
El inicio de la campaña para las elecciones presidenciales estará marcado a fuego por la situación económica, con algunas variables críticas como la inflación, el salario o la actividad económica en el eje de la discusión, y otras que también tendrán su dinámica propia como el gasto público, que ya llega con once meses consecutivos de recortes anuales, con algunos sectores que se destacan en esa poda, principalmente los subsidios.
Los economistas destacan que es una incógnita, y todavía es temprano para saberlo, cuál será el comportamiento que tendrá el gasto público durante la campaña, cuando tradicionalmente los años electorales suelen ser de expansión de las erogaciones. Claro que hay limitaciones que pueden obstaculizar una intención de esa naturaleza, entre ellas, la capacidad de financiamiento, entre la emisión monetaria y la toma de deuda en pesos, y el tope que pueda llegar a disponer el acuerdo que se renegocia con el Fondo Monetario Internacional.
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Por lo pronto, la tendencia de suba del gasto que se había registrado en la primera mitad de 2022 se terminó de inmediato con el recambio de autoridades en el Ministerio de Economía y la salida de Martín Guzmán. Ya desde el interinato de Silvina Batakis y luego con el arribo de Sergio Massa se revirtió la corriente y comenzó una seguidilla de meses con caída en términos reales en el gasto primario. La segunda mitad de 2022, incluso, terminó con un recorte de 19,5% ajustado por inflación.
Con los resultados de base caja que publicó la Secretaría de Hacienda con datos de mayo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) midió que “dentro del gasto primario acumulado de los primeros 5 meses del año, se observaron caídas significativas interanuales reales en las asignaciones familiares (41,5%), en los subsidios al transporte (26,6%) y transferencias corrientes a provincias (25,4 por ciento)”, estimó ese centro de estudios.
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Con otra metodología, al medir el gasto devengado -que no tiene en consideración la deuda flotante-, pero con un nivel mayor de detalle, para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el panorama en lo que va del año refleja que “los gastos primarios cayeron 9,9% anual en el acumulado a mayo, contracción liderada por la reducción en las asignaciones familiares (30% anual) y los subsidios a la energía (20% anual). Al cotejar mes contra mes de cada año los gastos primarios presentaron once meses de caídas consecutivas”, destaca la entidad.

La OPC considera que el rubro del gasto que tuvo, en los primeros cinco meses del año, el recorte más marcado (aunque con un peso menor en el paisaje del presupuesto público), es el de la inversión financiera, con 85,7% real en comparación con igual lapso de 2022, algo que se explica por menores aportes de capital a Aerolíneas Argentinas y aportes al Banco Centroamericano de Integración Económica.
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Para el caso de las asignaciones familiares (-30%), “las transferencias al subprograma Asignación Familiar Activos fueron $197.642 millones, implicando una disminución de 45,8% anual real, explicada principalmente por la reducción del complemento mensual dispuesto por el Decreto 719/21 ($1.798 millones, 98,4%) y el diferencial entre la movilidad de la actualización de las prestaciones y la inflación (77,1% anual vs 106,2% anual). Este último factor también influyó en la caída de la Asignación Universal por Hijo ($242.064 millones,14,1% anual real)”, explicó el organismo, que depende del parlamento.
Le siguió, en orden de mayores recortes presupuestarios, (27,1%), las transferencias a provincias. Hay varios items que lo explican: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, $62.759 millones, (-12,4% anual). Transferencias a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley 27.606, sin devengado durante 2023, frente a $17.876 millones a mayo de 2022, destacó la OPC.
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“Cajas previsionales provinciales, $41.804 millones (-19,6% anual). Transferencias a Hospitales, $37.854 millones (-2,1% anual real). Asistencia financiera a provincias y municipios, $257 millones vs. $21.981 millones acumulados a mayo 2022 (-99,4% anual real), mayormente destinados a la provincia de Buenos Aires”, consideró el organismo.

Respecto a las transferencias de capital (-20,4%), hubo elementos como aquellos envíos a Provincias y Municipios que cayeron -2,7% anual real, y reducciones más amplias a obras de saneamiento (-21% anual) y vivienda (-18,2% anual). También fueron recortadas las destinadas a Fondos Fiduciarios (-63,5% anual). Sobresale, según OPC, la caída de las transferencias al Procrear (-89,1% anual). En el ítem de subsidios energéticos (-20%), se destacan Cammesa (-47,6% anual).
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Con menores proporciones de ajustes en el gasto quedaron Otros programas sociales (-16,4%), explicado por Asistencia financiera a Agentes de Seguro de Salud (-60,1% anual), prestación Alimentar (-8,4%, atención médica a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas (-3,8% anual). En el rubro bienes y servicios (-15,9%) se destacaron Gastos en bienes y servicios para actividades de conducción y administración (-14,7%, vacunas de calendario anual (-62,7% real) y vacunas Covid-19 (-83,8 por ciento).
Por último, hubo recortes más leves en Otros subsidios -entre los que se destacan el Previaje, Aysa, Fondep- por un acumulado de 10,8%; seguido por jubilaciones y pensiones (-5,3%), Inversión real directa (-2,5%) y Transferencias universidades (-2,2 por ciento).
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En una medición distinta, un informe de la consultora Analytica, que sigue los datos del presupuesto abierto, que incluyen el gasto devengado, a diferencia de la información que publica de manera mensual la Secretaría de Hacienda -se conocerá la semana próxima-, que incluye el gasto base caja. Esa distinción hace que no se tenga en cuenta, por ejemplo, la deuda flotante o pagos atrasados.
Según Analytica, en mayo el gasto real devengado sin estacionalidad cayó $33.351 millones (-1,4%) respecto a abril mientras que en su comparación interanual, el gasto real se redujo 12,8%. Además, la consultora detalló que si se excluyera de la cuenta el gasto en subsidios energéticos, la variación sería del 15,3 por ciento.
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El estudio privado también hizo un ejercicio para medir cuál fue el ritmo de recorte del gasto que aplicó el ministro Sergio Massa desde que asumió en el Palacio de Hacienda. “En los meses comprendidos entre agosto de 2022 y mayo de 2023, el gasto se redujo un 16% si se lo compara con el mismo período de un año atrás”, calculó Analytica.

Llevado a pesos constantes: mientras este año tuvo un gasto primario acumulado entre enero y mayo de $10,8 billones, pero del año anterior la cifra había sido de $12 billones. Aún así, sería más alto que en 2021, cuando fue de $10,7 billones con la nominalidad actual.
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En ese ejercicio, la consultora consideró que en el lapso entre agosto de 2022 y mayo de 2023 el gasto primario se redujo en $4,5 billones al ser comparado con agosto de 2021 y mayo de 2022. La mayor parte de esa reducción está explicada en obra pública ($1,4 billones) y subsidios económicos ($900.000 millones).
“A su vez, en el acumulado durante los primeros cinco meses de este año cayó 9,7%”, resaltó la consultora. Solo tomando en consideración mayo, las partidas que concentran las podas más marcadas en relación con el año anterior son: “las asignaciones familiares y por hijo, y los fondos destinados a programas sociales. En tanto, aumentó el gasto en obra pública y los subsidios a la energía”.
Esa caída de 12,8% interanual del gasto implicaría una aceleración en el ritmo que traía esa poda y representaría el número más alto desde enero, cuando había sido de 14,6%. En febrero fue de 4,6%, en marzo de 6,3% y en abril de 11,4 por ciento.
Un elemento que cruza a la gestión diaria de la política económica con la negociación con el FMI es el de la deuda flotante, es decir los pagos atrasados del sector público. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.
La deuda flotante es lateral a las metas centrales del programa, como la acumulación de reservas, el techo al déficit fiscal y el tope a la asistencia monetaria al Tesoro. No obstante, el organismo toma especial consideración de esa cifra, incluso con metas trimestrales y anuales.
La cifra de techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo podría ser redefinido.
Según los últimos datos de la Tesorería, en mayo el stock de deuda flotante se mantuvo relativamente estable en relación a abril, cuando había sido de $1,07 millones, y terminó el quinto mes del año en torno de $1,04 billones.
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