“Seguro anti kuka”: la forma en que define el Gobierno a un fondo para garantizar el cobro de peaje en rutas a privatizar

El Gobierno de Javier Milei decidió conservar el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), que estaba incluido entre los fondos fiduciarios a eliminar según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo será utilizarlo como respaldo para las inversiones de las empresas que obtengan las concesiones de rutas que están en manos del Estado y serán privatizadas. Este fondo actuará como garantía ante posibles congelamientos futuros en las tarifas de peaje.

Así lo anunció este jueves Martín Maccarone, secretario coordinador de Infraestructura, durante una transmisión en el streaming Carajo, junto con otros miembros del equipo económico. Maccarone adelantó que más de 9.000 kilómetros de rutas serán adjudicados antes de fin de año, precisó fechas para las tres etapas del proceso y explicó las herramientas pensadas para atraer inversores. El funcionario enfatizó la voluntad oficial de romper con el club de la obra pública.

“Junto con las licitaciones vamos a dar una garantía para las concesiones, todas a 20 años. El peaje se cobrará una vez finalizada la obra. Los inversores consultan: ‘¿quién asegura que el valor del peaje no será modificado o congelado?’ Como estamos seguros de que no ocurrirá, ofreceremos una garantía a través del Fogar. Si el Estado impide los aumentos tarifarios según la inflación o el índice correspondiente, este fondo devolverá el préstamo tomado para mejorar las rutas”, explicó Maccarone.

Funcionarios presentes llamaron a este mecanismo “fondo anti kuka”, aludiendo al congelamiento de peajes implementado durante los gobiernos kirchneristas. El asfaltado y mejoramiento de rutas se consideran vitales para dinamizar la minería, la energía y la agroindustria.

El Fogar es un fideicomiso público nacional destinado a la inclusión financiera de Pymes y emprendedores, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Economía. Otorga garantías para ampliar el acceso al financiamiento.

En el acuerdo firmado en abril con el FMI, el Ejecutivo se había comprometido a eliminar casi todos los fondos fiduciarios aún vigentes, salvo el fideicomiso para subsidiar a usuarios residenciales de gas en zonas frías del país. La nueva excepción permitirá que también sobreviva el Fogar, para incentivar la participación empresarial en las licitaciones de las rutas nacionales.

Un aspecto novedoso de este proceso será la eliminación del requisito de antecedentes técnicos para competir en las licitaciones. Cualquier compañía podrá participar, aunque no tenga experiencia en obras similares. “Si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo. El Estado solo exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra”, afirmó Maccarone.

La privatización de las rutas se hará mediante concesiones por peaje. Ganará la licitación la empresa que proponga la tarifa más baja, que solo se cobrará cuando los trabajos de mejora estén concluidos, en un plazo máximo de un año. En algunos casos, se exigirá la construcción de un tercer carril, como en la Ruta 5, pero no será condición general. Además, el Gobierno prevé destinar los fondos obtenidos en autopistas rentables, como la Richieri, a obras en trazas menos lucrativas donde no resulta viable cobrar peaje.

El cronograma prevé que el 8 de septiembre se abrirán los sobres para la Etapa I, que abarca 740 kilómetros de la conocida “Ruta del Mercosur”. Quince días más tarde se lanzarán los otros 4.500 kilómetros de la Etapa II y, otros quince días después, se adjudicarán los 4.000 kilómetros de la Etapa III.

Las dos últimas etapas incluyen 5.800 kilómetros actualmente administrados por la empresa pública Corredores Viales. El objetivo oficial es cerrar esta compañía una vez que las rutas sean transferidas al sector privado. La situación de los 3.323 empleados de Corredores Viales registrados hasta julio, de acuerdo con el Indec, aún permanece incierta.