Privatizaciones: cómo será el plan de ventas de compañías y cierre de fondos fiduciarios que el Gobierno acordó con el FMI

El nuevo programa con el Fondo Monetario incluye un compromiso del Gobierno nacional de presentar este año una hoja de ruta de privatizaciones y concesiones de las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases, y un cierre de todos los fondos fiduciarios todavía vigentes a excepción del que financia los subsidios de gas para usuarios residenciales.

Así fue explicitado en el informe que el equipo técnico del FMI publicó este viernes a última hora, y forma parte de las reformas estructurales consensuadas entre la Casa Rosada y el organismo. A diferencia de las metas cuantitativas -como reservas o superávit primario- no son objetivos obligatorios que definan el envío de desembolsos, pero sí implica una referencia de medidas que el Poder Ejecutivo asegura que llevará adelante, con plazos determinados.

Los primeros puntos de esa agenda -de once en total- involucran al plan de privatización de empresas públicas. En primer lugar, el compromiso del Gobierno es “publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley 27.742 (Ley Bases), junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales”, espeficó el organismo. Y en segundo lugar, “publicar las directrices necesarias para garantizar un proceso de privatización eficiente y transparente” de esas compañías. Ambos puntos tienen como fecha de realización a mediados de noviembre de este año.

Las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases y que están sujetas a privatización son: Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El Gobierno ya fue anunciando en los últimos meses planes específicos para cada caso, aunque el proceso ahora, de acuerdo al documento consensuado con el Fondo, deberá tener una hoja de ruta específica para concesiones o ventas de esas firmas públicas.

“La eficiencia y la gobernanza de las funciones estatales se están mejorando mediante: el cierre de varios organismos autónomos descentralizados y fondos fiduciarios, la racionalización y eventual privatización en algunos casos de empresas estatales, y la automatización y digitalización de los procesos administrativos”, consideró el staff del FMI en un pasaje de su informe.

Otro de los objetivos estructurales del programa con el Fondo Monetario será eliminar casi todos los fondos fiduciarios que todavía están vigentes. En el listado de los que aún están vigentes se encuentran el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Procrear (vivienda), el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo para el Desarrollo Provincial, Fondep y Fogar.

Uno solo de ellos quedaría a salvo: el fideicomiso que financia los subsidios a usuarios residenciales de gas de las zonas frías del país. Recientemente, el Ministerio de Economía aumentó del 5,44% al 6% el recargo que se cobra a los usuarios para financiar ese subsidio a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial este mes. Ese adicional se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, uno de los componentes de la tarifa, y nutre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Actualmente, el subsidio alcanza a 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9,5 millones de usuarios que tienen acceso al gas natural.

De los 29 fondos fiduciarios que existían al cambio de Gobierno, la actual administración cerró unos 18. Entre los que fueron eliminados por el Ministerio de Economía están el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para Cobertura Universal de Salud (FFCUS) y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros.

El FMI advirtió que el Gobierno deberá propiciar otro tipo de reformas estructurales amplias, a manera de soporte del plan fiscal para los próximos años. “El programa se basa en la implementación continua del ancla del balance fiscal general de las autoridades, en consonancia con un aumento del superávit primario de aproximadamente el 1,25 % del PIB este año a alrededor del 2,5% del PIB a mediano plazo. Esta mejora subyacente se sustentará en la continua disciplina del gasto y medidas de eficiencia, así como en reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación en los ingresos y de pensiones”, apunta el documento.

La propuesta de reforma tributaria, en la que el Gobierno todavía trabaja, está estipulada con una fecha de referencia en diciembre de este año, por lo que el oficialismo buscará esperar la nueva conformación del Congreso antes de habilitar un debate de esa naturaleza. El proyecto de reforma jubilatoria, en tanto, tiene fecha comprometida ante el FMI para fines de 2026.