A quiénes alcanzará el nuevo bono que anuncia Martín Guzmán: montos y plazos de pago

Washington.- El Gobierno anunciaba esta tarde un bono para jubilados, trabajadores informales y monotributistas para “recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables”.

Así lo informaron a Infobae fuentes oficiales, que indicaron que “se otorgarán bonos por única vez a trabajadores informales, monotributistas (en dos cuotas) y personas jubiladas (en una cuota), a aquellos que cobran hasta dos salarios mínimo vital y móvil o jubilación mínima vital y móvil”.

Los trabajadores “informales y monotributistas: $18.000 lo recibirán en 2 cuotas; para quienes perciben hasta 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil - categorías A y B del Monotributo; el Bono para jubilados: $12.000 en 1 cuota, para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas”. En este caso, “complementa el bono anterior otorgado de $6.000 y de esta manera se equipara con el bono que se otorga a las y los trabajadores”.

Cabe recordar que la jubilación mínima se ubica actualmente en $32.630 y el salario mínimo en $38.940.

El anuncio se concretará en una conferencia prensa encabezada por Martín Guzmán, que estára acompañado por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, donde el Gobierno anunciará esta tarde una serie de anuncios de refuerzo de ingresos para trabajadores de bajos recursos.

El anuncio en principio está programado para alrededor de las 18, según dijeron fuentes a Infobae. El universo de destinatarios todavía es difícil de precisar. Lo que es claro es que será mucho más limitado que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyas tres rondas en 2020 alcanzaron cada vez a cerca de 9 millones de personas.

En pasillos oficiales aclaran que la cantidad de beneficiarios será considerablemente menor. Que se busca un ingreso de emergencia para trabajadores de bajos recursos, monotributistas, empleados en negro y hasta personas que perciben el salario mínimo serían el blanco de la iniciativa.

Los anuncios tienen que ver con lo que estuvo trabajando el ministro junto a su equipo durante el fin de semana en Chapadmalal, en la costa bonaerense. “Es para mejorar los ingresos de los trabajadores”, aclararon desde cerca de Guzmán.

Se trata de una medida de emergencia activada por el Poder Ejecutivo tras conocerse el dato de inflación de marzo, de 6,7%, que marcó un récord en los últimos 20 años en términos mensuales. El Gobierno teme que la escalada inflacionaria de los últimos meses se traduzca en un desplome del poder de compra de los salarios.

Para eso, por un lado, juntó a gremios y empresarios para acordar un adelantamiento de las negociaciones paritarias de una veintena de sindicatos claves que marcan el ritmo de los reajustes salariales en el universo laboral registrado. Por otra parte, aceptó anticipar las conversaciones con gremios de empleados públicos para buscar una recomposición de ingresos de ese sector.

Quedaba, como sector más desprotegido, la porción del mercado laboral que trabaja de manera informal. En la Casa Rosada admitían hasta hace pocas semanas que las posibilidades de conseguir un efecto positivo concreto sobre este segmento laboral es muy limitado, incluso con una actualización del salario mínimo.

Por esa razón, el ministro Guzmán adelantó la semana pasada -en su primera reaparición pública tras los trascendidos de cambios en el gabinete que incluían al Ministerio de Economía- que su equipo trabajaba en una medida para recomponer salarios para los sectores más vulnerables, y que eso sería financiado con una modificación tributaria para que el Estado pueda recaudar parte de lo que Guzmán llamó la “renta inesperada” de algunos sectores por el shock de precios internacionales que siguió a la guerra en Ucrania.

El Gobierno blindó los detalles sobre cómo operaría ese cambio impositivo para financiar las nuevas medidas salariales de emergencia, aunque por la naturaleza de esa decisión, el oficialismo descuenta que deberá hacerlo pasar por el Congreso, lo que implicará una parada difícil para el Frente de Todos. No solo por los propios problemas internos de la coalición de gobierno, sino porque la oposición ya se manifestó en contra de la creación o incremento de impuestos.

Este lunes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta mencionó que “ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la ‘renta inesperada’, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar”.

“La Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. El Gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento”, dijo Rodríguez Larreta.

El Poder Ejecutivo no dio pistas sobre qué tipo y tamaño de ganancias considerará como “renta inesperada”. Solo definió como ingresos “extraordinarios”, a aquellos que tuvieron lugar para determinados sectores (agroindustrial, minería o energía) por el salto de precios internacionales como consecuencia del conflicto bélico en el este europeo y que no responden a incrementos en la inversión o en aumentos en la productividad o contratación de personal.

El alcance de las nuevas medidas, se espera, será más limitado al que tuvo durante la primera parte de la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a 8,9 millones de personas.

De ese universo total, según datos oficiales, a unos 2,4 millones el IFE les correspondió solo por el hecho de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). La mayor parte de las personas que cobraron el ingreso de emergencia fueron trabajadores informales o desocupados. Este sector explicó seis de cada diez IFE pagados por Anses. Otro 27% fueron beneficiarios de AUH y AUE, 700.000 son monotributistas, 180.000 empleados de casas particulares y 120.000 titulares del plan Progresar.

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