los nuevos vuelos pasaron a contar con conexión aérea comercial", afirmaron.
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También, en términos del comercio exterior, puntualizaron que a finales de 2024 se establecieron una serie de normativas que liberalizaron la actividad de courier y se estableció la franquicia de USD 400 por envío para el ingreso de hasta cinco envíos anuales sin el pago de derechos de importación.

“En lo que va del año, ingresaron al país más de 3 millones de envíos por courier a particulares, por un valor total de más de USD 222 millones, permitiendo que los argentinos accedan a indumentaria y otros productos a precios internacionales", comentaron. Lo que suma presión a la salida de divisas, en medio de los cuestionamientos sobre el posible atraso del tipo de cambio con el régimen de flotación entre bandas.
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A su vez, destacan la eliminación el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el CIBU, un trámite obligatorio para importar bienes de capital usados que demoraba en promedio 84 días. Lo que llevó a que desde abril pasado el proceso sea más automático y que el número de empresas importadoras se duplicará respecto del mismo período del año anterior (de 383 a 806). “La medida benefició especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), al reducir significativamente los costos de adquisición de maquinaria, con bajas que en algunos casos alcanzan el 85%”, remarcaron.
Y que se cumplió con la ley y no se prorrogó la vigencia del impuesto PAIS. Aunque no destacan que una de las primeras medidas del ministro Caputo fue aumentarlo del 7,5% al 17,5% (10 puntos porcentuales). Con la baja, aseguran que los precios de los alimentos y bebidas importados registraron una caída real de hasta el 10% y descenso promedio de 2,4%.
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A la par, que derogaron las Leyes de Abastecimiento, Góndolas y Observatorio de Precios, lo que terminó con cualquier tipo de restricciones y controles en todos los sectores de la economía, especialmente el del comercio, que cuenta con 150.000 empresas.
Respecto al transporte, en el Ministerio puntualizaron sobre la eliminación del Registro Único de Transporte Automotor, que exigía a los privados interesados en realizar transporte de cargas documentación que el Estado ya poseía y que era un trámite costoso que demoraba hasta 70 días. A la par de la habilitación de circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados) y el fin de la cédula azul con su reemplazo por una de identificación digital.
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