Varias cámaras sectoriales de la vivienda están terminando de definir un texto en las próximas horas para poder entregarlo antes del fin de semana en la mesa de entrada del Congreso.
Infobae accedió al borrador del documento. Allí exigen el pronto tratamiento de la Ley de Alquileres y la modificación de dos artículos polémicos, que los contratos vuelvan a durar dos años en vez de tres y que los ajustes sean por libre acuerdo entre las partes y con ajustes semestrales, cuatrimestrales o trimestrales al menos hasta que la inflación logre reducirse de manera contundente. Piden que se trate en el recinto en pocos días. “Esto también es producto de una mala ley hecha sin consultar a los especialistas y profesionales martilleros”, resume el pedido.
Una de las entidades que lidera esta movida es la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Sus directivos ya mantuvieron reuniones con el ministro de Economía Sergio Massa y entienden que la situación es crítica.
Alejandro Bennazar, presidente de la CIA, comentó a Infobae que en las próximas horas está listo el documento. “Estamos a disposición para que nos convoquen a dialogar y colaborar. Si no se hace nada, dentro de poco no habrá nada para alquilar de forma tradicional y lo que se ofrezca será muy caro para quienes deben hacer un nuevo contrato o busca una vivienda”.
Expertos sostienen que para que la oferta vuelva a crecer es vital que los contratos vuelvan a ser a dos años. Eso podría generar que miles de propietarios que hoy tienen sus viviendas desocupadas o en venta las destinen otra vez al mercado del alquiler tradicional.
“Creemos que el plazo de dos años atraerá a los dueños y nos parece que el aumento tiene que dejar de ser interanual y a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), que ya superó los tres dígitos y empieza a ser complejo para quienes pagan un alquiler mes a mes”, agregó Bennazar.
Hoy los incrementos que se aplican son por ICL, que contempla la variación de la inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la de los salarios que establece el Ripte. Desde el segmento justifican que para los inquilinos pagar subas anuales en un contexto inflacionario alto atenta contra sus bolsillos y, a su vez, quitan previsibilidad a los propietarios.
Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina (APCCRA), entidad que también acompañará con su sello para el pedido en el Congreso nacional, dijo a Infobae que “esperamos que se trate lo más pronto posible. Nos parece que si no se modifican los artículos más polémicos se seguirá haciendo a propietarios einquilinos”.
Esta entidad busca también un equilibrio en la forma de hacer contratos. “Muy pocos están conformes. Hay inquilinos que deben mudarse lejos de donde vivían o volver con sus padres porque no pueden pagar. Y además si se modifican los artículos polémicos muchos propietarios van a volver a destinar su inmueble en alquiler porque tampoco mucho tiempo más no pueden dejar vacía la propiedad por los gastos que demanda”, agregó Awad.
Cámaras sectoriales sostienen que el objetivo fundamental es que los inquilinos puedan sentarse a dialogar con los propietarios y establezcan sus propios índices de subas y que los plazos para hacerlo sean más cortos.
A la espera de una sesión
Desde la CIA reconocieron que tuvieron acercamientos y contactos de parte del Gobierno nacional en los últimos días y también están al tanto de la posible sesión especial que pidió Juntos por el Cambio para el 23 de agosto, pero creen que falta mucho tiempo.
Bennazar, amplió: “Por eso queremos que se pueda tratar antes de esa fecha. Desde 2020 venimos reclamando para cambiar algo que se sabía que no iba a funcionar”.
Además de la CIA y la APCCRA, acompañarán el petitorio en el Congreso nacional la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), entre otras instituciones.
Por ejemplo en CABA, antes de la ley, había entre 6.500 y 8.000 inmuebles por mes dentro de la oferta, actualmente se estiman menos de 1.000 departamentos.
“Hasta que no reformen lo que está mal seguiremos reclamando en donde sea posible para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar como antes de esta ley”, concluyó Awad.
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