Verano complejo: desde las reservas hasta el precio del pan, la sequía complica los planes oficiales

El secretario de Agricultura, José Bahillo, anticipó ayer a los dirigentes de la Mesa de Enlace una serie de medidas para paliar el efecto de la sequía que se anunciarán hoy, destinadas esencialmente a la siembra de maíz y soja. Sin embargo, es la menor cosecha de trigo la que mantendrá la economía en jaque hacia fin de año. No sólo por una menor disponibilidad de dólares para retener reservas sino también porque se actualizarán las tensiones entre la exportación y el abastecimiento del mercado doméstico, lo que habitualmente repercute en el precio del pan.

De acuerdo a las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de trigo caerá 35%, de los 23 millones de toneladas de la última campaña a unos 15 millones, estimación que todavía puede empeorar. Eso implicaría que, a partir de enero, mermará el ingreso de divisas, con lo que el Banco Central contaría con unos UDS 1.500 millones menos según distintos analistas para equilibrar el mercado de cambios.

Aunque el ministro de Economía logró un fortalecimiento de las reservas gracias a la aplicación del “dólar soja” y a las negociaciones por desembolsos de organismos multilaterales, la posición del BCRA sigue siendo frágil. Pero ése no será el único coletazo de la sequía.

Con una menor disponibilidad del grano, resurgirán las presiones por el abastecimiento del mercado interno, ya que el total de la cosecha prevista hasta ahora este año es prácticamente equivalente al total exportado del año pasado, cuando se colocaron en el mercado internacional unas 14,5 millones de toneladas. Para este año, el Gobierno habilitó la exportación de 9 millones de toneladas de trigo, por las que ya cobró retenciones de manera anticipada, al tiempo que el mercado local demanda unos 7 millones de toneladas. El resultado es previsible: subirá el precio ante la escasez para satisfacer la demanda. Si bien lo más probable es que desde los despachos oficiales se busque implementar algún mecanismo para reducir las ventas al exterior -lo que atenta contra el ingreso de dólares-, lo cierto es que ante la proyección menor producción del grano, los precios podrían reaccionar de manera adelantada y repercutir en la bolsa de harina en las próximas semanas.

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Esto reavivará el debate por el precio del pan que ya se viene dando en los últimos días entre los molinos y los panaderos. Se advirtió, incluso, que el kilo de pan podría llegar a los $500. Esa discusión se centra en la renovación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), conocido como el fideicomiso del trigo, que vence en diciembre y con el que operan poco menos de la mitad de los molinos del mercado. Mediante este fondo, cuya finalización reclama la industria de la molienda, se subsidia el precio de la bolsa de harina a las panaderías. Desde que asumió, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, negocia con toda la cadena modificaciones a la implementación del fideicomiso, con la intención de sumar a más actores. Propuso, incluso, implementar un sistema similar al Previaje, en el que cada panadero suba los comprobantes de la harina que compró a una plataforma digital y el fideicomiso le reintegrara el subsidio de manera directa. La propuesta no obtuvo el consenso de todos los molinos.

“Una mínima parte del dinero del subsidio llega a la harina del pan. Mucho se termina destinando a la industria, que no debería tenerlo porque no ha dejado de subir los precios, el FETA distorsionó el mercado”, aseguraron fuentes del sector, que rechazan la renovación y aseguran que muchas empresas vendieron a pérdida a la espera de una baja en el precio de trigo, dada la expectativa inicial de una cosecha de 22 millones de toneladas. Se sabe ahora, esa estimación está lejos de cumplirse con lo cual volverá la presión sobre el precio de los panificados.

La circunstancia no podría ser más inoportuna para Tombolini, que se aboca por estos días a la negociación con las empresas de alimentos y productos de consumo masivo del programa Precios Justos, por el que pretende un congelamiento por 90 días, con el precio impreso en el envase. La mayoría de las compañías ya advirtió las escasas posibilidades de implementación y la realidad indica que tampoco el clima juega a favor del plan.

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