A 15 años de la intervención del Indec: cómo se decidió la destrucción de las estadísticas oficiales por varios años

El 29 de enero del 2007 una importante funcionaria técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) llegó a su oficina para terminar de elaborar la penúltima estimación del índice de precios al consumidor (IPC) de enero.

La semana previa, varios funcionarios de la línea habían discutido con la interventora del área de precios del organismo, Beatriz Paglieri, que les exigía mostrar el dato más suave posible una vez que terminara el mes. “¡Esto no es lo que está esperando la ministra!”, gritó Paglieri, en referencia al pedido de Felisa Miceli, titular del Palacio de Hacienda desde la renuncia de Roberto Lavagna.

Miceli fue una figura con menos poder que Lavagna, eclipsada, como todos sus sucesores hasta el 2013, por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin embargo, su responsabilidad no fue menor, ya que apenas asumió como ministra le preguntó al director del Indec cómo eran los cálculos del IPC, por lo que las maniobras de manipulación comenzaron a analizarse a fines del 2005.

Ese número preliminar que se trabajó bajo las órdenes de Graciela Bevacqua era del 2,1% para el primer mes del 2007, luego de que la inflación del 2006 ascendiera al 9,8 por ciento.

Esa diferencia de un punto porcentual marcó el inicio de una maniobra que se extendió como una metástasis sobre la mayoría de los indicadores relevantes del Indec entre 2007 y fines del 2015: primero fueron los precios minoristas, luego las estadísticas sociales y también el dato del producto bruto interno (PBI).

Moreno estaba convencido -y así se lo transmitió al entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, y al presidente Néstor Kirchner- que la mejor manera de anclar las expectativas no era tomar medidas de fondo, sino modificar el resultado del IPC. Desde un principio, el Gobierno negó cualquier irregularidad. Fernández afirmó que era “imposible” cambiar los índices.

El secretario de Comercio Interior creía que el IPC se inflaba para favorecer a los tenedores de los bonos ajustados por inflación (CER) y, al promover un cambio en el resultado, terminó destruyendo el único instrumento de ahorro en pesos que había logrado construir el Gobierno después de la explosión de la convertibilidad. El beneficio financiero teórico de la subestimación del IPC fue el ahorro de USD 600 millones anuales en los bonos ajustables por CER, que fue más que compensado por dos factores: el aumento del riesgo país -que le cerró el acceso al mercado de capitales voluntario y colocó la prima de riesgo por encima del promedio regional- y mayores pagos por la sobreestimación del PBI.

Por esta razón, el gobierno kirchnerista volvió a apelar a la deuda en dólares, como la que contrajo a altísimas tasas de interés y en condiciones poco transparentes con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Cuando esta situación fue demasiado evidente, apeló a los fondos administrados por las AFJP y luego a las reservas del Banco Central para pagar la deuda.

En paralelo, Guillermo Moreno impulsó una serie de causas penales contra los consultores privados que medían la inflación con sus propios índices, incluyendo a Jorge Todesca -quien se convirtió en director del Indec con Mauricio Macri- y a Marco Lavagna -al frente del organismo con el actual gobierno-, entre otros.

Se formó entonces un “IPC Congreso”, para brindar una fuente alternativa de información desde el poder legislativo, en respaldo a las consultoras, que contó, entre otros, con la participación de la entonces diputada Victoria Donda, actual titular del Inadi.

Por su parte, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el mandato de Mauricio Macri, construyó su propio índice, que sirvió como referencia para seguir la evolución de los precios, al igual que los IPC de Mendoza y San Luis.

El problema de las estadísticas públicas argentinas trascendió las fronteras y se convirtió en otra fuente de tensión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, muy lentamente, comenzó a analizar el desvío de las cifras oficiales y aplicó un voto de censura en su directorio, en un hecho inédito para un país democrático.

Para tratar de suavizar las presiones, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permitió que una serie de misiones del Fondo conversaran con las autoridades del Indec manejado por Guillermo Moreno y generó un ámbito de discusión con las universidades públicas argentinas, que dictaminaron que las estadísticas no eran confiables, una conclusión que no fue tomada en cuenta por el kirchnerismo. “El descrédito sobre las estadísticas del Indec no se resuelve solamente con cambios metodológicos, sino con medidas que reviertan el contexto institucional generado a partir de 2007″, expresó el consejo integrado por la UBA, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán.

Pero los conflictos internacionales no fueron solo políticos, ya que en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron una serie de juicios por parte de fondos de inversión que se sintieron afectados por la manipulación de los datos de crecimiento, al considerar que se los había privado del derecho de cobrar el cupón ligado al PBI surgido de la renegociación de la deuda del 2005.

En 2013, cuando asumió el Ministerio de Economía, Axel Kicillof logró desplazar a Moreno, pero no solucionó el problema; por el contrario, cuando la distorsión se hizo demasiado evidente, se dejaron de publicar las cifras de pobreza y el ministro dijo que se hacía para no “estigmatizar” a la gente de bajos recursos. “Surgían dos Argentinas: una real y otra moldeada por el poder de turno”, escribieron la gran periodista Lucrecia Bullrich y su colega Francisco Jueguen en el libro “Indec: una destrucción con el sello de los Kirchner”.

Curiosamente, antes de asumir ese cargo, Kicillof manejaba un centro de estudios (Cenda) que exhibía cifras diferentes a las del Indec al considerar que éstas no reflejaban la realidad. “La inocultable falta de confiabilidad del IPC calculado por el Indec ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país”, expresó el Cenda en un documento de trabajo

Entre 2007 y fines del 2015, el Indec informó una inflación acumulada del 159,5%, mientras que el relevamiento de precios minoristas (RPM) de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, llegó a 489,5%. La brecha se acumuló en las gestiones de Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau -que intentaron cambiar la situación y fracasaron-, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.

Con la campaña presidencial de 2015, Graciela Bevacqua y otros técnicos desplazados del Indec se reunieron con los referentes económicos de los principales candidatos: Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, quien contaba con Marco Lavagna entre sus colaboradores.

Aunque Bevacqua iba a ser la directora del organismo técnico con el gobierno de Macri, finalmente se decidió el nombramiento de Jorge Todesca. Luego de varios meses de transición, comenzó un nuevo índice, sin un empalme con las cifras registradas entre 2007 y 2015, por los juicios que podía sufrir el Estado si admitía ante los inversores locales que había mentido con las cifras de inflación y crecimiento.

En paralelo, una causa penal contra Guillermo Moreno y las autoridades de la intervención del Indec se desarrolló en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral sin ningún avance concreto, por lo que todo lo ocurrido quedó en las tinieblas.

Al respecto, el director asociado de Eco Go, Sebastián Menescaldi, dijo que la intervención “fue un gran error de los políticos, porque rompieron el termómetro y no pudimos saber si teníamos fiebre y cuán grave era; era un activo público que le permite a cualquier gobierno poder tener un buen diagnóstico y, eventualmente, hacer correcciones. Fue un tiro en el pie destruir esa confianza que, por suerte, fue restaurada, ya que es un activo que volvimos a tener”.

“Esta maniobra perjudicó sobre todo a los más pobres, que usualmente tienen menos información que la gente de mayores recursos y la podían engañar más”, expresó el economista.

En 2016, con el nuevo gobierno, el Indec recuperó credibilidad en la gestión de Alfonso Prat Gay como ministro de Economía, pero las heridas de tantos años de engaño quedaron selladas a fuego por una maniobra que gozó de la complacencia internacional de organismos como la Cepal y el propio FMI. En el organismo multilateral creían que si presionaban más al kirchnerismo por esta cuestión le darían al gobierno de Cristina Kirchner la excusa perfecta para terminar de romper lanzas con Washington, un razonamiento que, aún sin buscarlo, le dio el manto perfecto de impunidad a este delito sin culpables.

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