En medio de las internas en el Gobierno por las tarifas, Alberto Fernández irá a Vaca Muerta y se mostrará con funcionarios enfrentados a Guzmán

El presidente Alberto Fernández visitará esta semana la operación de YPF en la provincia de Neuquén y dará comienzo al proceso de construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que buscará vincular la formación de hidrocarburos Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, en una obra que, aseguran desde el Gobierno nacional, permitirá a la Argentina poder aumentar la producción y capacidad de transporte de energía.

Según informaron fuentes oficiales, el mandatario se hará presente en las instalaciones de YPF en Vaca Muerta el próximo jueves junto con una comitiva de funcionarios. “A 10 años de una decisión estratégica como fue la recuperación de YPF tomada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la construcción del gasoducto es otro hito en el camino de lograr la soberanía energética”, consideraron fuentes oficiales. En rigor, ese día se realizará el comienzo del proceso, es decir el llamado a licitación, mientras que la construcción propiamente dicha se estima que inicie en agosto.

El nuevo gasoducto será construido en dos etapas. La primera conectará la localidad de Tratayen (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), lo que implicará la construcción de unos 558 kilómetros de caño y permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos diarios. La obra tiene un costo aproximado de 1.500 millones de dólares y será financiado con fondos del Tesoro, y del impuesto extraordinario a las grandes fortunas que el Gobierno implementó el año pasado.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe y, se estima, abrirá la posibilidad a llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

La energía es un tema sensible para las cuentas públicas del Gobierno este año. La guerra en Ucrania hizo saltar los valores internacionales de la energía, lo que provocó un encarecimiento de las importaciones que debe realizar el Poder Ejecutivo para cubrir la demanda de los meses más fríos, en un contexto de divisas escasas en el Banco Central. A través de acuerdos bilaterales con Brasil y Bolivia buscará ahorrar parte de los dólares que necesitaría para comprar GNL a través de barcos, aunque el incremento en la cuenta presupuestaria será de todas formas notoria.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dedica un capítulo particular a la reducción de subsidios. El compromiso oficial fue, originalmente, poder recortar subvenciones energéticas en torno del 0,6% del PBI. Pero el nuevo escenario internacional obligó al Gobierno y al FMI a “recalibrar” este tipo de proyecciones, en conversaciones que comenzarán esta semana en Washington y que finalizarán el mes próximo, durante la primera revisión trimestral del programa económico.

El sector energético, además, es un área en que el Gobierno tiene desde su conformación, problemas de fricciones internas, respecto a la dirección que debería tener, por ejemplo, la política tarifaria. La Secretaría de Energía responde, por organigrama, al ministro Martín Guzmán, pero el titular de esa cartera Darío Martínez, tuvo semanas atrás fuertes cuestionamientos a su superior por la ejecución de partidas.

Más abajo, dos funcionarios clave como el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo y el titular de Enargas, Federico Bernal, responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y se manifestaron contrarios al sendero de poda de subsidios y aumento de tarifas que planea Guzmán. Martínez, Basualdo y Bernal, casualmente, serán tres de los funcionarios que estarán presentes en el acto en Vaca Muerta junto con el jefe de Estado.

Tal como publicó Infobae, el sistema actual de gasoductos -tiene entre 40 y 50 años- queda saturado en los meses de invierno. Un cuello de botella que cuesta miles de millones de dólares por año en importaciones: para poder satisfacer el pico de la demanda en los meses más fríos se importa gas de Bolivia o gas natural licuado (GNL) a través de barcos, con altos precios internacionales que se dispararon en los últimos meses.

Según datos aportados a Infobae por funcionarios del área de Energía, la provisión de caños fue licitada el 23 de febrero y el 31 de marzo se presentó una sola oferta por parte Tenaris, la empresa del Grupo Techint que lidera Paolo Rocca, por USD 567 millones. La adjudicación se prevé para el próximo 25 de abril; y la entrega entre agosto de 2022 y enero de 2023.

En cuanto a la obra de construcción del gasoducto, las fechas estimadas son:

- Llamado a licitación: 20 de abril

- Presentación de ofertas: 20 de mayo

- Adjudicación de obras: 15 de junio

- Inicio de obras: agosto de 2022

Las empresas que confirmaron que van a participar de esta licitación son Techint y Sacde, la constructora de Pampa Energía. Según las fuentes, bajo este esquema, y si se logra la entrega el estudio de impacto ambiental el 31 de mayo de 2022, la obra estaría ingresando en servicio el 31 de mayo de 2023.

La obra originalmente había sido convocada originalmente en marzo de 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, que cuatro meses después, en julio, lanzó la licitación, a la que se presentaron cuatro oferentes, incluido uno con la participación de un socio chino. Hubo dos prórrogas a la licitación, una después de las PASO de agosto de aquel año y la disparada del dólar y del riesgo-país, y otra después de la primera vuelta de la elección presidencial que ganó la fórmula Fernández-Fernández.

La actual gestión se tomó más de un año hasta que el 20 de diciembre de 2020 dio de baja aquella licitación y 14 meses más para, el 11 de febrero pasado, emitir el decreto de instrucción a una nueva licitación. Ya licitó los caños, pero aún no la obra civil.

A diferencia del proyecto anterior (que en su etapa inicial exigía a los postulantes aportar USD 200 millones de financiamiento, a completarse con fondos de la Anses, garantías de la OPIC, una agencia de EEUU, y aportes del BID), el actual se financiaría íntegramente con fondos públicos.

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