La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó explotación laboral en campos de papa bonaerenses. El organismo encontró, durante una serie de fiscalizaciones en las localidades de Lobería y de Balcarce, a 17 trabajadores que vivían y trabajaban en condiciones sumamente precarias.
Los procedimientos realizados por los inspectores permitieron verificar que los trabajadores se desempañaban en tareas de riego y de siembra de ese cultivo sin los mínimos elementos de seguridad e higiene.
Las acciones de control fueron llevadas adelante por personal de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) y de la Dirección General Impositiva (DGI), en conjunto con los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Los operativos en estas áreas rurales surgieron a raíz de denuncias y de tareas de investigación previa de las áreas especializadas del organismo.
Cómo fue el operativo
El personal de la DGRSS y de la DGI se presentó para relevar de manera presencial las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñaban en el riego y producción de semillas de papa.
Los ocho establecimientos donde se hicieron los procedimientos declararon estar dedicados a la producción del tubérculo. En total, se registraron distintos tipos de irregularidades con 29 personas. En la mayoría de los casos se detectaron salarios no percibidos o inconsistencias entre las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores en relación a los sueldos efectivamente pagados.
En ese sentido, los casos más graves se verificaron en 17 trabajadores que vivían en los campos en condiciones sumamente precarias, con pisos de tierra o hechos con maderas superpuestas.
Además, las casillas carecían de las condiciones mínimas de seguridad y de higiene, con estructuras de baños químicos que por dentro no tenían las correspondientes instalaciones. Tampoco contaban con electricidad ni sistema de refrigeración para evitar que los alimentos quedaran expuestos y evitar su descomposición o que sean comidos y contaminados por roedores, según informó el organismo tributario.
Asimismo, el personal de AFIP comprobó, a partir de sus propias declaraciones de los trabajadores, que los empleados sufrían descuentos por el costo de los alimentos y de las garrafas que utilizaban para cocinar, por los pasajes y del seguro por accidente.
Las inconsistencias a nivel salarial se corresponden con una situación crítica que atraviesa todo el agro argentino en materia laboral. Según estadísticas publicadas recientemente por el Indec, en ese sector hay más trabajadores asalariados en negro (591 mil) que en blanco (328 mil). Es decir que el nivel de informalidad llega al 64%.
La falta de registro dificulta por supuesto los controles y el acceso de los empleados a condiciones dignas de trabajo.
Por medio de estos procedimientos, la AFIP busca “garantizar el cumplimiento de los derechos laborales”. Las fiscalizaciones impulsadas por la DGRSS se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, “entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales”.
De acuerdo a los organismos, el abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. “La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional”, señalaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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