Los números sobre la pobreza: los datos que no se publicaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

Una de las cuestiones más criticadas del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la compleja manipulación o el ocultamiento de datos estadísticos. Entre 2007 y 2013 se consideró que las cifras de pobreza eran subestimadas. En 2013 directamente el Indec dejó de publicar los datos que relevaban la cantidad de personas pobres e indigentes en la Argentina.

En ese momento, el Poder Ejecutivo señaló que el dato fue discontinuado porque los sistemas de medición debían ser adaptados a las nuevas mediciones de precios que acababan de ser acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dos años después trascendió que un equipo de técnicos del organismo trabajaba en la tarea de elaborar un “índice multidimensional de pobreza”, pero cuando vieron los resultados, las autoridades del ministerio de Economía decidieron frenarlo. El cálculo que llegaron a hacer en 2013 —que no fue difundido— habría mostrado que había un 25,8% de hogares en situación de pobreza. Es decir, 3.019.563 familias, unas cinco veces más que la medición que el propio Indec daba a conocer oficialmente, según la cual apenas 449.090 hogares del país estaban en esa condición.

En 2015, durante la 39° conferencia de la FAO (el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la alimentación y la agricultura), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó que la pobreza en la Argentina estaba por debajo del 5%. Frente a los cuestionamientos, salió a defenderla quién entonces ocupada el cargo de jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “En la Argentina hay menos pobres que en Alemania”, fue la recordada frase del exministro.

En una entrevista radial también realizada en 2015, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof intentó explicar por qué no se publicaban esos datos. “Cuántos pobres hay es una pregunta bastante complicada. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante”, argumentó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En ese momento, en medio de polémicas, la Argentina se había convertido en el único país de Latinoamérica que había dejado de medir el porcentaje de personas con ingresos menores al nivel necesario para evitar la pobreza.

Kicillof explicó que era “complejo” de hacer converger el índice de precios al consumidor (IPC) que se medía hasta 2013 y el nuevo IPC nacional, que comenzó a regir en 2014 y que arrojaba una cifra menor a la real, según criticaban otros organismos e instituciones que también relevaban precios.

Hasta 2013, los números arrojaban un irreal 4,7% de pobreza. Con el cambio de Gobierno, en 2016, el durante la presidencia de Mauricio Macri se volvieron a divulgar los datos que correspondían al segundo trimestre de ese año: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un 32,2% de los argentinos en núcleos urbanos eran pobres (8,7 millones) y un 6,3% (1,7 millones) vivían en la indigencia.

Manipulación de los datos estadísticos

Se estima que la manipulación de los datos estadísticos comenzó en 2007, con el desplazamiento de Graciela Bevacqua, directora del IPC y la difusión de cifras de inflación por debajo de las estimadas. Esa maniobra se extendió más adelante sobre la mayoría de los indicadores relevantes del Indec entre 2007 y fines del 2015: primero fueron los precios minoristas, luego las estadísticas sociales y también el dato del PBI.

Según una nota publicada en Infobae en enero de 2022, el secretario de Comercio de ese momento, Guillermo Moreno, estaba convencido —y así se lo transmitió al entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández y al presidente Néstor Kirchner— que la mejor manera de anclar las expectativas no era tomar medidas de fondo, sino modificar el resultado del IPC. Desde un principio, el Gobierno negó cualquier irregularidad y afirmó que era “imposible” cambiar los índices.

El secretario de Comercio Interior creía que el IPC se inflaba para favorecer a los tenedores de los bonos ajustados por inflación (CER) y, al promover un cambio en el resultado, terminó destruyendo el único instrumento de ahorro en pesos que había logrado construir el Gobierno después de la explosión de la convertibilidad.

El beneficio financiero teórico de la subestimación del IPC fue el ahorro de USD 600 millones anuales en los bonos ajustables por CER, que fue más que compensado por dos factores: el aumento del riesgo país —que le cerró el acceso al mercado de capitales voluntario y colocó la prima de riesgo por encima del promedio regional— y mayores pagos por la sobreestimación del PBI.

En paralelo, Guillermo Moreno impulsó una serie de causas penales contra los consultores privados que medían la inflación con sus propios índices, incluyendo a Jorge Todesca (quien se convirtió en director del Indec con Mauricio Macri) y a Marco Lavagna (al frente del organismo con el actual Gobierno), entre otros.

El problema de las estadísticas públicas argentinas trascendió las fronteras y se convirtió en otra fuente de tensión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, muy lentamente, comenzó a analizar el desvío de las cifras oficiales y aplicó un voto de censura en su directorio, en un hecho inédito para un país democrático.

Para tratar de suavizar las presiones, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permitió que una serie de misiones del Fondo conversaran con las autoridades del Indec manejado por Guillermo Moreno y generó un ámbito de discusión con las universidades públicas argentinas, que dictaminaron que las estadísticas no eran confiables, una conclusión que no fue tomada en cuenta por el kirchnerismo.

Cuando asumió el Ministerio de Economía en 2013, Axel Kicillof logró desplazar a Moreno pero no solucionó el problema; por el contrario, cuando la distorsión se hizo demasiado evidente, se dejaron de publicar las cifras de pobreza. Curiosamente, antes de asumir ese cargo, Kicillof manejaba un centro de estudios (Cenda) que exhibía cifras diferentes a las del Indec al considerar que éstas no reflejaban la realidad.

Entre 2007 y fines del 2015, el Indec informó una inflación acumulada del 159,5%, mientras que el relevamiento de precios minoristas (RPM) de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, llegó a 489,5%. La brecha se acumuló en las gestiones de Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau —que intentaron cambiar la situación y fracasaron—, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.

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