Bonos, retenciones y energía: los anuncios de Martín Guzmán y los dólares que el ministro no quería gastar

Con un costo fiscal que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no detalló ayer al anunciar los bonos que podrían alcanzar hasta 12 millones de beneficiarios entre jubilados, trabajadores informales, monotributistas y personal doméstico, la decisión del Gobierno dejó expuestos una vez más al funcionario y también al Presidente, Alberto Fernández. Aquellos fondos que Guzmán se negó a cederle al secretario de Comercio, Roberto Feletti, para que creara el fideicomiso del trigo -aun en vías de implementación- para amortiguar el impacto de la suba internacional de los granos en el precio de la harina, el pan y los fideos, finalmente los terminó destinando a apaciguar los ánimos de la interna con el kirchnerismo duro.

No se brindaron cifras oficiales pero los cálculos son bastante sencillos: el bono a jubilados de $12.000, que complementará el que ya se comenzó a pagar de $6.000 abarca 4,6 millones de jubilados que se sumarían a los 8 millones de beneficiarios de las demás categorías alcanzadas: los monotributistas de menor facturación, los trabajadores informales y también personal de casas particulares. Aún cuando el universo alcanzado finalmente sea menor al de las distintas ediciones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), queda claro que será bastante más amplio que el proyectado en la frustrada aplicación del IFE 4, que se analizó el año pasado en plena campaña electoral con un alcance de no más de 3 millones de beneficiarios pero que finalmente no se implementó.

Así, el Gobierno deberá gastar un mínimo de $144.000 millones si se acota el total de personas que recibirán este nuevo “refuerzo” de ingresos o superará los $210.000 millones si finalmente los bonos llegan al máximo de 12 millones de personas. Algunas fuentes oficiales estiran esa cifra hasta los $240.000 millones. En dólares, esas cifras equivalen a un monto entre USD 1.200 y casi USD 2.000 millones. Se trata de más de la mitad de los ingresos adicionales que el fisco obtendría a través de las retenciones al campo por la suba de las commodities, recursos para los que Guzmán ya tenía un destino estratégico: asumir el fuerte aumento de los costos de la energía. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), calculó en USD 2.400 millones los ingresos extraordinarios para el Tesoro por la cosecha de este año, montó que propuso al ministro de Economía, hace un mes, destinar a un fondo para amortiguar el impacto para los consumidores de la suba del precio de los alimentos. En ese momento, sin embargo, la reacción de Guzmán fue contundente. Esos dólares, dejó claro el funcionario, resultaban imprescindibles para pagar la energía.

Ahora, a pesar de que las peores proyecciones respecto de los precios del gas se cumplieron, el Gobierno encontró un nuevo fin para esos recursos.

En cualquier caso, el propio Guzmán apuntó a despejar dudas respecto de los desequilibrios que se pueden anticipar y también el presidente Fernández hizo alusión al posible financiamiento de estas medidas gracias a que “la recaudación crece”. Por su parte, a horas de subirse al avión para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario y Banco Mundial, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que se cumplieron las metas del primer trimestre comprometidas con el FMI -objetivos sobre los que prácticamente no había dudas que se alcanzaran ya que el entendimiento se firmó hacia fin de marzo- y que el déficit fiscal del período fue de apenas 0,25% del PBI. No profundizó, sin embargo, sobre el impacto que tendrán las medidas anunciadas en el cierre de los próximos trimestres, aun cuando es la propia inflación la que contribuiría a financiar el menú de bonos ya que gracias a eso, tal como explicó el Presidente, la recaudación crece.

De ahí que, sin establecer una relación directa con el fondeo de los anuncios, el mandatario y el ministro aprovecharon el contexto para anticipar la creación de una alícuota excepcional a las empresas con “renta inesperada” durante 2022, la que se precisó alcanzaría sólo a compañías con ganancias por encima de los $1.000 millones, lo que representa apenas 3,2% del total de empresas que operan en la Argentina. Otra vez, no hubo mayores precisiones y cuesta suponer que, si se llegara a aplicar una iniciativa de esas características, tanto el monto como los tiempos calcen en el calendario oficial de necesidades de financiamiento.

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